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¿Perú puede celebrar el Día del Ambiente sin ratificar Escazú?

“Es vergonzoso que nuestro país pase esta fecha tan importante sin que el Acuerdo de Escazú haya sido ratificado”, dice el líder indígena Herlin Odicio consultado al respecto.

Servindi, 3 de junio, 2022.- El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿pero cómo Perú podría sumarse a esta celebración si hasta ahora no ha ratificado el Acuerdo de Escazú?

Un líder indígena cuestiona que pese a las cifras de violencia contra defensores no se haya aprobado el tratado ambiental, mientras un especialista explica los motivos detrás de este vergonzoso vacío.

Oportunidad perdida

En 2020, Perú tuvo su oportunidad para ratificar el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que establece disposiciones específicas para la protección de defensores ambientales.

Además de garantizar el acceso a los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, como sostiene el nombre oficial del acuerdo.

Pese a las diversas voces que pedían y recomendaban su ratificación —la del Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles y pueblos indígenas—, el Congreso lo rechazó.
 

Con nueve votos a favor y tres en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso archivó el Acuerdo de Escazú, en 2020. Foto: Captura del Canal del Congreso.

Pero no fue de un momento a otro. Detrás de esto hubo toda una campaña de desinformación promovida por el sector empresarial vinculado a los partidos de derecha para justificar la decisión.

Decían que, al ratificar el acuerdo, Perú tendría que ceder el 53 % de su territorio, entre otros argumentos que fueron desmentidos en su momento por especialistas consultados por Servindi.

No obstante, ningún argumento aclaratorio evitó que el 20 de octubre de 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso votara a favor de archivar la propuesta de ratificación del acuerdo.

Panorama desolador

Han pasado casi dos años desde entonces, pero lejos de cambiar la situación —como en Chile, donde se acaba de ratificar el acuerdo—, en Perú la asunción de nuevas autoridades no ha mejorado las cosas.

Si bien el actual presidente, Pedro Castillo, se comprometió en campaña a impulsar la ratificación del acuerdo, no ha hecho mucho por ello desde que asumió el poder, en julio de 2021.

Además, la decisión final sobre la ratificación o no del acuerdo sigue estando en manos del Congreso, que no se caracteriza precisamente por su preocupación en temas ambientales.

Tienes un Congreso con sectores de izquierda progresista que han perdido espacio y una élite política de derecha a la que no le interesa la protección del medio ambiente, de los derechos civiles.

Según el abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, esto último complica la ratificación del acuerdo debido a que actualmente la correlación de fuerzas políticas en el Congreso no favorece a este fin.

“Tienes un Congreso con sectores de izquierda progresista que han perdido espacio y una élite política de derecha a la que no le interesa la protección del medio ambiente, de los derechos civiles”, señala.

A ello, añade, se suma el hecho de que “gente de izquierda radical termina votando como los de la derecha, así como votaron para elegir a un Tribunal Constitucional conservador”.

Sin parlamentarios interesados en la protección del medio ambiente y con sectores que se alinean según intereses particulares, es difícil lograr la ratificación del acuerdo, apunta el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Los intereses detrás

Pero no es todo lo que juega en contra de Escazú. Para Ruiz Molleda, lo que realmente existe detrás del rechazo político hacia este acuerdo es “un lobby maderero muy fuerte”.

“Yo creo que hay muchos intereses detrás. En primer lugar, hay un lobby maderero muy fuerte, son los mismos que están detrás de esta Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL)”, dice.

El letrado hace referencia al grupo encabezado por Christian Pinasco Montenegro, que recientemente generó indignación por solicitar la derogatoria de una ley que protege a pueblos indígenas en aislamiento.

En efecto, Servindi pudo comprobar que este grupo también ha venido promoviendo la no ratificación del Acuerdo de Escazú, como parte de su agenda para lograr que se permita la explotación de recursos en territorios indígenas.
 

Elisban Ochoa (izq.), gobernador regional de Loreto firmó un pronunciamiento antiderechos indígenas junto a Christian Pinasco (der.), presidente de la CDL y condenado por corrupción.

“El discurso de este grupo es que no se les deja aprovechar estos recursos. Si uno mira eso y lee El sueño del celta de Vargas Llosa, se da cuenta que han resucitado los caucheros de la novela”, comenta el abogado.

En línea con sus intereses, el colectivo CDL ha logrado sumar el respaldo de Elisbán Ochoa, el gobernador regional de Loreto, la región amazónica más extensa del Perú.

