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¿Cómo liberar a un jaguar en Perú?

Oritia cuando era trasladada hacia Pilpintuwasi. Foto: Gudrun Sperrer.

En Perú rescatar a un jaguar es una tarea costosa. Los esfuerzos para liberar a esta especie constituyen una tarea aún más complicada. Los centros de rescate enfrentan retos en medio de una pandemia que dificulta su principal forma de financiamiento. La normativa local impide combatir este crimen desde sus bases y con ello abre la posibilidad al surgimiento de enfermedades zoonóticas.

Por Camila Alomía

4 de marzo, 2022.- El jaguar es el felino más grande de América y el mayor depredador de la cuenca del Amazonas; sin embargo, una cría no puede sobrevivir dos semanas sin la alimentación adecuada. Esto fue lo que le pasó al hermano de Oritia, la jaguar que vive en el Centro de Rescate Pilpintuwasi, en Loreto, Perú.

Oritia llegó en junio de 2020 con dos semanas de vida, una neumonía y problemas estomacales. Su hermano murió a la espera de ayuda especializada. Ambos animales quedaron huérfanos porque su madre fue sacrificada por un grupo de hombres tras atacar a una persona que se acercó a sus cachorros, en San Pablo de Huashalao, Iquitos.

Oritia cuando llegó a Pilpintuwasi. Foto: Pilpintuwasi.

Como superviviente, la jaguar necesitaba leche de gato cada cuatro horas y ser trasladada durante toque de queda cada vez que necesitaba ser atendida por una veterinaria, en aquellos días de cuarentena por la pandemia del COVID-19.

A pesar de todo, Oritia ya tiene más de un año y necesita una jaula más grande ante la imposibilidad de ser liberada pronto.

De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para 2022, hay 126 centros de crianza animal en cautividad —entre centros de rescate, centros de conservación, centro de custodia temporal, zoológicos y zoocriaderos— en Perú. A estos espacios llegan animales hallados o decomisados del tráfico ilegal, un delito transnacional que moviliza 442 especies traficadas diariamente en el país, según la misma institución.

Actualmente, en medio de una pandemia que habría sido originada por un virus transmitido de un animal a seres humanos, existen pocas herramientas para combatir de forma efectiva el tráfico ilegal de fauna silvestre —un crimen organizado no reconocido como tal por la ley peruana—. En estas circunstancias, el surgimiento de enfermedades zoonóticas representa una amenaza latente.

Depredador vulnerable

“Estaba en la fila del banco cuando se me acerca un joven y me dice: ‘Señora Gudrun, ¡qué bueno que te encuentro! ¿No puedes rescatar dos otoronguitos?’”, relata Gudrun Esperrer, dueña del centro de rescate Pilpintuwasi. “Cómo los voy a rescatar, si ya tengo uno”, fue lo primero que pensó, pero de inmediato se comunicó con las autoridades para hacer las coordinaciones necesarias.

Conocidos en el Perú como otorongos, dos crías de jaguar estaban desamparadas tras la muerte de su madre en San Pablo de Huashalao, un centro poblado ubicado cerca de la boca del río Nanay en su intersección con el Amazonas. Tenían pocos días de vida y, en ese momento, uno era cuidado por el brujo del pueblo y otro por el teniente de la comunidad.

Sin importar que sea una especie en peligro de extinción o un animal central en la cosmovisión de culturas ancestrales de Perú y países en Latinoamérica como México y Guatemala, la madre de los jaguares fue asesinada por un grupo de hombres tras atacar a un niño de 14 años que intentaba acariciar a sus bebés.

“La madre defendía a sus crías, no le hubiera costado ningún esfuerzo matar a ese muchacho, pero él solo tenía tres rasguños grandes en su brazo. Corrió hacia el centro poblado diciendo que un otorongo lo había atacado y entre 8 o 10 hombres mataron a machetazos al pobre animal”, relata la dueña de Pilpintuwasi.

En el Perú, cuando un animal silvestre es encontrado o decomisado de la venta ilegal, lo primero que se debe hacer es avisar al Serfor o al organismo que cumpla su función en la región. En Loreto, la autoridad correspondiente es la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (Gerfor).

