Rosío Torres: la congresista “mocha sueldo” y su nexo con la deforestación

Rosío Torres, congresista de Alianza para el Progreso (APP) y su esposo Fernando Meléndez. Rosío Torres, congresista de Alianza para el Progreso (APP) y su esposo Fernando Meléndez.

No solo Fernando Meléndez, su esposo, está vinculado a la deforestación en Loreto, sino que una auxiliar suya del Congreso se reunió con actores que impulsan iniciativa contra bosques amazónicos.

Servindi, 3 de abril, 2023.- La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Rosío Torres, cuestionada por recortar indebidamente el sueldo de sus trabajadores, tiene vínculos con actores de la deforestación de la Amazonía.

Su esposo Fernando Meléndez, exgobernador de Loreto, es investigado por favorecer a compañía de empresario acusado de deforestación, y su auxiliar del Congreso se reunió con actores que impulsan iniciativa contra bosques amazónicos.

Esposo investigado

Fernando Meléndez, el esposo de la hoy nuevamente cuestionada congresista Rosío Torres, fue gobernador regional de Loreto (2015-2018) y congresista por APP (2020-2021), el partido de César Acuña.

Al 2022, registraba 156 investigaciones (102 archivadas y 54 en trámite) por diversos delitos, además de otros seis casos con acusación fiscal por abuso de autoridad, omisión de funciones, negociación incompatible y otorgamiento ilegal de derechos, según OjoPúblico.

Este último caso es por permitir cuando era gobernador que la empresa Cacao del Perú Norte (hoy Tamshi SAC), fundada por el empresario investigado por deforestación Dennis Melka, desarrolle sus actividades pese a tener una orden de paralización.

Su hermano Jorge Meléndez —cuñado de la parlamentaria Torres— también registraba para entonces tres investigaciones penales en curso en Loreto y San Martín por los delitos de usurpación agravada, depredación ecológica y falsedad genérica.
 

Fernando Meléndez fue captado bailando y tomando en Iquitos el 14 de noviembre de 2020, día en que dos jóvenes fallecieron en protestas contra el gobierno de Manuel Merino.

Reunión cuestionada

Pero no es todo. En enero de 2023, el portal OjoPúblico también reveló que congresistas que impulsaban la debilitación de la Ley Forestal se reunieron con actores vinculados a la deforestación.

Una de ellas fue Rosío Torres quien, a través de su auxiliar Nathali Rubio Yllatopa, se reunió con líderes menonitas investigados por deforestación y una representante de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), que desconoce a los pueblos indígenas aislados.

La reunión se dio el 9 de noviembre de 2022 y participaron Salvith Ojanama, de la CDL, así como Isaac Zacharias Klassen, Peter Dyck, Abraham Neufeld Friesen, entre otros personajes.

Zacharias es representante legal de la Asociación colonia menonita cristiana agropecuaria Masisea, en Ucayali, investigada por la Fiscalía por ocupar irregularmente 2.000 hectáreas y deforestar bosque primario.

Mientras que Dyck y Neufeld son jefes de Providencia y Wanderland, colonias menonitas del centro poblado Tierra Blanca, en Loreto. El primero afronta, además, un proceso por el delito contra los bosques.

El peligro de que la iniciativa que debilita la Ley Forestal se apruebe —razón por las que se dieron estas reuniones—, sigue latente ya que el Congreso verá una reconsideración sobre el tema este 4 de abril.
 

Los menonitas son un grupo religoso investigado por deforestación en la Amazonía peruana. Foto: EFE/ David Diaz Gonzales

Cuestionamientos pasados

Esta no es la primera vez que la congresista Rosío Torres se ve envuelta en una polémica, que ahora es por presuntamente ordenar el recorte de sueldos de sus trabajadores en el Congreso indebidamente.

En 2021, la congresista que integraba la Comisión de Ética, fue cuestionada porque su padre Cirilo Torres Pinchi, aparecía en la lista de los más buscados de la Policía y se ofrecía S/ 20 mil por su ubicación.

Torres es acusado de apropiarse de manera ilícita de más de S/ 15 millones de la Dirección Regional de Loreto en 1998, tiempo en que era funcionario público de la entidad. Hoy sigue como no habido.

En junio de 2022 volvió a ser criticada luego de que, gracias a su voto dirimente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que presidía archivara la denuncia constitucional contra Manuel Merino por las muertes de Inti y Bryan.

Tras el último incidente, Torres fue separada de la Comisión de Ética, la Procuraduría General de la República la denunció por delito de concusión y solicitó a Fiscalía de la Nación iniciar las diligencias del caso.

 

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