El legado de actitudes racistas de nuestros parlamentarios más la falta de una ley que penalice el racismo, dan como resultado la institucionalización de esta forma de discriminación en el Congreso. Desde la impunidad de los insultos de Martha Chávez, hasta el reiterativo menosprecio de Martha Hildebrandt, son solo algunos de los más recientes actos racistas ejecutados por legisladores peruanos.
Por José Díaz
Servindi, 7 de setiembre, 2020.- La semana pasada el Congreso de la República volvió a protagonizar un acto deliberado de racismo cuando la congresista fujimorista Martha Chávez, cuestionó el nombramiento del expremier Vicente Zeballos como el nuevo representante peruano ante la Organizaciones de Estados Americanos (OEA).
Como se difundió ampliamente, la parlamentaria fujimorista insultó a Zeballos refiriéndose a sus rasgos físicos andinos y señalando que por los mismos debía ser designado como Embajador de Bolivia. Aunque Martha Chávez se ha retractado de sus palabras, sin ofrecer unas disculpas, la Comisión de Ética del Congreso aún no ha tomado en consideración este caso.
El caso trae al debate político un tema que cíclicamente reaparece en escena: el racismo en la política. Aunque han existido varios proyectos de ley, incluso uno se encuentra en el actual parlamento, aunque pendiente de opinión técnico, que buscan penalizar la comisión de actos de racismo en la vida pública, ninguna ha prosperado hasta la promulgación.
Entre las explicaciones que podemos encontrar para esta inoperatividad del Congreso y la falta de interés político para emitir una ley que penalice los actos racistas, se encuentra el propio legado racista en el parlamento peruano.
Una historia de racismo
Uno de los casos más emblemáticos que demuestra la institucionalización del racismo en el Congreso de la República, es la juramentación de la congresista quechua-aymara María Sumire, quien en 2006 llegó al congreso para representar a la región de Cusco con el Partido Nacionalista Peruano.
El día de su juramentación como parlamentaria, frente a la mesa directa liderada por los congresista Carlos Torres Caro, Luciana León y Martha Hildebrandt, María Sumire juramentó en quechua cusqueño, por lo que fue obligada a retirar la juramentación y exhortada a hacerlo en español, a pesar de que el quechua es reconocida como una lengua oficial para el Estado peruano.
Sin embargo, María Sumire se negó a hacerlo y tras repetir la juramentación en quechua abandonó el estrado principal del hemiciclo parlamentario, por lo que incluso algunos congresistas sugirieron que su juramentación había sido irregular. Aunque lo peor vino después, cuando reacción a ella la congresista Martha Hildebrandt, insultándole por su procedencia étnica frente a la prensa.
Otra congresista indígena que sufrió actos de racismo fue Hilaria Supa Huamán, también exrepresentante cusqueña por el Partido Nacionalista para el periodo 2006-2011 y posteriormente Parlamentaria Andina para los periodos 2011-2016. A ella en 2009, el diario Correo la atacó por tener faltas gramaticales al escribir en castellano, omitiendo que el quechua era su lengua original.
Como era de esperarse, la congresista Martha Hildebrandt, volvió a aparecer en la foto en este caso para respaldar la publicación insultante de dicho diario y apuntar a la congresista quechuahablante por no dominar apropiadamente el castellaño.
En 2014, Hilaria Supa volvería a ser víctima de ataques raciales cuando lideró una pequeña campaña mediática para buscar la eliminación del programa cómico La Paisana Jacinta, del canal Latina, un show que denigraba y estigmatizaba la imagen de las mujeres andinas. Como reacción a este pedido, Hilaria Supa fue atacada con insultos racistas en las redes sociales, sin que algunos de sus agresores fuera sancionado.
El racismo en el Congreso parece gozar de un legado de impunidad que, de no aprobarse una ley que sancione penal o civilmente estos actos, aparentemente seguirá ocurriendo. Esta institucionalización del racismo proyectada por Martha Chávez y Martha Hildebrandt retrata el retraso legislativo de un parlamento.
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— Servindi (@Servindi) September 6, 2020
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