Perezoso decomisado por Serfor. Foto: WCS.

Según el Reglamento para la gestión de fauna silvestre, los especialistas de la entidad autorizada son quienes deciden a dónde enviar al animal, de acuerdo con la condición en la que se encuentre, ya sea a un centro de rescate, un zoológico, un zoocriadero o un centro de conservación.

“Estos son centros de custodia donde la autoridad deriva a las especies que son decomisadas o encontradas. Son evaluadas por especialistas, quienes determinan su estado de salud y las condiciones en las que están”, explica Ana Gallegos, especialista que integra la iniciativa Especies de Wildlife Conservation Society (WCS) en Perú, organización internacional que trabaja en iniciativas dedicadas a la salud de vida silvestre desde 1902.

“Cada caso es único, puede haber hallazgos en los que el animal acaba de ser capturado del medio silvestre, lo cual aumenta las probabilidades de que pueda ser liberado. También hay animales que son decomisados en su destino final, en la casa de una persona o en un mercado y que ya llevan cierto tiempo interactuando con las especies domésticas y con el ser humano. Eso complica el proceso de rehabilitación que puedan necesitar”, detalla.

El día que encontró a Oritia y a su hermano, Gudrun comunicó la situación al veterinario responsable de la Gerfor, quien dijo que ellos se encargarían de la situación. Dos días después, el joven que le dio la noticia del hallazgo de los jaguares volvió a llamarla para decirle que uno de ellos había muerto y las autoridades aún no llegaban a atender el caso. Solo sobrevivía el jaguar hembra.

La rescatista tuvo que retomar comunicaciones con la Gerfor e ir, al día siguiente, a la oficina de la entidad para registrar al animal y avisar que ya estaba bajo el seguimiento de un veterinario.

“Señora, ¿dónde están la piel y los colmillos de la madre?”, fue lo primero que le preguntó el biólogo que la atendió, expresa Gudrun, quien no sabía la respuesta.

La venta de colmillos de jaguar es uno de los principales motivos para la captura y asesinato de esta especie, según información de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A partir de informes presentados por los Estados dentro del área de distribución del jaguar, además de algunos países externos, la institución señala que los colmillos fueron las incautaciones más comunes en los últimos años, seguidas de animales vivos y pieles. Los colmillos se usan como joyas que representan estatus o como amuletos espirituales, mientras que las pieles se utilizan como tapices decorativos o para confeccionar trajes tradicionales.

Piel de jaguar en un restaurante turístico en Iquitos. Foto: Camila Alomía.

No obstante, la principal amenaza de la especie es la disminución de su territorio: los bosques de 18 países latinoamericanos, desde México hasta Argentina; y algunas zonas de Estados Unidos, El Salvador y Uruguay, donde está prácticamente extinta, señala la World Wildlife Fund (WWF). Ambas amenazas están relacionadas, pues la pérdida de su hábitat lleva al animal a acercarse a las poblaciones humanas en búsqueda de comida, donde puede ser cazado.

Cabe mencionar que en el ranking de países con mayor pérdida de bosques tropicales primarios en el mundo durante las últimas décadas figuran Brasil, Bolivia, Perú y Colombia, según World Resources Institute (WRI). Proporcionalmente a ello, la población de jaguares está en decrecimiento según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Ante su situación crítica, a lo largo de los años se han creado diversas acciones para promover la conservación de la especie, lideradas por organizaciones transnacionales como WCS, WWF, Panthera y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Una de ellas es el Plan Jaguar 2030, iniciada en 2018, la iniciativa convoca a 14 países latinoamericanos a la preservación del hábitat natural de la especie y con ello a su protección.

Desde Perú, durante el Día Internacional del Jaguar, conmemorado cada 29 de noviembre, en 2020 el Serfor expresó a medios de comunicación oficiales que Perú registra la segunda población más grande de la especie y anunció la elaboración de un plan nacional de conservación del jaguar que posiblemente sería publicado en 2021. Sin embargo, no se ha anunciado la publicación hasta la actualidad.

