Un grupo de hombres pasa frente a un letrero del Parque Nacional Cordillera Azul en la Amazonía peruana, el lunes 3 de octubre de 2022. Los residentes de las aldeas indígenas Kichwa en Perú dicen que cayeron en la pobreza después de que el gobierno convirtió su bosque ancestral en un parque nacional, restringió la caza y vendió créditos de carbono forestal a las compañías petroleras. (Foto AP/Martin Mejía)
Servindi, 5 de junio, 2023.- Una reciente nota de prensa de los encargados del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) es cuestionada por el pueblo Kichwa de San Martín pues intentaría mostrar una realidad que no se cumple a cabalidad.
La nota informa de la suscripción de acuerdos que “consolida el trabajo con comunidades nativas”, mientras en la práctica, indígenas del pueblo Kichwa siguen siendo excluidos de la conservación de esta área.
Abogada de federaciones kichwa advierte que sigue existiendo un trato diferenciado con esta población debido a su reclamo territorial y los beneficios por la conservación del área que no les quieren reconocen.
Polémica nota
La cuestionada nota fue publicada este 5 de junio por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) que administra el PNCAZ junto al Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA).
En el reporte, se informa de la firma de tres acuerdos de conservación entre el Sernanp y CIMA que supuestamente “consolida [el] trabajo con comunidades nativas” vinculadas al PNCAZ.
No obstante, pese a que el titular de nota habla de la consolidación del trabajo “con comunidades nativas”—en términos generales—, en el desarrollo de la nota solo se mencionan a dos comunidades.
Además, líneas más abajo, los representantes del Sernanp y CIMA destacan los beneficios de la “gestión participativa” del parque, omitiendo los serios cuestionamientos que desde el pueblo Kichwa vienen realizado contra ese modelo.
Nota publicada este 5 de junio por Sernanp que buscaría distorsionar la exclusión indígena de los kichwa en la conservación del PNCAZ. Foto: Captura de pantalla
Indignación kichwa
En diálogo con Servindi, Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) que asesora a las federaciones kichwa que cuestionan la actual administración del PNCAZ, explicó la existencia de un “trato diferenciado” con los kichwa.
“Hay una diferencia en el tratamiento al pueblo indígena Kichwa que hasta ahorita no ha participado en ni una sola reunión del comité de gestión del área [liderado por Sernanp y CIMA)”, indicó.
Este pueblo “no ha recibido los beneficios que son correspondientes a las áreas de sus territorios y que están superpuestos dentro del parque nacional, y se niegan a continuar con el diálogo”, agregó.
En efecto, el pueblo Kichwa denuncia desde hace años la conservación excluyente del PNCAZ, la misma que ha hecho llegar hasta la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UCIN).
Esto, debido a que la UCIN premió en 2018 al PNCAZ por “su excelente gobernanza” incluyéndola en su Lista Verde, pese a las denuncias de despojo y no reconocimiento de beneficios del pueblo Kichwa.
Dentro de esa premiación, el equipo de expertos en Perú puso como condiciones a la administración del PNCAZ mejorar su acercamiento y participación con los pueblos Kichwa, algo que no han hecho, según Gavancho.
Kichwas exigen nuevo contrato social para conservar Pque. Cordillera Azul donde se reconozca y respete los derechos de las comunidades frente a los más de 20 años de exclusión del modelo de conservación actual.
Estrategia al descubierto
Lo que sí ha ocurrido, en cambio, es que han empezado a aparecer notas de prensa del Sernanp y CIMA destacando la buena relación de gestión con indígenas, como la publicada este 5 de mayo.
“Recién desde el reclamo Kichwa se puede ver toda la publicidad que han lanzado respecto a esta buena relación que tienen con los pueblos indígenas, cuando es una información parcial. No sucede eso”, dice la abogada.
En la nota publicada el 5 de junio se menciona un beneficio en favor de las comunidades Santa Rosa de Aguaytía y Santa Rosita de Apua, ubicadas en los distritos de Padre Abad y Curimaná, región Ucayali.
Al respecto, Gavancho señala que estas son “comunidades kakataibo, con las que siempre han trabajado en Ucayali [los administradores del PNCAZ], pero verás que no mencionan a ni una sola de San Martín”.
Esto último, excepto la comunidad de Mushuck Llakta de Chipaota, que se tituló antes de la creación del parque; pero después, “existen más de 28 comunidades nativas que no reciben ni un solo sol de beneficio”, anota.
Diversos pronunciamientos del pueblo Kichwa y de Naciones Unidas dan cuenta de la vulneración de los derechos indígenas en el PNCAZ por parte del Estado peruano y el Proyecto REDD+.
Dicho proyecto ya es “conocido a nivel internacional por vender decenas de millones de crédito de carbono a grandes empresas sin consultar a las comunidades kichwa en cuyos territorios se desarrollan”.
Para la abogada Gavancho es claro que esta diferenciación del tratamiento en relación con los pueblos indígenas se está haciendo a propósito con el fin de evadir las exigencias del pueblo Kichwa.
“En vez de acerca la conservación o realizarla desde un enfoque de derechos humanos, Sernanp y estas oenegés que se dedican a la conservación están restringiendo y excluyendo a los pueblos indígenas. Es necesario cambiar ese paradigma, pero ellos se resisten a hacerlo”, indica.
AÑADE UN COMENTARIO