Miles exigen “Soluciones y no declaraciones”

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Servindi, 3 de diciembre, 2023.- Miles de personas se manifiestan en las calles para exigir medidas urgentes que frenen la crisis climática, cada vez más evidente y que está causando graves consecuencias humanitarias, ambientales y económicas.

Una protesta en el centro de Madrid, España, bajo el lema de “Soluciones y no declaraciones” demanda compromisos firmes en la COP28, la cumbre climática que Naciones Unidas celebra en Dubái hasta el 12 de diciembre.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, señala que para que la temperatura global no supere los 1,5ºC de aumento las emisiones deberían reducirse en 2030 un 43%, pero siguen aumentando.

La emergencia climática se manifiesta en sofocantes olas de calor, sequías sin precedentes, incendios asoladores, calentamiento de océanos y lluvias torrenciales, entre otros fenómenos de consecuencias imprevisibles.

Alianza por el Clima y Fridays for Future–Juventud por el Clima, con el apoyo de más de 70 organizaciones y plataformas, entre las que se cuenta Ecologistas en Acción, lideraron una manifestación principal en Madrid.

Las manifestaciones también se han llevado a cabo en Almería, Badajoz, Bilbao, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Palma, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, València, Xixón y Zaragoza.

En todas ellas se reclama una transformación sin precedentes que ponga en el centro a las personas, la salud, la reducción de las desigualdades y la justicia climática.

“No es justo que grandes empresas contaminantes obtengan miles de millones de euros de beneficios al tiempo que aceleran las crisis climáticas y acrecientan las desigualdades”, aseguran en un manifiesto conjunto.

Las organizaciones convocantes recuerdan que poner fin de forma definitiva a los combustibles fósiles es la única forma de garantizar un futuro para la humanidad.

En consecuencia, es necesario implementar de inmediato todas las soluciones técnicas, sociales y legislativas necesarias y asegurar una verdadera transición energética que reduzca considerablemente los niveles de consumo de energía actuales.

Crisis de desigualdad

La crisis climática es una crisis de desigualdad. La redistribución de la riqueza, el avance de la democracia participativa y un decrecimiento económico planificado y socialmente justo son los pilares fundamentales de esta transición necesaria.

La transición solo será posible si va de la mano de la protección de los ecosistemas naturales y de los Derechos Humanos remarca la declaración conjunta.

Otras organizaciones se han unido a la declaración, con la que los participantes exigen justicia climática para las personas más vulnerables; ciudades que prioricen el uso del transporte público y promuevan los espacios arbolados.

Asimismo, un modelo ferroviario que vertebre el territorio; y recursos suficientes para que la sanidad pública pueda copar con las enfermedades derivadas de la crisis climática, entre otras peticiones inaplazables.

Recientes informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático son tajantes. De no tomarse medidas inmediatas, antes de que termine esta década se habrá superado el límite de 1,5 ºC y se estará muy cerca de los 2 ºC.

Las emisiones globales contaminantes deberían reducirse en 2030 hasta un 43% con respecto a las de 2019. Sin embargo, los países ni siquiera han sido capaces de evitar que sigan subiendo, y en 2022 aumentaron un 1%, según el mismo organismo.

Los fenómenos meteorológicos extremos muestran las enormes consecuencias humanas, sociales y económicas de seguir esta senda, pero los gobiernos están lejos de fijar una reducción compatible con las indicaciones científicas.

Exigencias perentorias

- Los colectivos convocantes exigen una descarbonización mundial rápida e inmediata, que afecte a todos los sectores productivos, atendiendo a los principios de justicia social y económica, enfrentando así la desigualdad que se manifiesta entre clases sociales y la existente entre los denominados Sur y Norte global.

- Que las soluciones se apliquen desde todas las administraciones, partiendo de las locales, que en casos como Madrid no están promoviendo las transformaciones necesarias, como evidencian la escasez de zonas verdes, la tala indiscriminada de árboles o la permanencia de incineradoras.

- Que se destinen fondos internacionales suficientes a la adaptación y a las pérdidas y los daños de los países y comunidades más vulnerables que en ningún caso deberían agravar la deuda de los países del Sur.

- Que se inicie de inmediato cuantos cambios legislativos sean necesarios para afrontar la crisis climática en las políticas energéticas, urbanas, agrarias, sociales y económicas.

- Que los cambios protejan a todas las personas, especialmente a trabajadores, mujeres y colectivos vulnerables, así como a la biodiversidad y al planeta frente a las múltiples agresiones que nos dejan cada vez más expuestos al “infierno climático”, como lo denominó el Secretario General de Naciones Unidas.

- Un régimen de incompatibilidades que ponga freno a los intereses fósiles y de las grandes empresas contaminantes. No debe normalizarse que Emiratos Árabes Unidos, organizador de la COP28, haya designado como presidente de dicha cumbre al jefe de su petrolera estatal (ADNOC). Es incomprensible que los Estados permitan que los intereses de las petroleras sigan participando en las mesas de negociación climática.

 

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