Imagen referencial. Tierra Indígena Yanomami. Foto: Agencia Brasil
Gobierno brasileño se compromete a buscar justicia e identificar a los culpables de lo ocurrido para llevarlos ante la justicia
Servindi, 6 de julio, 2023.- Un ataque armado en una aldea indígena Yanomami en Brasil dejó como saldo trágico a un niño fallecido y cinco adultos heridos, según informó el Ministerio de los Pueblos Indígenas.
Los hechos tuvieron lugar en la noche del lunes 3 de julio en Parima, una aldea yanomami ubicada en el estado de Roraima, en la región fronteriza con Venezuela.
El Gobierno expresó su pesar y aseguró, en un comunicado, haber avanzado medidas para identificar a los responsables. Aunque no detalló sobre la identidad de los culpables ni si ya fueron detenidos.
Las autoridades informaron que los heridos recibieron atención médica inmediata en el lugar y posteriormente fueron trasladados a otras ciudades de la región mediante aeronaves de la Marina y del Ejército.
Además, el Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de expulsar a los mineros ilegales de la región y ha anunciado que trabaja en la planificación y ejecución de operaciones para lograrlo.
También se ha mencionado la intención de reestructurar las políticas orientadas a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas
La tierra indígena Yanomami, que abarca una extensión de casi 10 millones de hectáreas en la frontera con Venezuela, ha sido una de las áreas más afectadas por la minería ilegal.
Durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, la actividad minera ilegal se multiplicó en esta región, a pesar de las preocupaciones ambientales y de los derechos indígenas.
En respuesta a esta situación, en enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró el estado de emergencia sanitaria en la región, debido al aumento de los casos mortales de malaria y desnutrición entre los indígenas.
Movilizó a las fuerzas de seguridad para expulsar a los aproximadamente 20.000 mineros ilegales que, según estimaciones del Gobierno, operaban en la zona.
Hace dos semanas, el Ejecutivo anunció la declaración de la zona como "libre de minería ilegal", después de casi seis meses de operaciones y ante una drástica reducción del número de alertas.
Este trágico ataque alerta la necesidad de buscar justicia para las comunidades indígenas afectadas y de tomar medidas más contundentes para combatir la minería ilegal en la región, en aras de la protección de sus derechos.
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