Gobierno de Perú en la mira de los procedimientos especiales de la ONU

Si el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otórola pensaban que podían abusar impunemente de los derechos humanos de pobladores indìgenas y campesinos se equivocaron. Los mecanismos especiales de las Naciones Unidas se han activado. El pedido de información con un plazo de 60 días puede dar lugar al inicio de procesos que identifiquen responsabilidades políticas del más alto nivel.    

Servindi, 3 de marzo, 2023.- El 24 de febrero se inició el plazo de 60 días para que el gobierno peruano responda a la solicitud de información formulada por dos grupos de trabajo y seis relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

La información solicitada concierne a hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Asimismo, la estigmatización de la protesta, acoso y “terruqueo” a defensores de derechos humanos y periodistas, así como uso abusivo del término “terrorismo”.

En comunicación reservada la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos pide al gobierno peruano proporcionar información precisa sobre las investigaciones sobre las muertes que se han producido durante las manifestaciones.

De igual modo, pide conocer sobre las medidas que el gobierno ha adoptado "para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica".

El mensaje del Alto Comisionado se entregó al Representante Permanente de Perú ante las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra, Embajador Luis Chuquihuara.

 

Procedimientos especiales que solicitan la información

  • Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria.
  • Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
  • Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
  • Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
  • Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
  • Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
  • Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
  • Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. 

 

También solicita detalles sobre "las políticas vigentes y los programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza" en manifestaciones, medidas adoptadas para garantizar el debido proceso, las facultades otorgadas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en las protestas; entre otro aspectos más.

"A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas", expresan.

Cabe detallar que el documento contextualiza lo ocurrido en Perú desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en que Dina Boluarte asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo.

En esa línea mencionan que "se ha recibido información de que la situación de vulnerabilidad de personas del sector campesino y de pueblos indígenas ha incrementado".

Mencionar haber recibido información de que "los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes”.

En el oficio también indican que de acuerdo a los informes de autopsia y análisis forenses "todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala" y que en seis personas fallecidas "se habrían detectado restos de municiones de fusil AKM".

Asimismo, el mensaje del Alto comisionado de la ONU agrega que se reportó que la "respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar 'en guerra'.

Ese discurso “califica a las personas que protestan como 'enemigos' o terroristas', lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas".

"Nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejerzan su derecho a la reunión pacífica", apunta el oficio de la ONU.

Finalmente, recalcan que "es deber del Estado, desde todos sus poderes e instituciones, asegurar a todas las personas la posibilidad de expresarse pacíficamente sus opiniones sin ningún temor, así como de ejercer sus derechos de libertad de asociación y reunión".

 

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