Servindi, 3 de mayo, 2023.- A pesar de la ecuanimidad del informe “Situación de Derechos en Perú en el contexto de las protestas sociales” presentado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Dina Boluarte minimizó su alcance.
En conferencia de prensa el primer ministro Alberto Otárola se jactó con descaro de que el informe no atribuye responsabilidad a ninguna autoridad del Estado.
"El informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado. No estamos ante una sentencia; solo puede sentenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos” manifestó.
“En este caso, estamos ante el reporte de un informe temático que contiene una serie de recomendaciones y que alcanzan a varios organismos del Estado", dijo Otárola, como si quedase libre de culpa.
Obviamente, el informe no podía atribuir responsabilidades a determinados funcionarios porque no es su mandato específico. Sin embargo, menoscaban que el informe podría derivar en una acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Cinismo negacionista
En esa línea, la presidenta Dina Boluarte reiteró que en su Gobierno existe un respeto a la diversidad cultural. "Esta presidenta, que viene del sur, en reiteradas veces ha señalado su respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, a nuestras costumbres”.
“En este Gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole (...) Desde que asumimos, no ha habido ningún discurso de polarización entre unos y otros, menos de división. Siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo" dijo.
"Saludo a las instituciones tutelares, que vienen cumpliendo sus labores con autonomía e independencia, que nosotros respetamos, y respetaremos sin injerencias de ningún tipo”.
“El Estado peruano lamenta las perdidas humanas. Lo reiteramos una vez más y vamos a evitar que actos similares vuelvan a ocurrir", expresó Boluarte.
No dijo que como cabeza de las Fuerzas Armadas y Policiales ella es políticamente responsable de 39 muertos por disparos de bala, según lo confirman las necropsias aplicadas a los fallecidos en las manifestaciones.
Tampoco mencionó que las investigaciones sobre los abusos de la fuerza se encuentran paralizadas y ocultó este hecho con el equipo especial conformado por fiscales sin experiencia en derechos humanos.
"Se atendió la solicitud de la Fiscalía de contar con un presupuesto adicional. El Ministerio Público ha conformado un equipo especial de Derechos Humanos, con competencia nacional, el mismo que cuenta con el apoyo técnico de las Naciones Unidas", mencionó Dina Boluarte.
Boluarte, indicó que el Estado lamenta las perdidas humanas, pero descartó que el Gobierno haya cometido ejecuciones extrajudiciales. “Rechazamos la calificación de ejecuciones extrajudiciales y de masacres”.
El informe de la CIDH concluye que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.
Se precisa que la respuesta del Estado frente a los manifestantes se caracterizó por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza.
Para ello, se basan en el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones.
Posibles asesinatos extrajudiciales
El miércoles 3, la comisionada Margarette May Macaulay, relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, señaló que se advirtió la presunta comisión de “asesinatos extrajudiciales”.
“Muchas personas se vieron lesionadas, aunque no estaban participando en las protestas. Estos hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados”.
“En el caso de Ayacucho, hubo violación de los derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico y racial. Perpetradas por agentes estatales, las muertes podrían constituir asesinatos extrajudiciales”, dijo durante la presentación.
Fundamentalismo negacionista
Entre las reacciones al informe de la CIDH no faltaron las posiciones de extrema derecha que indicaron que el informe está sesgado, hecho por la izquierda, y que no debería tomarse en serio.
También hubo rechazo a la estigmatizacion y discriminación étnico-racial la cual indicaron no existe en el país.
Este es el caso de los congresistas Jorge Montoya y José Cueto, ambos almirantes en retiro, quienes afirmaron que el informe no tiene ningún valor y los comisionados deben irse de inmediato del país.
De igual modo se expresó la congresista fujimorista Martha Moyano que no le dio ningún valor al informe por estar elaborado por gente de "izquierda".
No faltaron voces que reivindicaron el derecho a la soberanía política y que el Perú no debe permitir que extranjeros se inmiscuyan en temas que los peruanos deben resolver de acuerdo a sus leyes internas.
Condenan negacionismo
El negacismo del Gobierno que minimizó el Informe de la CIDH fue condenado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
"Condenamos el negacionismo del gobierno de Perú al descalificar el informe que la CIDH presentó sobre las graves violaciones a los derechos humanos", indicaron.
Y seguidamente, exhortaron a las autoridades "a respetar el trabajo de la CIDH, organismo de derechos humanos de la OEA, e instamos asumir sus recomendaciones".
Te puede interesar:
CIDH concluye que Estado violó gravemente DD. HH. en protestas
Foto: Wilber Huacasi/La República
Contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone sin tapujos la responsabilidad del Estado en la muerte de ciudadanos durante protestas.
Servindi, 3 de mayo, 2023.- El Estado peruano cometió graves violaciones a los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre diciembre y enero pasado. Seguir leyendo...
AÑADE UN COMENTARIO