Pataz: complicidad estatal favorece minería ilegal

La matanza en Pataz promovida por mineros ilegales exhibe la incapacidad de autoridades y las consecuencias del apoyo que legisladores le dan a la minería ilegal.

Servindi, 4 de diciembre, 2023.- El atentado en una mina de Pataz (La Libertad) que dejó 9 muertos por obra y gracia de mafias que operan al servicio de la minería ilegal exhibe la incapacidad de autoridades para combatir este ilícito.

Autoridades hablan de “declarar en emergencia” Pataz cuando ya lo está y “formalizar” la minería ilegal, un total despropósito ante una actividad que destruye el ambiente y promueve otros delitos, como la trata de personas.

El problema de la minería ilegal sigue vigente, en parte, por la complicidad de una bancada prominera en el Congreso que promovió la ampliación del REINFO, el manto que les otorga impunidad para seguir operando.

Matanza en Pataz

El crimen en Pataz ocurrió la madrugada del sábado 2 de diciembre cuando hombres armados irrumpieron en la mina formal La Poderosa y secuestraron a varios de sus trabajadores (agentes de seguridad).

Los llevaron a un socavón, al que luego los delincuentes arrojaron dinamita, dejando como trágico resultado nueve trabajadores muertos, 10 heridos graves y otros 3 con heridas leves.

El violento hecho habría sido ocasionado por sicarios contratados por la minería ilegal, como respuesta a los operativos contra esta actividad ilícita, según la prefecta regional Carolina Velasco.

El trágico suceso no fue un hecho aislado, sino que responde a una espiral de violencia que antes ya había dejado 7 trabajadores asesinados y la voladura de 10 torres de alta tensión.

El deterioro de la seguridad en la zona se da como consecuencia del crecimiento exponencial de la minería ilegal, ahora coludida con la criminalidad organizada, denunció la mina La Poderosa.

Incapacidad y complicidad

De acuerdo con La Poderosa, la minería ilegal “ha venido operando con la más total y absoluta impunidad, amparada en el manto de protección que le otorga el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera)”.

Este registro, cuya última ampliación se aprobó hasta el 2024, es el que les sirve a los ilegales para operar aduciendo que se encuentran en “proceso de formalización”, pese a no estarlo.

La última ampliación del REINFO se logró en diciembre de 2021 con el apoyo de congresistas como Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso) y Guido Bellido (exPerú Libre).

Un reportaje de noviembre del semanario “Hildebrandt en sus trece” reveló que estos parlamentarios conforman una suerte de “bancada propia” de la minería ilegal, pues operan a favor de este ilícito desde el Congreso.

El reportaje de Hildebrandt de noviembre de 2023 confirmó que la minería ilegal tiene una bancada propia en el Congreso.

A la complicidad de legisladores, se suma la incapacidad para afrontar la minería ilegal de autoridades como la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

En declaraciones tras la matanza de Pataz, Boluarte dijo que su gobierno se encontraba analizando la manera de “formalizar la minería ilegal”, cuando se trata de un delito que debe ser combatido y erradicado.

 “Lamento mucho esta situación en Pataz (…) estamos desde el Gobierno mirando como formalizamos esta minería ilegal que tanto daño hace a la patria”, dijo Boluarte desde Lima.

Por su parte, César Acuña, señaló que iba a declarar en emergencia Pataz, sin considerar que el distrito liberteño ya está así hace meses, habiéndose prorrogado hasta en tres ocasiones el estado de emergencia.

¿La matanza de Patas pudo haberse evitado? Sí, pero solo si las autoridades fueran conscientes del flagelo de la minería ilegal, actuaran para combatir y no operaran a su favor.

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