CIDH preocupada por deterioro de la democracia

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por la interferencia del Congreso en el funcionamiento de otros poderes públicos.

Servindi, 7 de junio, 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la información recibida sobre acciones que constituyen intromisión de orden político por parte del Congreso de la República de Perú.

La intromisión es contra órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción, con impacto en el cumplimiento de sus mandatos.

Asimismo, comunicó su alarma por información sobre sucesivas afectaciones “al sistema de pesos y contrapesos que pueden resultar en el debilitamiento del Estado de derecho en Perú”. 

Recalca que garantizar la democracia implica “asegurar la vigencia de un modelo de pesos y contrapesos”. Esta observación se efectúa en un contexto de deterioro de la democracia en Perú en los últimos años.

Mediante un comunicado observa que el uso de las facultades de control del Congreso de la República en la forma en que han venido siendo ejercidas “tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico”.

Recuerda que las distintas funciones estatales deben corresponder a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí, con el fin de establecer los límites necesarios para el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, evitar la arbitrariedad.

Además, el Estado debe velar para que las autoridades ejerzan sus funciones con estricto apego a la legalidad y al interés público.

En contextos de elevada corrupción e impunidad, los Estados deben reafirmar su compromiso con el combate a esos flagelos mediante el fortalecimiento del sistema de justicia.

Afectaciones a la independencia del Poder Judicial

En particular, preocupan a la CIDH todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción.

Los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso, tales como denuncias constitucionales, han llevado a la inhabilitación de personas a cargo de casos de corrupción cuya labor, con frecuencia, involucra a congresistas y personas con liderazgo político.

A ello se suman, por lo menos, dos iniciativas de reforma constitucional en curso en el Congreso, una dirigida a la sustitución de la JNJ por una escuela nacional de la magistratura; y, la otra, a la reorganización de la JNJ y el Ministerio Público.

Tales reformas resultarían en la destitución de las personas titulares de los mandatos de dichas instituciones, advierte la Comisión Interamericana.

La CIDH destaca el procedimiento contra la Fiscal Delia Espinoza. Asimismo, al menos 14 procedimientos adelantados contra la JNJ que condujeron a la inhabilitación de dos de sus integrantes.

Estos cambios ocurren en un escenario en donde se ha señalado la existencia de violaciones al principio de legalidad y separación de poderes.

Independencia del sistema electoral en riesgo

El comunicado de la CIDH indica notar acciones ejercidas en contra del sistema electoral, las cuales afectan su independencia.

Por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha enfrentado al menos 10 denuncias ante el pleno del Congreso.

“En el trámite de los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso han sido reiterados los señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación” indica la CIDH.

El Estado indicó que la mayoría de los procedimientos de inhabilitación iniciados por el Congreso han resultado en archivo; mientras que las personas que han sido efectivamente inhabilitadas pueden acudir al Poder Judicial o Tribunal Constitucional con garantías del debido proceso.

El Estado declaró que la “correcta actuación” de los órganos públicos está garantizada por mecanismos de control y balance.

Asimismo, afirmó su compromiso con el respeto de los derechos humanos y la democracia, incluyendo el respeto a la separación de poderes y la autonomía de las instituciones.

Estado peruano debe demostrar compromiso con la Carta Democrática

La Comisión Interamericana apunta que el ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado.

En este contexto, es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente.

Por tal motivo, la Comisión urge al Estado peruano a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Para ello, debe adoptar medidas urgentes para fortalecer el Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia.

Sumado a lo anterior, el Congreso de la República debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales.

Dato:

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Escucha nuestro podcast


AÑADE UN COMENTARIO
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.