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«COVID-19 es más que emergencia sanitaria… es un desastre»

Conversamos con Antonio Peña Jumpa, profesor principal de la PUCP y profesor ordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en cursos de Sociología del Derecho y Teoría del Derecho. El especialista habla sobre la importancia de activar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) ante el avance de la pandemia.

Servindi, 4 de mayo, 2020.- Cuando el sistema que funciona en base a un peligro, centra su atención solo en las víctimas directas de este problema, olvidando a los afectados colaterales, es cuando la respuesta tiene que ir un paso más adelante y todas las fuerzas necesitan articularse para lograr atenuar los efectos de la crisis.

Para el profesor de Derecho, Antonio Peña Jumpa, esto es lo que debería pasar ahora. Si el COVID-19, además de los previsibles contagios, ha generado más pobreza, mayor desempleo y riesgos de subsistencia en algunos grupos sociales, la reacción del gobierno ya no solo debe centrarse en atender a los infectados: es el momento de atender «damnificados».

En otras palabras, es tiempo de activar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).  

En este diálogo con Servindi, Antonio Peña evalúa la respuesta que viene dando el gobierno ante la emergencia provocada por la pandemia y explica por qué es importante comprender las diferencias entre las respuestas que se dan en una emergencia sanitaria y, las que podrían darse en una gestión del riesgo de desastres.
 

Antonio Peña Juma es Bachiller en Derecho, Abogado y Magister en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Postgrado en Refugee And Forced Migration Studies por la Universidad de Oxford, Reino Unido.

- ¿Cómo evalúas la respuesta que viene dando el gobierno a la emergencia provocada por la pandemia?

Por un lado, el gobierno central tiene buenas intenciones; pero al interior hay muchos problemas burocráticos. El caso del Bono 760 es un ejemplo claro de la dificultad que tiene el gobierno central para actuar. No ha sido efectivo y pudo haber sido diferente.

Por otro lado, no han confiado en los gobiernos regionales y locales, con justa razón por la cantidad de gobernadores, alcaldes y regidores envueltos en la corrupción. Y en caso de situaciones de emergencia, la corrupción se reproduce increíblemente porque el control del Estado baja.

- ¿Consideras que el Comando COVID-19 como un organismo de emergencia sanitaria, dependiente del sector Salud, tiene el diseño institucional adecuado para responder a la situación?

No he visto como este comando ingresa en la estructura del Estado. Lo que ha ocurrido es que este comando se confunde en funciones: una cosa es actuar en base a la emergencia sanitaria y otra cosa, en base al riesgo de desastres.

- ¿Cuál es la diferencia sustancial que observas entre una emergencia sanitaria y el riesgo de desastre?

La emergencia sanitaria es una emergencia conectada con un peligro específico, en este caso, el COVID-19. Pero, este problema, tiene a su vez otros problemas. El COVID-19 es solo el tema de salud; pero hay otros problemas gigantes: pobreza, subsistencia de los grupos sociales, contagio a alto nivel que desborda el sistema hospitalario, ineptitud y lentitud de las autoridades. Hay una serie de efectos adicionales.

Teniendo en cuenta la capacidad de reacción de la población, frente al mismo peligro que es el COVID-19 y frente a los peligros derivados, es que ya la emergencia sanitaria es insuficiente. Entonces, ahí es cuando hay que activar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), que supone que todas las instituciones del país se muevan. No solamente el sector salud, sino que todas entran a contribuir para mejorar la situación.

- En un artículo señalaste que el COVID-19 se viene mostrando como un “terremoto lento a nivel nacional y mundial” y que es necesario comprenderlo y actuar para alcanzar el menor número de damnificados. También mencionaste que el SINAGERD tiene ese fin.

En el sistema de gestión de riesgos, los damnificados no solamente son los infectados del COVID-19. Eso es solo en la emergencia sanitaria. Aquí los damnificados también pueden estar relacionados al peligro de desempleo, de falta de alimentos o de condiciones de mayor pobreza.

Las Fuerzas Armadas cobran un mayor protagonismo y la sociedad civil pasa a asumir un rol importante. Lo que veo ahora es que no hay un foco de atención en la población y eso se aprecia en el Bono 760. Un bono para tres meses y medio. ¡Es un absurdo! Por eso la importancia de la participación de la sociedad civil. El SINAGERD no es nada sin la población.

- ¿Por qué consideras que el gobierno no ha activado este sistema?

Por un lado, pienso que no hubo cálculos del daño que iba a generar esta pandemia; y, por otro lado, no ha habido un cálculo de los peligros que se iban a reproducir. Y entonces, al no tener esos cálculos, más la desconfianza en los gobiernos regionales y locales, no han activado en su naturaleza el sistema nacional del riesgo de desastre.

• Puede escuchar la entrevista completa en el audio ubicado al inicio de esta nota

Fuente del gráfico: Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros: https://www.slideshare.net/roxcapricornio/ley-sinagerd-base-legal-del-comit-de-gestin-del-riesgo-de-las-ie

Anexo:

Ley N° 29664 y sus modificatorias. Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 19/02/2011
D. Supremo 048-2011-PCM y su modificatoria Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y sus modificatorias. 26/05/2011
D. Supremo 111-2012-PCM Incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 02/11/2012
D. Supremo 074-2014-PCM Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD. 20/12/2014
D. Supremo N° 034-2014-PCM Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014-2021 13/05/2014

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Antonio Peña Jumpa es bachiller en Derecho, abogado y magister en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Postgrado en Refugee And Forced Migration Studies por la Universidad de Oxford, Reino Unido. Diplomas por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, de Oñati, España. PhD in Laws o Doctor en Derechos por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Profesor Principal de la PUCP y profesor ordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en cursos de Sociología del Derecho y Teoría del Derecho. Especialista en temas de Derecho y Justicia en comunidades andinas y amazónicas, así como en actividades de Responsabilidad Social del Derecho en zonas vulnerables o de desastres.

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