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Policía dice no tener convenios con mineras "en la actualidad"

Servindi, 7 de diciembre, 2016.- Las empresas Minera Yanacocha S.R.L (Cajamarca); Compañía Minera Antapacay S.A.  (Cusco); Pluspetrol Norte S.A y Pluspetrol Perú Corporation S.A (Loreto); y Southern Perú Cooper Corporation (Arequipa) confirmaron no mantener "en la actualidad" convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP).

La escueta respuesta deja la interrogante sobre si dichos convenios ya caducaron o fueron recientemente anulados ante la solicitud de información.

La respuesta de la PNP se efectuó tras el pedido de información pública solicitada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), para conocer la situación de las mencionadas empresas y su relación con la policía.

El documento dirigido al Ministerio del Interior con fecha 4 de noviembre del presente expresaba la necesidad de conocer lo siguiente:

“Los convenios vigentes de prestación de servicio policial suscritos entre la Policía Nacional del Perú con las siguientes empresas que realizan actividades extractivas: Minera Yanacocha S.R.L (Cajamarca), Compañía Minera Antapacay S.A (Cusco), Pluspetrol Norte S.A y Pluspetrol Perú Corporation S.A  (Loreto) y Southern Perú Cooper Cosporation (Arequipa)”. 

Sin embargo, cabe destacar que esta solicitud es una reiteración, ya que el pedido de información data de agosto de 2015, conociéndose una respuesta recién el 22 de noviembre último.

Como se recuerda, la necesidad de transparentar y evidenciar la situación entre las empresas que realizan actividades extractivas y la prestación de servicios de seguridad privada de la PNP se hizo más urgente tras el último enfrentamiento ocurrido en Apurimac.

Dicho altercado entre pobladores y la policía, por el proyecto minero Las Bambas, dejó como grave saldo la muerte de un comunero en octubre último.

No obstante, anterior a ello ya se había advertido de la existencia de estos convenios, a través de una denuncia hecha por la organización civil Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco.

Cabe destacar que dicho organismo tuvo que obtener esta información luego de dos años de proceso  judicial a través de un habeas data. La sentencia judicial ordenó a la Región Policial del Cusco la entrega de estos convenios.

¿Buena noticia?

Si bien la PNP contestó que actualmente no tiene convenios vigentes con las empresas extractivas en mención, ello aún mantiene abiertas diversas interrogantes. Por ejemplo, si dichos convenios simplemente ya caducaron o se anularon.

Igualmente, nos plantea la interrogante de cuál será el panorama futuro de estos convenios ¿Seguirán permitiéndose, pese a resultados como la muerte de Quintino Cereceda Huiza? Y si no, ¿pueden surgir otras figuras que permitan estos acuerdos desde la clandestinidad o informalidad?  

Finalmente, ¿Se dará a conocer abiertamente a la opinión pública los acuerdos que componen estos convenios y no solo la confirmación de su existencia?

Recordemos también que estos episodios llevaron a que se propongan medidas legislativas que prohíban los convenios entre la policía y las empresas.

 

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¿Puede una institución pública, al servicio de toda la población, al cual todos contribuimos a su sostenimiento, dar o haber dado, servicios particulares, a entidades privadas, desarrollados en base a convenios, firmados a puertas cerradas?

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