Ochoa no tuvo ningún problema en firmar un pronunciamiento antiderechos indígenas junto al grupo encabezado por Pinasco, un ingeniero que registra una condena por corrupción, como reveló Servindi.

Este medio también ha expuesto los vínculos que tiene esta agrupación con empresarios y personajes cercanos al fujimorismo interesados particularmente en la explitación de territorios indígenas en la región amazónica.  

Defensores desprotegidos

Mientras esta mezcla de rechazo interesado impide la ratificación del Acuerdo de Escazú en Perú, líderes y defensores indígenas de la Amazonía siguen sufriendo las consecuencias de la desprotección.

De acuerdo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), catorce defensores del territorio y el medio ambiente han sido asesinados desde que empezó la pandemia, hasta inicios de mayo de 2022.

Es vergonzoso que nuestro país pase esta fecha tan importante (Día Mundial del Medio Ambiente) sin que el Acuerdo de Escazú haya sido ratificado, dice el líder kakatibo Herlin Odicio.

La lista no incluye a Jesús Antahua Quispe, Nusat Benavides de la Cruz y Gemerson Pizango Narvaez, pobladores ashéninkas asesinados el 22 de marzo de 2022 en Puerto Inca (Huánuco).

Tampoco a Ulises Rumiche, gerente de Pueblos Originarios Amazónicos de la Municipalidad Distrital de Pangoa, en la provincia de Satipo (Junín), asesinado el 19 de abril.

Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, le explicó al portal Mongabay Latam, que estos casos aún se tenían que investigar más exhaustivamente “para determinar la razón de aquellos crímenes”.

Vidas en peligro

Pero, además de las víctimas mortales, a la fecha existen muchos líderes y defensores indígenas cuyas vidas corren peligro por defender sus territorios en la Amazonía de actividades ilegales.

Uno de ellos es Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), que en más de una ocasión ha tenido que huir de su comunidad ante las amenazas.

“Estas amenazas han empezado de nuevo a ser más fuertes porque el 11 de mayo, algunas autoridades visitaron Puerto Inca (Huánuco) para la ceremonia del inicio de titulación de la comunidad Unipacuyacu”, cuenta.

Producto de este evento, las amenazas ahora se dirigen también contra el presidente de dicha comunidad, Marcelino Tangoa, y otros miembros de la jurisdicción, dice el líder kakataibo.
 

Líder indígena Herlin Odicio reclama a las autoridades la ratificación del Acuerdo de Escazú para garantizar protección del bosque y de defensores.

El 1 de junio, Servindi también difundió el llamado de más de 40 organizaciones indígenas y civiles que piden proteger a los defensores indígenas del río Cenepa, en Amazonas, amenazados por mineros ilegales.

En este caso, las amenazas se intensificaron luego de que un comité indígena detuviera en flagrante delito a 7 mineros ilegales en un acto de defensa propia ante la ausencia de autoridades.

Por toda esta situación de desprotección, al líder kakataibo Herlin Odicio le parece “vergonzoso” que el Perú llegue al Día Mundial del Ambiente sin haber ratificado el Acuerdo de Escazú.

“Es vergonzoso que nuestro país pase esta fecha tan importante sin que el Acuerdo de Escazú haya sido ratificado, muy lamentable siendo un país con un inmenso bosque amazónico”, dice.

Hacia dónde ir

Ante este panorama, el abogado Ruiz Molleda considera que es momento de empezar a observar con más interés otras alternativas jurídicas que garanticen la protección del medio ambiente.

Menciona así, la Opinión Consultiva 023, del 2017, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que denomina “el otro Acuerdo de Escazú” por sus alcances.

En esta opinión, según el letrado, se aprobaron “un conjunto de obligaciones en materia de protección al medio ambiente de cumplimiento similares y hasta más exigentes a las aprobadas en el Acuerdo de Escazú”.

El análisis de dicha opinión merecía una nota aparte, pero lo cierto es que sus alcances se vinculan fundamentalmente a los derechos de acceso a la justicia, acceso a la información y participación pública.

Estos derechos son los que, precisamente, busca garantizar el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental que el líder kakataibo Herlin Odicio espera sea ratificado más pronto que tarde.

“Nos podrán tener atemorizados, pero no nos vamos a cansar de defender nuestros territorios y exigir la ratificación del Acuerdo de Escazú. Seguiremos en ese proceso”, dice Odicio.

 

 

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