Foto: Servindi
Servindi, 6 de abril, 2016.- El Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 30230 conocida como la ley del “paquetazo ambiental” o del “paquete reactivador”.
La norma fue aprobada por el Congreso en julio de 2014 fue fuertemente cuestionada por promover una serie de medidas para agilizar las inversiones, afectando derechos fundamentales como el derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado, y el derecho al territorio de las comunidades rurales e indígenas.
La Ley Nº 30230 reduce facultades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en relación a sancionar las infracciones ambientales, y al Ministerio del Ambiente (MINAM) en cuanto a crear zonas reservadas y protegidas.
Además,establece una política agresiva de saneamiento legal en los territorios aledaños a los proyectos de inversión, sin considerar los derechos y usos ancestrales de las comunidades que allí habitan.
La admisión de la Demanda de Inconstitucionalidad es fruto del trabajo conjunto de las organizaciones indígenas nacionales, lideradas por el Pacto de Unidad y la AIDESEP, y de las organizaciones civiles que participan en el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Un nota informativa de la Coordinadora Nacional destaca que el Tribunal Constitucional también admitió un pedido adicional para que el Tribunal Constitucional emita una sentencia interpretativa que reitere las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prohibición de reconocimiento de derechos, en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.
Habiéndose admitido la demanda, el Congreso de la República será notificado para que emita sus descargos y así queda pendiente la sentencia de fondo que emita el Tribunal.
Cabe destacar que la demanda fue interpuesta con el respaldo de las firmas de cinco mil ciudadanos y ciudadanas, contra los artículos 36, 38 al 40, 42 al 51 y la Tercera disposición Complementaria de la Ley Nº 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”.
A continuación el comunicado de la CNDDHH:
Admisión de demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230 que afecta derechos de los Pueblos Indígenas
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se pronuncia sobre la admisión por parte del Tribunal Constitucional de la Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 30230
A través de una resolución del quince de marzo de 2016, el Tribunal Constitucional (en adelante TC) admitió a trámite la Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por cinco mil ciudadanos y ciudadanas, contra la Ley Nº 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, específicamente los artículos 36, 38 al 40, 42 al 51 y la Tercera disposición Complementaria Derogatoria de dicha ley.
Dicha norma, más conocida como la ley del “paquetazo ambiental” o del “paquete reactivador”, fue aprobada por el Congreso del Perú en julio del 2014 y promueve una serie de medidas para agilizar las inversiones, afectando derechos fundamentales como el derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado, y el derecho al territorio de las comunidades rurales e indígenas. Asimismo, la Ley Nº 30230 quita facultades al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA en relación a sancionar las infracciones ambientales, y al Ministerio del Ambiente – MINAM en cuanto a crear zonas reservadas y protegidas. Además,establece una política agresiva de saneamiento legal en los territorios aledaños a los proyectos de inversión, sin considerar los derechos y usos ancestrales de las comunidades que allí habitan.
El Tribunal Constitucional no solo admitió la demanda, sino que también admitió la ampliatora (pedido adicional) interpuesta por los demandantes, mediante la cual se solicita que el TC emita una sentencia interpretativa que reitere las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prohibición de reconocimiento de derechos, en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.
Habiéndose admitido la demanda, el Congreso será notificado para que emita sus descargos y así queda pendiente la sentencia de fondo que emita el Tribunal. Esta admisión de Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley N° 30230 es resultado del trabajo conjunto de las organizaciones indígenas nacionales, lideradas por el Pacto de Unidad y AIDESEP, y de las organizaciones civiles que participan en el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú.
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