Foto: Defensoría del Pueblo
Defensoría del Pueblo considera que la reactivación económica no debe implicar el recorte de derechos tan importantes como la consulta previa.
Servindi, 3 de agosto, 2020.- El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció este lunes que el plazo para llevar a cabo el proceso de consulta previa se reducirá “por lo menos en seis meses”.
Durante su presentación en el Congreso, adonde asistió para solicitar el voto de confianza, el premier aseguró que esta medida se aplicará con el fin de promover la recuperación de inversiones en el país, principalmente, en el sector minero.
“El objetivo de este año es impulsar la inversión minera […] La minería es sin duda la columna vertebral de la economía del Perú”, expresó durante su intervención.
En ese sentido, señaló que “resulta necesario aplicar correcta y oportunamente la regulación sobre consulta previa y reducir por lo menos en seis meses el proceso, reafirmando además el compromiso del Estado con nuestros pueblos indígenas”.
RECORTE. El primer ministro, Pedro Cateriano, señaló que la intención del gobierno es recortar el plazo del proceso de consulta previa / Foto: PCM
Cuestionamientos
La intención del gobierno de reducir el plazo del proceso de consulta previa ha generado reacciones en algunos parlamentarios y exlegisladores que advierten una posible vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
“Destrabar proyectos de inversión no debe significar flexibilizar derechos ambientales y eliminar participación ciudadana. ¿Acaso la pandemia no nos deja más que mascarillas usadas? Minería sí, pero sin pisar derechos”, escribió en sus redes sociales el parlamentario del Partido Morado, Daniel Olivares.
En esa línea también opinó la excongresista Tania Pariona, quien aseguró que esta medida podría dar pie al “etnocidio” de los pueblos indígenas.
“Acotar los plazos de consulta previa es violatorio de los derechos de los pueblos indígenas. Acelerar la explotación de recursos en contexto de pandemia, podría conllevar a un etnocidio”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.
Otros de los que se pronunció al respecto fue Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, quien consideró que, si bien la minería es una fuente clave de recursos, actualmente no existen las condiciones suficientes como para centrar la economía en este sector.
“En el corto plazo, la minería es fuente clave de recursos. Más en tiempo de crisis. Pero sin capacidad estatal, sin enfoque territorial, sin respeto a comunidades, sin regulación ambiental eficaz y sin redistribución efectiva, los beneficios no llegan a todos y conflictos crecen”, explicó.
CONSULTA PREVIA. La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) / Foto: Andina
Pedirán aclaraciones
Servindi se comunicó con la Defensoría del Pueblo para conocer qué implicancias podría traer el recorte de plazos en el proceso de consulta previa.
Alicia Abanto, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de esta institución, afirmó que el mensaje del premier Cateriano no ha sido del todo claro.
“Hay que recordar que, de acuerdo al marco normativo actual, el proceso de consulta previa tiene un plazo de 120 días. Es decir, son cuatro meses”, indicó.
Entonces, si el proceso de consulta previa dura cuatro meses, ¿cómo se entiende que el primer ministro proponga una reducción del proceso “por lo menos en seis meses”?
“El anuncio deja muchas preguntas y genera sorpresas en el sentido de que, las dificultades que ha tenido la consulta previa no están vinculadas al plazo; sino más bien a las carencias de la consulta, a la falta de su aplicación adecuada”, sostuvo la adjunta.
Abanto señaló que el hecho de que el anuncio de este cambio en la consulta previa se haya dado en medio de un discurso, no quita que antes deba ser consultado y dialogado con los pueblos indígenas.
“En principio para que se les informe y se fundamente la propuesta del gobierno y, luego, para que, sobre ello, se escuche y se analicen las opiniones que tienen las organizaciones indígenas sobre esos cambios”, indicó la adjunta.
RESPETO. La adjunta de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, asegura que derechos de los pueblos indígenas deben respetarse aún más en esta pandemia.
La representante de la Defensoría del Pueblo también aseguró que “el desarrollo del país no se puede conseguir simplemente con normas que exoneren requisitos y disminuyan plazos”.
“Es indudable que, en un tiempo de crisis como el actual, el país requiere reactivarse económicamente; pero esta reactivación debe ir de la mano con la reactivación de los derechos humanos y tiene que ser compatible con una implementación adecuada del derecho a la consulta previa”, añadió.
En esa línea, la adjunta informó que van a solicitar al Ministerio de Cultura y al de Energía y Minas la información referida al tema para conocer en qué se basa el gobierno para proponer el recorte del plazo en la consulta previa.
“Lo que se debe hacer, y ahora mucho más en la pandemia, es respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Desde la Defensoría del Pueblo, seguiremos vigilantes”, manifestó.
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