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Proyecto fujimorista sobre pueblos en aislamiento es inconstitucional

Foto: ORPIO

Servindi, 5 de diciembre, 2022.- El proyecto de ley del congresista Jorge Alberto Morante Figari que pretende modificar la Ley 29785, Ley de Protección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto, es inconstitucional y amenaza el derecho a la vida de los pueblos en aislamiento.

Así de contundente es el informe jurídico titulado: ¿Por qué el proyecto de ley No 03518-2022-CR, que busca dar competencia a los gobiernos regionales en materia de PIACI, es inconstitucional?

El documento presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) fue redactado por los abogados Juan Carlos Ruiz Molleda y Maritza Quispe Mamani, así como la antropóloga Beatriz Huertas Castillo.

El proyecto de ley respondería a una campaña de grupos anti-derechos que apuntan a desconocer la existencia de estos pueblos en Loreto por considerarlos un obstáculo para la extracción de madera.
 

La iniciativa del congresista fujimorista pretende que los Gobiernos Regionales continúen otorgando permisos de extracción de madera de manera ilegal, a terceros, inobservando la Ley Forestal, como lo han estado haciendo.

El documento de 25 páginas argumenta que no se pueden reconocer competencias a los gobiernos regionales que no estén expresamente reconocidas en la Constitución y en las normas del bloque de constitucionalidad.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley de Bases de Descentralización no consideran ninguna competencia específica para los gobiernos regionales en materia de reconocimiento de los PIACI.

Además, el informe precisa que existe expresa prohibición de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional para que los gobiernos regionales puedan tener competencia para el reconocimiento de los PIACI.

De conformidad con los principios de unidad del Estado y de competencia, el reconocimiento de los PIACI es una competencia del Poder Ejecutivo, es decir, es una competencia del gobierno central y no de los gobiernos regionales. 

A lo anterior se agrega que los gobiernos regionales “carecen de institucionalidad y de especialización en materia de PIACI” y son “muy vulnerables a la corrupción y a la presión y lobbies de los madereros”.

Un detalle no menos importante es que muchos candidatos a gobernadores regionales son financiados por maderos ilegales, y en consecuencia, los gobiernos regionales “carecen de la independencia y objetividad para pronunciarse sobre estos temas”. 

El proyecto de ley amenaza de violación al derecho a la vida y al territorio de los pueblos en aislamiento que viven en las reservas indígenas e ignora que estas reservas son intangibles, y está prohibido el ingreso de terceros para actividades extractivas.
 

Descargue informe con un clic en el siguiente enlace:

 

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