Fuentes policiales de Piura vienen distribuyendo información que los presenta como una "banda de invasión de terrenos", según la CNDDHH.
Servindi, 6 de octubre, 2023.- Además de sufrir el despojo de sus territorios ancestrales y la criminalización de empresas del Sodalicio, los comuneros de Catacaos (Piura) son ahora víctimas de difamación.
Así lo denuncia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que alerta que fuentes policiales de Piura vienen distribuyendo información falsa a los medios de comunicación presentándolos como una “banda de invasión de terrenos”.
La coalición de organizaciones de derechos humanos advierte que “todas las denuncias [contra los comuneros] fueron archivadas” y llama a los medios de comunicación a “no dejarse sorprender".
Además, recuerdan que las y los comuneros de Catacaos son personas defensoras de derechos humanos, reconocidas por el Ministerio de Justicia (RD: N° 001-2021-JUS/DGH).
“¿Esa Policía [que difama a los comuneros] para quien trabaja?”, se cuestiona la CNDDHH en un pronunciamiento emitido este 6 de octubre.
Cabe indicar que los actos de difamación se registran luego de que comuneros de Catacaos exigieran el cierre del Sodalicio de Vida Cristiana ante una misión especial enviada desde el Vaticano.
Esta misión llegó al Perú a mediados de julio para investigar también las denuncias de abusos sexuales en lo que se encuentra involucrada la organización religiosa del fundador Luis Figari.
Persecución a periodista
Los comuneros de Catacaos no son los únicos que, tras atreverse a denunciar los negocios turbios del Sodalicio de Vida Cristiana, sufren persecución.
El periodista Daniel Yovera que en 2016 realizó una investigación revelando el vínculo entre el Sodalicio y el tráfico de terrenos en Piura también viene siendo criminalizado por su labor.
Daniel Yovera, periodista perseguido por revelar los nexos del Sodalicio con el tráfico de tierras en Piura.
Recientemente, un empresario vinculado al Sodalicio exigió ante el Poder Judicial que el periodista le pagué una reparación civil de 1.5 millones de soles por reparación ante una supuesta difamación.
El pedido ha sido rechazado rotundamente por gremios periodísticos de Perú y a nivel internacional pues se da luego de que el mismo querellante reconociera en una audiencia judicial que Yovera no dijo nada en su contra.
“La Asociación Nacional de Periodistas considera que, si el presunto afectado señaló que nunca fue ofendido, se debe absolver al periodista y no someter al pago de ninguna indemnización”, señalaron.
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