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A 10 años de Bagua Defensoría señala incumplimiento de la consulta previa

Servindi, 4 de junio, 2019.- La Defensoría del Pueblo pide al Poder Ejecutivo, implementar la consulta previa durante la evaluación de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión que se ejecutan en el territorio nacional.

A 10 años de los lamentables hechos ocurridos en Bagua y Utcubamba, el órgano defensorial exhortó al Estado peruano cumplir con la consulta previa en la actividad minera y de hidrocarburos.

Si bien, hasta la fecha se han realizado 45 procesos de consulta previa, ninguno se ha realizado en el marco de la evaluación de los impactos socioambientales que afectan directamente a los pueblos indígenas.

Es necesario que el  Ejecutivo habilite al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para que integre la consulta previa al proceso de evaluación de los proyectos, conjuntamente con los mecanismos informativos y participativos.

Si bien saluda los avances logrados mediante las consultas previas sobre áreas naturales protegidas o la elaboración de políticas públicas o planes nacionales, también observa que existen procesos de consulta que no han cumplido lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y la ley vigente.

“El problema principal es el momento inadecuado en el que se desarrollan los procesos de diálogo" indicó, Alicia Abanto, Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.

"Se realizan en etapas anteriores a la detección y evaluación de los impactos o en un momento posterior al momento en el que se debe dialogar sobre los cambios que incidirán en la calidad de vida de las comunidades indígenas” apuntó Abanto.

Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, afirmó que hace falta que el Ministerio de Cultura derogue una directiva que no se sujeta al marco legal.

Tal norma avala la falta de consulta de megaproyectos de inversión vinculados con la infraestructura de servicios público, agregó Aedo.

“También, debe implementar el registro de facilitadores del dialogo intercultural, y promover mayor participación de las mujeres indígenas en estos procesos”, remarcó la funcionaria.

De los 55 pueblos indígenas identificados, 28 de ellos (amazónicos y andinos) han participado de procesos de diálogo o consulta con representantes del Estado, y es necesario mejorar la calidad de los procesos de diálogo para lograr mejores acuerdos.

Asimismo, el cumplimiento oportuno de los acuerdos logrados en los procesos de consulta también es otra tarea pendiente.

Al respecto, la Política Sectorial de Salud Intercultural y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, contienen metas consensuadas con los pueblos indígenas que merecen una atención prioritaria.

Por ello, la Defensoría expresa su preocupación ya que la Comisión Multisectorial creada para el seguimiento de los acuerdos no sesiona desde el año 2017.

También cuestiona que el Congreso de la República no haya adecuado su reglamento para implementar la consulta previa de las medidas legislativas. El Pleno del Congreso tiene pendiente esta tarea desde el año 1995.

Como se recuerda, la Defensoría presentó hace diez años un proyecto de ley de consulta previa, que sirvió de base para la determinación del contenido de la Ley N° 29785 y su reglamento vigente.

Asimismo, en defensa de este derecho, ha promovido dos procesos constitucionales y emitido más de 50 recomendaciones a las entidades del Estado para garantizar el adecuado cumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

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