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Nuevo gobierno debe garantizar derechos comunales en Lote 192

Foto: Servindi

- Exigen asegurar las partidas presupuestarias a los ministerios para que el próximo gobierno cumpla con los compromisos suscritos. 

Servindi, 3 de mayo, 2016.- A escasos tres meses de que culmine la gestión del actual gobierno, crece la incertidumbre en torno a los compromisos asumidos con los pueblos indígenas por el Lote petrolero 192, antes llamado 1AB, ubicado en la región amazónica de Loreto.

Se trata de un espacio que abarca varias cuencas y cuya población lleva más de cuatro décadas —desde inicios de los años 70— conviviendo con los impactos generados por la actividad petrolera.

Esta mañana estuvo en el Congreso de la República, Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), junto al apu de la federación Acodecospat del río Marañón, Alfonso López Tejada, y otros dos dirigentes, en una escena que se ha hecho habitual y que consiste en exigir al gobierno que cumpla su palabra. 

Ellos demandan a la actual gestión y a quienes ganen las elecciones generales del 5 de junio, cumplir con lo establecido en el acta del 10 de marzo de 2015, el cual compromete acciones en materia de remediación ambiental, titulación de tierras, estudios epidemiológicos y toxicológicos a la población, educación y proyectos de desarrollo.

A ello se suma un pedido de claridad al Estado en el tema de la consulta previa para el lote petrolero. El 2015 el Gobierno llevó a cabo una consulta que finalizó de forma abrupta por decisión arbitraria de las autoridades estatales a cargo del proceso. 

"Le estamos exigiendo al Estado consúltame, no tienes por qué firmar convenios solo", dijo hoy Aurelio Chino, en alusión a la decisión unilateral del gobierno de ceder el Lote 192, una vez vencido el contrato con Pluspetrol en agosto de 2015, a la empresa canadiense Pacific Rubiales por dos años.

Si bien las federaciones indígenas señalan una serie de incumplimientos por parte del Estado, esta semana se podría dar un paso importante si el Congreso aprueba una ley que autoriza al Ministerio de Energía y Minas suscribir un convenio con las Naciones Unidas para iniciar las primeras acciones de remediación ambiental. 

Foto: Oxfam

Al respecto, la congresista Verónika Mendoza, quien desde hace varios años acompaña a los apus en sus demandas, se mostró optimista. 

Se trata de un paso importante tomando en cuenta el fracaso de las mesas de diálogo y comisiones de trabajo que el Gobierno creó con el fin de atender las demandas históricas de los pueblos indígenas de la zona de influencia del lote, indicó. 

"Han sido 40 años de explotación petrolera que han significado ingentes recursos para el erario nacional; pero que al mismo tiempo han significado grandes problemas de contaminación, de afectación a la salud, de pérdidas de fuentes de agua y de alimentación para los pueblos indígenas", afirmó Mendoza Frish. 

Alfonso López. Foto: Oxfam

Por su parte Alfonso López precisó que en materia ambiental es urgente la descontaminación de sus ríos, quebradas y peces. 

Otra demanda igualmente importante es la asignación de más presupuesto para la titulación comunal. A la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no cumple con destinar una segunda partida presupuestaria para este propósito. 

De otro lado las demandas de las comunidades se han visto respaldadas por más de 8 mil firmas de ciudadanos de 74 países.

Cabe precisar que representantes de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Marañón y Tigre se reunieron hace algunos días con Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y Baskut Tunkak, Relator especial de la ONU sobre Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos, para exponer el caso que los aflige. 

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