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Piden no promulgar ley que promueve grupos armados en comunidades

Foto: La República

Organizaciones indígenas y campesinas rechazan ley que faculta a Comités de Autodefensa a adquirir armas para apoyar la labor de policía y fuerzas armadas en comunidades.

Por Renzo Anselmo

Servindi, 3 de mayo, 2021.- Las organizaciones indígenas y campesinas más representativas del país expresan su rechazo a la ley de Comités de Autodefensa aprobada por el Congreso y solicitan al Ejecutivo no promulgarla.

Sostienen que la norma es inconstitucional e inconvencional ya que promueve en territorios de comunidades campesinas y nativas una “forma de organización armada” controlada por la policía y las fuerzas armadas.

La norma, que no fue consultada, “vulnera abiertamente la autonomía y libre determinación comunal, su derecho a la función jurisdiccional y a la integridad”, señalan en un pronunciamiento publicado este 3 de mayo.

El pronunciamiento es firmado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC).

Así como por la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), entre otras organizaciones.

Rechazo a la norma

En el pronunciamiento publicado en el diario La República, las organizaciones reiteran su rechazo a la norma que fue aprobada el 22 de abril por el Pleno del Congreso.

Se trata de una ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo rural (CAD) y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana en las comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales.

Esta norma viene siendo cuestionada por las organizaciones porque no fue sometida a consulta, conforme lo exige el Convenio 169 de la OIT ante afectaciones a los derechos de pueblos indígenas.

La norma sostiene que el rol principal de los CAD es el apoyo a las fuerzas armadas y la policía en contra de ataques terroristas, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos de inseguridad ciudadana.

Bajo esta premisa, se autoriza a los CAD a adquirir armas de uso civil por compra o donación por parte del Estado o particulares.

Y se establece que pueden recibir subvenciones económicas de los gobiernos locales, regionales y nacional e incluso donaciones de los sectores privados.

Para las organizaciones, esto representa una grave violación a la autonomía y libre determinación de las comunidades, y resulta siendo inconstitucional e inconvencional.

Esto, debido a que promueve en territorios de las comunidades “una forma de organización armada”, que no es parte de su estructura orgánica y que puede ser controlada por la policía y las fuerzas armadas.

También rechazan la norma porque el reconocimiento de los CAD compite con la organización propia de las comunidades, las autoridades comunales y las rondas campesinas.

“Esto podría dar lugar a enfrentamientos internos”, indican, con la gravedad de que los CAD estarán armados y contarán con la asesoría legal del Estado si sus miembros son denunciados.

Ministerios en contra de la ley

En su pronunciamiento, las organizaciones también recogen las opiniones que los ministerios del Interior, de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos dieron antes de que se aprobara la norma.

Por ejemplo, el Ministerio del Interior señaló que la ley “no se condice con el estado de derecho” por el riesgo que podría suponer “armar” a una especie de “policia local”.

El Ministerio de Defensa, por su parte, sostuvo que la ley no es viable y de aprobarse “generaría una sobreposición de organizaciones como las Rondas Campesinas y Rondas Comunales”.

En tanto, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos apuntó que, de aprobarse la ley, se podría generar un “mercado ilícito de armas”.

Esto, resultaría siendo “muy grave” según las organizaciones, pues aumentaría la violencia en zonas donde ya existen muchos defensores y defensoras de derechos humanos asesinados.

Las organizaciones también mencionan los apuntes de la Comisión de la Verdad (CVR) que señalan que el origen de los CAD estuvo ligado a la presión y el amedrentamiento de las fuerzas armadas.

Y que, en ocasiones, los CAD fueron más allá de tareas de autodefensa en la lucha contra el terrorismo y resultaron “responsables de crímenes que deben ser sancionados”.

Por todo ello, las organizaciones exigieron al presidente de la República, Francisco Sagasti, no promulgar la norma y al Congreso, no insistir en su aprobación.

"Esperábamos una norma que fortalezca el marco normativo de la jurisdicción indígena [...] y no la creación de una organización paralela que nos enfrente, nos debilite y nos subordine a las fuerzas del orden", indicaron.

Pronunciamiento completo publicado en la página 15 de La República en la edición del 3 de mayo de 2021: 

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