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Barreras socioculturales agravan violencia que sufren mujeres indígenas

Foto: Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo demanda reforzar el alcance de los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Son 2 millones 970 mil 473 mujeres quechuahablantes en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

Servindi, 5 de marzo, 2019.- Dificultades de acceso y las barreras socioculturales y lingüísticas son claros obstáculos para que las mujeres indígenas reciban un servicio de atención oportuna ante situaciones de violencia.

Así lo indica la Defensoría del Pueblo que recomienda reforzar los Centros de Emergencia Mujer (CEM), para brindar servicios con pertinencia cultural y de acuerdo a la lengua materna de las ciudadanas indígenas.

Eliana Revollar, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, hizo tal reflexión tras la presentación del cortometraje “Nanay Mana Chinkaqmi” (El dolor no desaparece).

Eliana Revollar sostuvo que el personal de la Policía y la Fiscalía debe estar más cerca de la población para atender las denuncias y brindar protección adecuada a las afectadas.

La Defensoría del Pueblo recordó que la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, es uno de los principales problemas que afronta el país.

Ello impacta en el ejercicio de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres que representan a más del 50 por ciento de la población nacional.

En lo que va del año 2019 son 26 casos de feminicidios y 44 tentativas, las que han dejado a 41 menores de edad en calidad de huérfanos.

La producción audiovisual

La producción aborda las heridas que la violencia psicológica, física y sexual deja sobre las mujeres indígenas de la provincia de Vilcashuamán, cuyos testimonios son recogidos respetando sus lenguas originarias.

El cortometraje fue producido por la Federación Provincial de Mujeres Quechuas (FEPROMUQ) de dicha provincia, en la región de Ayacucho y Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas.

El audiovisual evidencia la necesidad de contar con las condiciones necesarias para prevenir, afrontar y sancionar situaciones de violencia que afectan a las mujeres en contextos rurales.

Un aspecto destacado por el documental es que se requiere promover espacios comunales de discusión sobre la permisividad de las conductas violentas contra las mujeres.

La producción audiovisual contó con el apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL) y la Embajada de Canadá en el Perú.

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