Centros de emergencia

“La idea era liberarla algún día. Hicimos una jaula grande de 100 metros cuadrados, cubierta por una tela negra en los alrededores para evitar que vea a otras personas. Al comienzo, tuve que darle leche cada cuatro horas con biberón, así que conmigo se ha acostumbrado, pero no vio a nadie más”, detalla Gudrun sobre la llegada de la pequeña jaguar a Pilpintuwasi.

Gudrun y Oritia en Pilpintuwasi. Foto: Pilpintuwasi.

Este centro de rescate se caracteriza por evitar la interacción de los humanos con los animales, debido a que, si alguna vez logran ser liberados, tienen que saber que hay muchos en el exterior que pueden cazarlos. Por ello, cuando se ingresa al lugar, que tiene 20 hectáreas, las personas visitantes atraviesan un túnel enrejado para poder ver a los animales alrededor, algunos libres, como los monos, y otros en compartimentos cerrados. Por su parte, la jaula de la jaguar está alejada de la vista de los visitantes.

“A partir de los tres meses le dábamos pollos vivos y el animalito sabía no solamente matarlos sino comerlos. Esas son las mejores bases para liberarle, según el centro de reintegración en Argentina con el que me contacté, porque acá no hay centros de liberación”.

Gudrun se comunicó con el proyecto Iberá de la Fundación Rewilding de Argentina, una institución que en enero de 2022 logró la reintroducción del primer jaguar macho en el Parque Nacional Iberá.

La rescatista se mantuvo en contacto con el centro, pero el problema apareció cuando le pidieron el ADN para determinar los rasgos de la especie con exactitud, ya que los jaguares tienen ocho subespecies reconocidas. “En Perú no hacen exámenes de ADN para jaguares en ninguna parte, tenía que enviar el examen a Brasil y era muy costoso”, relata la dueña de Pilpintuwasi.

La posibilidad de una futura liberación parecía cada vez más difícil cuando le dijeron que según las leyes no permiten trasladar a una especie de una categoría de peligro de extinción fuera del país donde se encuentra. “Lo curioso es que sí se puede trasladar a un animal fuera de Perú si es que es hacia un zoológico”.

El jaguar está incluido en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Ilegal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites) desde 1975, el convenio señala que el comercio de esta especie solo se autoriza bajo circunstancias excepcionales, pero no especifica acerca del traslado con fines de liberación.

Pedro, jaguar de 22 años en Pilpintuwasi. Foto: Pilpintuwasi.

Además, el artículo 66 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre señala que los especímenes de centros de conservación que no califiquen para su reintroducción pueden ser transferidos a zoológicos y otros centros de conservación, con previa autorización del Serfor. Lo que no indica es si este traslado se puede aplicar con fines de liberación.

A diferencia de los zoológicos, que también acogen animales rescatados del tráfico ilegal, los centros de rescate tienen como principal misión la recuperación de condiciones de salud y bienestar de los animales, procurando su reintroducción en su hábitat natural. Así está contemplado en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Sin embargo, lograr que un animal rescatado pueda volver a ser libre es un proceso complicado que exige cumplir varios requerimientos.

Primero, “debe descartarse una serie de enfermedades dependiendo de la especie para determinar que el animal no presenta una enfermedad que pueda afectar a las poblaciones silvestres libres”, explica Jannet Cisneros, especialista en conservación y manejo sostenible de fauna silvestre del Serfor.

“También es sumamente importante el tema genético. Asegurarnos de que el espécimen que vaya a ser liberado corresponda al lugar donde se va a liberar, tener certeza del lugar de extracción para evitar hibridación en las poblaciones”, agrega.

Asimismo, Gallegos de la WCS explica que cuando se trata de especies rescatadas del tráfico necesitan pasar por un largo proceso de rehabilitación para recuperar la integridad de su salud, ya que atravesaron distintas etapas hasta lograr ser rescatadas. Algunas no lo logran del todo. A los centros de rescate pueden llegar aves con alas cortadas o sin pico, así como mamíferos con diversas heridas o mutilaciones producto de la captura.

