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Castillo debe darle más prioridad a la protección del ambiente

Así lo recomienda un detallado estudio coordinado por InSight Crime que expone las raíces de los delitos ambientales que están arrasando con la Amazonía peruana.

Servindi, 6 de junio, 2022.- La administración de Pedro Castillo debe darle más prioridad a la protección del ambiente siendo Perú un país cuya Amazonía está siendo arrasada por una serie de delitos ambientales.

Así lo recomienda un estudio coordinado por InSight Crime que expone las raíces de dichos de ilícitos, empezando por la deforestación y sus alarmantes impactos en los últimos años.

El informe publicado recientemente también ahonda en los responsables y la cadena de operatividad que siguen otros delitos ambientales, como la minería ilegal y el tráfico de fauna silvestre.
 

Portada del estudio elaborado por InSight Crime junto al Instituto Igarapé. Foto:  Instituto Igarapé

Descarga el informa completo en el siguiente enlace: 

Amazonía deforestada

En 2020, Perú alcanzó los más altos niveles de deforestación en la historia del país, con un total de 203. 272 hectáreas arrasadas, casi 40 % más que en 2019, indica el estudio.

Las cifras ubican a Perú en el quinto lugar con la mayor tasa de deforestación del mundo y el tercero mayor en la Amazonía, detrás de Brasil y Bolivia.

Las zonas más afectadas por la deforestación se encuentran en la cuenca del Amazonas y se concentran en las comunidades indígenas de diversas regiones, sobre todo amazónicas.

Entre ellas, en los departamentos de Ucayali, Pasco, Junín y Huánuco, en el centro del país; en Loreto, al norte; y en Madre de Dios, al sur del Perú.
 

Las principales actividades que funcionan como motores de la deforestación son la ganadería y actividades agrícolas, que por lo general se apoyan en el tráfico de tierras.

Dichos traficantes aprovechan los vacíos jurídicos o reciben la ayuda de funcionarios públicos para comprar y vender extensiones de tierras que, en su mayoría, pertenecen históricamente a las comunidades indígenas.

Otros motores de la deforestación son el narcotráfico, por los bosques que se talan o queman para abrir terrenos que luego se utilizan para los sembríos de coca o pistas de aterrizaje.

Además del tráfico de madera ilegal, que también es responsable de la pérdida de biodiversidad, degradación de los bosques y violencia contra líderes indígenas y defensores en la Amazonía peruana.

Entre los actores que impulsan la deforestación figuran las grandes empresas, que satisfacen, por ejemplo, la demanda de palma de aceite, cacao y madera a nivel internacional.

Así como las redes criminales corporativas, que financian y coordinan delitos ambientales; y la mano de obra barata, que son los peones que talan o queman árboles, plantan coca o transportan madera.
 

Minería ilegal

Según el informe, se estima que el 28 % del oro peruano se extrae ilegalmente, lo que significa que se obtiene en territorios donde la actividad está prohibida o con equipos o maquinaria no autorizados.

La fiebre del oro ilegal en Perú ha dejado una profunda huella ambiental y se ha convertido en uno de los principales causantes de la deforestación en la Amazonía peruana.

Un ejemplo está en Madre de Dios, donde la minería fue responsable de la deforestación de 64.000 hectáreas de bosque entre 2009 y 2017, según una investigación del Centro Amazónico de Innovación Científica (CINCIA).
 

 

La destrucción de la Amazonía está ligada al proceso de la minería. Ese proceso comienza con los mineros que extraen una mezcla fangosa de limo y piedras en los ríos utilizando dragas.

Estas dragas contienen bombas de succión y erosionan las laderas de las montañas, los bosques y los ríos.

Pero la contaminación no acaba ahí, ya que, para separar las diminutas partículas de oro de los sedimentos, utilizan mercurio, cuyo uso desenfrenado es destructivo para el ambiente y la población.

En cuanto a los responsables, hay muchas similitudes con el tráfico de madera, ya que ambas industrias son fomentadas por grandes empresas y dependen de redes criminales corporativas y mano de obra barata.

Tráfico de vida silvestre

Perú es uno de los diez países con mayor biodiversidad del mundo, segundo en cuanto a tipos de aves y se ubica entre los cinco primeros a nivel mundial en anfibios, mamíferos y plantas.

Esto ha llevado a que el país sea un semillero para el tráfico de vida silvestre, parte de la cual es cazada furtivamente para el comercio de mascotas, apunta el informe de InSight Crime.

También es cazada para ser consumida como carne de animales silvestres, sacrificada para remedios tradicionales y rituales religiosos o utilizadas en investigaciones científicas o para atraer turistas.
 

Entre las especies más traficadas en Perú se encuentran la rana del Titicaca, el perico ala amarilla, la tortuga Taricaya, así como el ave botón de oro y la tortuga motelo.

El tráfico de vida silvestre en la Amazonía peruana ocurre en tres etapas: extracción, transporte y comercialización.

Algunos de los animales son escondidos durante estos trayectos; otros, que hacen parte de un comercio establecido, son lavados en la cadena de suministro, como ocurre con la madera y el oro.

Corrupción y resiliencia estatal

Desde el desarrollo agrícola sin ningún control hasta el tráfico de vida silvestre, la corrupción engrasa los ejes de todos los delitos ambientales en la Amazonía peruana, concluye el informe.

Burócratas, fuerzas de seguridad, fiscales, reguladores y políticos regionales actúan como facilitadores para permitir el tráfico de tierras, la deforestación y la extracción ilegal, y el transporte, el procesamiento o la venta de madera, oro y fauna.

Si bien hay algunos esfuerzos para generar resiliencia, lo que incluye la aprobación de nuevos marcos legislativos y otros signos de voluntad política para abordar el problema, todavía queda un largo camino por recorrer.

La confluencia de la presencia de actores corruptos que se benefician de los delitos ambientales y la crisis política que ha enfrentado Perú en los últimos años ha dejado como resultado una falta de capacidad y recursos para combatir los delitos ambientales.

Además, el gobierno peruano continúa priorizando el desarrollo económico sobre la protección de la selva amazónica, algo en lo que debe remediar el actual gobierno, consideran.

“Es preocupante la trayectoria que lleva la degradación ambiental en Perú. La biodiversidad del país está en juego. La complejidad del problema exige cambios profundos para que se logre una transformación tangible”, señala el informe.

Añaden que no hay una sola forma de abordar la deforestación y las fuerzas que la impulsan en la Amazonía peruana, sino se requiere una confluencia de actores estatales, privados e internacionales que trabajen en coordinación.

 

 

 

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