Cañón del río Marañón / Foto: Benjamin Webb
La construcción de 20 centrales hidroeléctricas en el río Marañón amenaza con inundar territorios y acabar con la vida agrícola de las poblaciones aledañas. Si se llegaran a construir solo 5 de ellas, se podría generar una pérdida de 4,900 millones de soles en 30 años. Este es el primero de una serie de reportajes denominada: “Los megaproyectos con mayor impacto en la Amazonía”, un trabajo de Servindi que recopila los grandes proyectos de infraestructura amenazan la Amazonía del Perú. Si bien algunos están paralizados otros siguen en curso.
Servindi, 7 de septiembre, 2020.- El 27 de abril de 2011, mediante el Decreto Supremo N° 020-2011-EM, el gobierno de Alan García declaró de interés nacional y social la construcción de 20 centrales hidroeléctricas ubicadas en la cuenca del río Marañón.
El proyecto, dijo, buscaba responder a la demanda energética del país en los siguientes 40 años y, según los estudios realizados, promovería una inversión de hasta 15,000 millones de dólares.
Lo que no dijo el expresidente García, que estaba a tres meses de dejar el cargo, era que dicho proyecto traería consigo graves impactos sociales y ambientales.
En agosto del 2015, un informe del portal de investigación OjoPúblico advirtió que la construcción de Chadín II, una de las veinte hidroeléctricas que estaba a cargo de una subsidiaria de Odebrecht, inundaría 32 kilómetros cuadrados afectando a la población de seis distritos de Amazonas y Cajamarca.
El Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto había recibido 161 observaciones de parte del Ministerio de Energía y Minas en 2013, no detallaba un presupuesto para los impactos ambientales, establecía un porcentaje menor a lo recomendado en planes ambientales y no contemplaba un presupuesto para la reubicación y adaptación de los desplazados.
En el 2011, durante el gobierno de Alan García, se priorizó la construcción de 20 centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón / Mapa: Tania Galván
Pérdidas económicas y daños ambientales
Ya en febrero de 2017, un estudio publicado por el equipo científico de Conservación Estratégica (CSF por sus siglas en inglés), halló más afectaciones posibles al analizar el caso de cinco hidroeléctricas: Chadín II, Veracruz, Río Grande, Rentema y Manseriche.
El estudio concluyó que la construcción de las represas provocaría el cambio del curso natural del río Marañón y la posterior inundación de áreas agrícolas, lo que iba a generar el mayor costo económico de esta serie de proyectos: 4,900 millones de soles perdidos en 30 años.
A ello se sumaban la emisión de gases de efecto invernadero al destruirse los bosques que los almacenaban, el impacto en las rutas migratorias de peces, y el cambio en los patrones de transporte y deposición de sedimentos que se usan como fertilizante natural del suelo que luego será usado por la población para sus cultivos.
Para ese año 2017, era muy evidentemente que en la planificación de estos proyectos no se había considerado los impactos que se originaría en las poblaciones aledañas.
«Al norte del Perú encontramos a las poblaciones awajún y wampís, así como pobladores amazónicos que no son indígenas. Todos dependen del cultivo de productos en el bosque amazónico como la yuca, el arroz, el maíz, y no olvidemos la pesca que se vería afectada porque las represas cambian el curso de los ríos», le dijo aquel año Annie Escobedo, analista de CSF al portal Mongabay Latam.
Proyectos paralizados
La peligrosidad de dos de las represas con mayor impacto (Chadín II y Veracruz) en el río Marañón está suspendida por el momento.
Un informe de mayo de 2020 publicado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) asegura que “ambas centrales hidroeléctricas no se encuentran habilitadas legalmente para ejecutar obras de construcción y el consecuente inicio de actividades”.
Asimismo, señalan que ninguna de las empresas a cargo viene promoviendo el desarrollo de dichos proyectos, entre otras razones, por el rechazo de la población local.
A ello se añaden los problemas de corrupción relacionados a Odebrecht que está a cargo de Chadín II; y el giro de la empresa Enel, responsable del proyecto Veracruz, de apostar por un “crecimiento verde” alejado de centrales hidroeléctricas capaces de generar impactos sociales y ambientales a su paso.
“El contexto actual difiere del que llevó al Gobierno peruano a firmar los contratos de concesión para el desarrollo de centrales hidroeléctricas en el río Marañón hace 8 años”, concluye el informe de la SPDA, que sugiere también la elaboración de una política clara respecto al desarrollo de grandes represas, “especialmente en cuencas como la del Marañón”.
Construcción de hidroeléctricas Chadín II y Veracruz está suspendida por el momento / Foto: Andina
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