En un contundente pronunciamiento, señalan que proyecto minero no cuenta con licencia social ni ha demostrado garantías ambientales. Además, responsabilizan a la empresa Southern Perú por las acciones que puedan ocurrir.
Servindi, 5 de julio, 2024.- Autoridades y entidades representativas del agro de la provincia de Islay (Arequipa) rechazaron que se pretenda iniciar el proyecto minero ‘Tía María’ cuando este no ha obtenido la licencia social de la población.
“Tía María no ha superado el conflicto social con la población” y “no ha podido demostrar las garantías ambientales suficientes para una convivencia del proyecto minero con la agricultura”, fuente principal de desarrollo de la provincia, indican.
Además, añaden que tampoco se ha logrado asegurar “la adecuada convivencia del proyecto y los ecosistemas existentes en sus áreas de influencia”, vital para una provincia que custodia importantes zonas de biodiversidad.
Las autoridades resaltan que los terrenos agrícolas y la población viene siendo afectada por la permanente contaminación de la cuenca de Río Tambo, efectuada, entre otros agentes, por la actividad minera (como Minera Aruntani).
A pesar de ello, las autoridades como OEFA, Minam y demás organismos competentes del Estado “no muestran preocupación e interés en adoptar medidas correctivas en salvaguardia” de la población de Islay.
“Si el Estado y los organismos ambientales no supervisan y ejercen su potestad sancionadora de manera diligente y oportuna, qué nos lleva a creer que los proyectos mineros cumplirán los parámetros ambientales y tendrán en cuenta la calidad de vida de los pobladores”, sostienen.
Por todo ello, manifiestan que “mientras que no se tenga licencia social, resulta inviable el inicio de ninguna actividad u operación minera en la provincia de Islay, la cual, por si misma, no asegura acabar con la pobreza”.
Recalcan que la licencia social resulta “indispensable” dado que debe primar el interés social humano sobre cualquier otro interés privado.
Finalmente, llaman a las autoridades a tomar las acciones necesarias para que no se dé el inicio de operaciones del proyecto minero, considerando que antes ya se suscitaron contundentes movilizaciones populares y derramamiento de sangre innecesario por la violenta represión del Estado.
“Asimismo, responsabilizamos a la empresa Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú y al Gobierno por las acciones que pudieran suscitarse en la provincia”, indican.
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