En el Día Internacional de la Mujer, repasamos las vulneraciones a los derechos que sufren las mujeres indígenas y que exponen la necesidad de implementar políticas públicas a su favor.
Servindi, 8 de marzo, 2022.- Si ser mujer ya es difícil en Perú por las violaciones a los derechos humanos que sufren constantemente, ser mujer e indígena lo es aún más porque, en su caso, estas vulneraciones son mayores.
Así lo reveló un informe de la Defensoría del Pueblo que expuso con cifras la vulneración de estas mujeres frente al embarazo precoz, la violencia y el acceso a servicios básicos, entre otros problemas.
Aunque el documento fue publicado en 2019, a la fecha muchas de las afectaciones persisten, lo que evidencia la necesidad de implementar políticas públicas para revertir esta situación.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, hacemos un repaso por estas vulneraciones, recordando que el problema va más allá de reconocerlas por un día.
Cifras reveladoras
El informe defensorial se tituló “Situación de los Derechos de las Mujeres Indígenas en el Perú” y reveló que estas sufren mayores violaciones a sus derechos que las mujeres no indígenas.
Por ejemplo, expuso que de los 3 millones de niñas, adolescentes y mujeres que se autoidentifican como indígenas en Perú, medio millón no sabía leer ni escribir al 2017.
También reveló que más del 60 % de comunidades nativas y campesinas no contaba con un establecimiento de salud en su territorio, lo cual afecta su derecho de acceso a la salud.
Esto es especialmente preocupante si se considera que este servicio resulta esencial ante el incremento del 9 % en 10 años de la tasa de incidencia de maternidad precoz en niñas indígenas.
Otro factor que demostró que la brecha de desigualdad es mayor en esta población es que más de un millón y medio de mujeres indígenas (1’ 674.714) no registraba ingresos propios.
Como esta cifra representa al 73 % de mujeres indígenas en Perú, significa que seis de cada diez mujeres indígenas no tienen ingresos propios, es decir, dependen del dinero de sus pares masculinos.
Medio millón de las más de 3 millones de mujeres indígenas que existen en el Perú no sabían leer ni escribir al 2017. Foto: Andina
Víctimas de violencia
Pero quizás el problema que más alarma por afectar directamente la integridad de la mujer es la violencia que sufren y que se agrava por ser, en este caso, mujeres indígenas.
Según el informe de la Defensoría, más de la mitad de la población femenina indígena sufrió alguna vez violencia familiar y casi 7 de cada 100 mujeres (6.8 %) sufrió violencia sexual.
La situación es particularmente grave en el caso de mujeres quechuahablantes, donde el 74.7 % son víctimas de violencia por parte de su esposo o compañero, señaló el informe.
En 2021, el mismo organismo reveló en otro informe que la persistencia de la violencia contra las mujeres pasa por la falta de articulación de las normas y políticas dirigidas a erradicar este problema.
Es decir, si bien reconoció la existencia de diversos instrumentos para abordar la problemática, halló que cada uno marcha por distintos rumbos, con distintas metodologías, indicadores y metas específicas.
Peor aún, encontraron que la variedad de instrumentos no considera el seguimiento de todas ni de las mismas instituciones involucradas en el problema como para tener una respuesta integral.
Tal situación genera múltiples decisiones normativas y de política pública, pero la falta de articulación en su formulación e implementación podría afectar su eficiencia y efectividad, advirtió el informe.
En Perú, más de la mitad de la población femenina indígena sufrió alguna vez violencia familiar.
Escasa representación
Otro campo de vulneración que abordó el primer informe defensorial sobre los derechos de las mujeres indígenas violentados es su escasa participación de en puestos de liderazgo.
Por ejemplo, reveló que 149 mujeres indígenas participaron en la etapa de diálogo de 32 procesos de consulta previa, mientras que 496 hombres lo hicieron durante esa etapa.
Asimismo, encontró que en los últimos cuatro procesos electorales y regionales, solo pocas alcanzaron un cargo, pese a que las candidaturas de mujeres indígenas se quintuplicaron.
Para citar un caso, para el año 2018, 35 mujeres indígenas fueron electas, frente a los 190 hombres nativos que lograron ser elegidos en un puesto de representación estatal.
Pero el problema no solo es en la esfera pública, sino que parte desde las mismas comunidades que, censadas en el año 2017, eran un total de 4,276 comunidades campesinas.
Rocilda Nunta marcó un importante precedente en la llegada de mujeres indígenas a altos cargos del Estado. El trabajo ahora hacer que estos logros sean más comunes. Foto: La República.
Esto, debido a que para el 2019, solo el 5 % (224) de las comunidades eran presididas por mujeres indígenas; y de 2,703 comunidades nativas, solo el 4 % (102) tenía como presidenta a una mujer.
En los últimos años, se han marcado precedentes positivos e históricos en esta línea.
Esta, por ejemplo, la designación de la shipiba Rocilda Nunta como Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, en 2021, la primera mujer indígena en ocupar este cargo.
Así como la elección de la shipiba Graciela Reátegui como presidenta de la histórica federación indígena Feconau (Ucayali); y de Tali Sabio, como apu de una comunidad awajún, en Amazonas.
Sin embargo, hacen falta más esfuerzos para lograr convertir estas situaciones en casos cotidianos y no en extraordinarios; así como enfrentar todas las demás vulneraciones relatadas.
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