Foto: Defensoría del Pueblo
Servindi, 5 de febrero, 2017.- La Defensoría del Pueblo (DP) anunció la presentación de un proyecto de ley que busca derogar la norma que confiere un carácter confidencial a los estudios técnicos de las Asociaciones Públicas Privadas (APP).
Se trata de derogar la segunda disposición complementaria y final del Decreto Legislativo 1224, que arbitrariamente restringe el acceso a la información pública, indicó una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.
El proyecto de ley se presentará al amparo de las facultades legislativas de la Defensoria. del Pueblo. De no prosperar la iniciativa la Defensoría presentará una demanda de inconstitucionalidad.
La finalidad es defender el principio de máxima divulgación que rige sobre toda información en poder de la Administración Pública, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indicó Walter Gutiérrez Camacho, Defensor del Pueblo.
Con la modificación del referido artículo, aprobado en el 2014, se busca que la ciudadanía tenga acceso a información fundamental para conocer la importancia, la rentabilidad y los alcances de los proyectos de trascendencia nacional, como el de Rutas de Lima o del Oleoducto, entre otras.
“Hay que recordar que en amparo de la ley de Transparencia, quien no entrega la información solicitada por cualquier ciudadano, está incurriendo en un delito de abuso de autoridad y ello se sanciona”, subrayó el representante de la Defensoría del Pueblo.
Informe anticorrupción
La Defensoría se refirió a un informe que evaluó los planes de lucha anticorrupción de 16 ministerios. Gutiérrez Camacho dijo que se ha comprobado que la mayoría de diagnósticos –realizados por terceros- no describe la problemática de corrupción en cada sector.
Tampoco identifican las áreas de mayor riesgo. Solo 6 portafolios hacen una descripción general de la problemática de corrupción del sector y 4 definen las áreas de mayor riesgo y sus factores causales.
La mayoría, no da información sobre la problemática, lo cual dificultaría direccionar y focalizar adecuadamente las estrategias, y reduciría su impacto. “Son un saludo a la bandera”, acotó.
Dijo que la supervisión defensorial, elaborada por el Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción, no considera al Ministerio de Defensa, porque no ha cumplido con adaptar su plan anticorrupción del 2012 a los nuevos lineamientos establecidos por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
En otro pasaje de sus declaraciones, Gutiérrez Camacho consideró de singular importancia, recordando experiencias recientes, precisar que los correos electrónicos institucionales son considerados como información pública por definición y como consecuencia, plausibles de ser accesibles a terceros.
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