Esto, debido a que comunidades se ven afectadas al figurar como únicas responsables de permisos forestales en sus territorios, pese a que terceros también participan del proceso.
Servindi, 6 de diciembre, 2021.- En la mitad de los permisos forestales otorgados a comunidades nativas de regiones amazónicas existe un tercero que financia y desarrolla los planes de manejo del bosque sin asumir responsabilidad formal.
Esta situación genera que las comunidades asuman la totalidad de las multas aplicadas cuando se detectan infracciones ambientales, por ser las únicas que figuran formalmente en los permisos forestales.
Así lo revela un estudio realizado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) que plantea una serie de propuestas para mejorar esta situación a favor de las comunidades.
El estudio se hizo sobre la base de información obtenida en reportes de supervisión de Osinfor a 623 títulos habilitantes de permisos forestales de comunidades nativas en la Amazonía.
Dichas supervisiones se realizaron entre 2015 y 2019 y se obtuvieron a través del Sistema de Información Gerencial del Osinfor, señala el estudio elaborado en cooperación con el Proyecto USAID Pro-Bosques.
Problema actual
Como se sabe, un permiso forestal es una autorización otorgada por el Estado que concede a las comunidades nativas el derecho para el aprovechamiento comercial de bosques naturales dentro de su territorio.
Debido a que, en la mayoría de casos las comunidades no cuentan con financiamiento ni conocimiento del proceso para obtener estos permisos, suelen trasladar esa responsabilidad a un tercero.
Este tercero se asocia con la comunidad y, en la práctica, financia y realiza el aprovechamiento de la madera de los bosques comunales, pero sin asumir ninguna responsabilidad.
Lo hacen apelando a la figura de la responsabilidad solidaria, establecida en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (N° 29763), lo que conlleva a un problema mayor para las comunidades.
Tal situación genera que cuando se detectan infracciones, en el marco de la legislación forestal, las comunidades nativas deban asumir la totalidad de las multas aplicadas al ser el único responsable formal.
Incluso, en algunos casos, las comunidades han llegado a ser sancionadas con la cancelación o cierre de los permisos forestales.
Foto: ANDINA/Difusión
Propuestas de solución
Para cambiar esta situación a favor de las comunidades, el estudio recomienda mejorar la normativa forestal y su reglamentación, e incluir procedimientos para la aprobación de los permisos forestales.
Asimismo, propone verificar la participación de terceros como una exigencia en la firma de los contratos para otorgar permisos forestales.
Así como generar un registro público de las personas que participan en el aprovechamiento de los bosques comunales para transparentar el rol que cumplen los actores privados.
También plantea que se establezca la responsabilidad directa del tercero frente al Estado, en función a sus obligaciones contractuales verificadas en campo.
Esto, con el fin de evitar la elaboración de planes de manejo con árboles inexistentes y contar con volúmenes autorizados que amparan el aprovechamiento ilegal.
Desde las comunidades, representadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) también tiene una propuesta.
Piden la conformación de una Regencia Forestal Pública gratuita para las comunidades, que las pueda asesorar técnicamente cuando participen en negocios con terceros.
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