Servindi, 7 de abril, 2016.- Una auditoría realizada a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) concluyó que 223 millones 065 mil pesos (US$ 12 millones y medio) del presupuesto para la Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas "no se vincula con las actividades del programa".
Así lo dio a conocer un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que hizo seguimiento a lo desembolsado por la CDI en el 2014.
El informe sostiene además que la Comisión no acreditó la comprobación que sustente el gasto de la cantidad señalada, la cual formó parte del presupuesto total del plan, de mil 176 millones 500 mil pesos (cerca de 66 millones de dólares).
El presupuesto
Mientras el 44 por ciento del total de presupuesto tenía como destino el pago de empleados (522 millones 258 mil pesos), el resto se distribuyó principalmente entre el programa ‘Servicios Generales’, 299 millones 260 mil pesos, y el capítulo de ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas’, 293 millones 133 mil pesos.
El dinero sobre el cual se tejen dudas formaba parte de esta última partida. La diferencia, 70 millones de pesos, fueron invertidos en subsidios para “apoyar la movilidad de los participantes de talleres, foros u otras actividades”, recuerda el sitio web Animal Político, que dio a conocer el contenido del informe.
¿Qué acciones involucraban los 223 millones? Según advierte el sitio web, ese dinero debía servir a fomentar el desarrollo de la población indígena mexicana, que según cálculos oficiales son alrededor de 15 millones.
El gasto en el caso de Guerrero
De acuerdo al informe de la ASF, la delegación del estado de Guerrero fue la que ejecutó el mayor gasto, cerca de 60 millones de pesos (más de US$ 3 millones 300 mil). No obstante, explica el informe, "no se identificaron reuniones con los pueblos indígenas de la región (...), tampoco que (la Comisión) coordinara la acción pública para atender sus necesidades".
El documento agrega que tampoco se definieron "criterios de atención prioritaria" para atender dichas necesidades, "aun cuando se ejercieron recursos destinados a ese fin."
Reuniones sin acuerdos
De otro lado, el órgano fiscalizador sostiene que la CDI realizó 135 reuniones en 2014, que involucran a los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, para detectar las necesidades de la población indígena pero que al final de cada una no se puso por escrito ningún acuerdo al respecto.
En cuanto a la capacitación de 232 servidores públicos internos, el informe señala que "la comisión no acreditó que las acciones de capacitación programadas y efectuadas se orientaron a desarrollar sus capacidades para mejorar la atención de las necesidades y garantizar los derechos de los pueblos indígenas", como estaba establecido.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el 2014 el 79.4 por ciento de la población indígena presentó carencia por acceso a la seguridad social y el 61 por ciento por acceso a los servicios básicos en la vivienda, por citar dos indicadores.
Ante lo hallado, la ASF presentó una serie de observaciones a la CDI como, por ejemplo, que disponga de información de la participación de la población indígena en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo para la atención de sus necesidades.
Puede leer el informe completo (de 18 páginas) haciendo clic en el siguiente enlace:
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas - Auditoría de Desempeño
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