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Defensoría: estado de emergencia en Lima y Callao es inconstitucional

Fotos: Presidencia Perú / Defensoría del Pueblo

Para la entidad, la medida dictada por el gobierno es desproporcionada, no es un mecanismo para gestionar conflictos ni cuenta con una debida justificación.

Servindi, 5 de abril, 2022.- La Defensoría del Pueblo señaló que el estado de emergencia en Lima y Callao declarado por el gobierno es inconstitucional por carecer de una debida justificación.

La entidad sostuvo que la medida es desproporcionada frente a las protestas registradas en las mencionadas provincias. Además, señaló que la última disposición gubernamental no constituye la forma adecuada de gestionar conflictos sociales.

En ese sentido, el titular de la institución presentó una demanda de Habeas Corpus para que se deje sin efecto la medida de forma inmediata.

Cuestionada disposición

A través de un pronunciamiento, la Defensoría recordó que los estados de emergencia deben de responder a los criterios de proporcionalidad y necesidad, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Además, apuntó que la orden ignora los impactos en trabajadores del país, quienes mayormente laboran en la informalidad, pues “su derecho al trabajo se verá afectado lo mismo que otros derechos como a la alimentación, salud, educación”.

“Dado el carácter intempestivo de la medida, sus consecuencias serán aún más dañinas y generarán alarma en la población en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto”, agrega la institución.

En vez del estado de emergencia, la Defensoría sostiene que se debe continuar con los procesos de diálogo propiciados por el propio gobierno y recordó que la reunión con los gremios de transportistas y agricultores está pendiente.

Demanda y razones

En medio de la situación, el titular de la Defensoría, Walter Gutiérrez Camacho, interpuso una demanda de habeas corpus contra Pedro Castillo, Aníbal Torres y los ministros del Interior, Defensa y Justicia.

Presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima, la demanda exige que se deje sin efecto el estado de emergencia y que se eviten a presentar casos similares.

Entendiendo el decreto de inmovilización como una respuesta al paro de transportistas, en la demanda se recalca que se está vulnerando derechos relacionados a la libertad individual y los principios de necesidad, racionalidad y de proporcionalidad.

La medida legal indica que no se ha justificado cómo el estado de emergencia en Lima y Callao contribuirá a preservar el orden social a nivel nacional” ni se han evaluado “otras vías menos lesivas”.

Agrega que la medida tampoco se demuestra que los mecanismos de concertación y diálogo constituyan alternativas destinadas al fracaso”.

Por ello, la demanda afirma que el estado de emergencia dictado por el Gobierno “solo representa una medida represiva e ineficiente ante la carencia de soluciones pacíficas”.

Demanda de Habeas Corpus (pp. 1 y 6).

La demanda se apoya en legislación local y regional para sustentar su pedido. Así, señala que la acción interpuesta por la Defensoría es una respuesta válida frente a la medida del gobierno.

De acuerdo a los criterios del Tribunal Constitucional (TC), la declaratoria del estado de emergencia debe atenderse a la proporcionalidad:

“[…] lo cual implica que los alcances del estado de excepción deben guardar relación con la magnitud y las características particulares del fenómeno que se decide atender”, se cita de acuerdo al Expediente 00964-2018-PHC/TC.

Así, es necesario “tomar en cuenta la relación directa e inmediata con el fenómeno que se pretende combatir” y “si el estado de excepción ya emitido se encuentra o no coadyuvando a resolver esta situación”.

Sumado a lo anterior, la citada jurisprudencia del TC es clara al afirmar que:

Debe priorizarse vías de negociación y permanente diálogo para resolver la situación problemática y hacer uso del estado de excepción solo en caso de que todas las demás vías de solución hayan demostrado su fracaso.

De igual forma, la demanda interpuesta por la Defensoría cita la opinión consultiva OC-8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para indicar que:

La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. […] Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables.

Debilitamiento institucional

Durante una entrevista con RPP, Gutiérrez explicó que, durante los últimos tres meses en Perú, se está experimentando “un alza en los conflictos”, hechos que cada vez “son más violentos” y que se dan en un contexto desfavorable.

“Desafortunadamente, este gobierno llega en el marco de una debilidad institucional en la prevención y gestión de conflictos”, indicó el Defensor.

Como indicó Gutiérrez, esa debilidad se refleja en que el 2017 se creó el Viceministerio de Gestión de Conflictos y, desde la fecha, ha habido 8 viceministros y 15 secretarios.

Al margen de los cambios de personal, el Defensor señaló que se requiere un plan de prevención y gestión de conflictos para los próximos 5 años.

En relación a las protestas de transportistas, el defensor del pueblo indicó que el conflicto empezó en octubre del año del 2021 y que se ha intensificado porque el gobierno no cumplió sus compromisos establecidos en aquel entonces.

Medida intempestiva

El pronunciamiento de la Defensoría se realiza luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara, en mensaje a la nación, que el Consejo de Ministros había decretado el estado de emergencia en Lima y Callao.

Como parte de esta medida, se suspendieron los derechos constitucionales vinculados a la libertad y seguridad personales, inmovilidad de domicilio, libertad de reunión y tránsito entre las 2 a.m. y las 11:59 p.m. del 5 de abril.

 

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