“En el caso de las crías, sacadas de muy temprana edad del seno de su madre, necesitan pasar por un proceso distinto. Además de recuperarse, deben aprender las costumbres propias de su especie: aprender a socializar antes de poder ser consideradas como candidatas para la liberación”, expresa.

Oritia en la actualidad. Foto: Pilpintuwasi.

Ya han pasado un año y ocho meses desde que Oritia llegó a Pilpintuwasi. Pudo recuperarse de su neumonía tras nebulizaciones y gracias a atenciones médicas. “Es muy buena cazadora y ya tiene 70 kilos, ya está grande y es lindísima, es una pena pensar que va a estar toda su vida en cautiverio”, lamenta Gudrun.

Oritia fue el nombre que le dio un señor que se ofreció a colaborar con el pago de la leche durante los primeros meses. “Dijo que era el nombre de una reina de la mitología griega”, comenta Gudrun.

Cada lata de leche para cría de jaguar costaba 130 soles (alrededor de 35 dólares). Los primeros meses, un envase duraba una semana. “Después duraba dos días y empezó a comer más, también necesitaba vitaminas que son costosas porque la mayoría eran del extranjero”.

Ahora, la jaguar come alrededor de 4 kilos de carne roja al día y ya ruge. Gudrun comenta que está empezando a comunicarse con el otro jaguar del centro de rescate que ya tiene 22 años. Pedro, el primer jaguar acogido en el lugar, fue uno de los primeros animales que albergó Pilpintuwasi, un centro que inicialmente iba a ser un mariposario y terminó acogiendo a alrededor de 90 animales rescatados del tráfico ilegal.

Debido a los costos de alimentación y medicina, a lo que se suma la disminución de ingresos por falta de visitantes a partir de la pandemia por el COVID-19, el centro de rescate se vio impulsado a pedir la colaboración de sus seguidores en redes sociales para conseguir una jaula más grande para Oritia que crecía cada vez más.

“Las instalaciones tienen que ser de un material que dure en el tiempo para que el animal no pueda huir mediante un salto. En la selva llueve mucho y, por ejemplo, si haces una instalación de madera, después de mucho tiempo, el animal se podría escapar”, explica el veterinario zootecnista Jesús Pisco, que tiene seis años de experiencia apoyando diversos centros de custodia de fauna silvestre.

Centros sin rescate

Uno de los cuidadores de Pilpintuwasi durante una guía para visitantes. Foto: Camila Alomía.

“Durante la pandemia, muchos centros de rescate que vivían de los ingresos de los visitantes o de voluntarios que van a apoyar se vieron en la necesidad de pedir ayuda para poder mantener las especies bajo su custodia”, señala Ana Gallegos, quien además indica que no hay un centro estatal de este tipo en Perú. Todos son particulares y subsisten con el apoyo de donaciones y el costo de las visitas.

Según información publicada por Serfor en medios oficiales, en 2020 se registraban 143 centros de crianza en cautividad en el país, de los cuales 14 eran centros de rescate.

“No es por exagerar, pero la situación sí era bastante complicada. No toda la comida sale de la tierra. Además, los animales también necesitan medicinas e incluso algunos necesitaban oxígeno para ciertos tratamientos y los precios de tanques de oxígenos volaron”, comenta Jesús Pisco, quien durante la cuarentena continuó con sus labores como veterinario en el Centro de Rescate Amazon Shelter.

El cierre del turismo a partir de las medidas implementadas para evitar contagios durante la pandemia, provocó serias dificultades en los centros de cautiverio para alimentar a los animales. Cada uno les pedía apoyo a las autoridades forestales de sus regiones, hasta que decidieron elaborar una carta al Serfor para pedir ayuda en conjunto, según relata Gudrun. Eran más de 100 entre centros de rescate y zoológicos quienes firmaban.

Como recuerdan quienes lo elaboraron, el documento decía que si no recibían apoyo hasta fines de abril iban a dejar a los animales en las sucursales de la entidad en cada región. Posteriormente, Serfor publicó una resolución donde señalaba que brindaría apoyo financiero a los centros de cría en cautividad.

Ocelote en Pilpintuwasi. Foto: Camila Alomía.

“Luego, un problema fue que exigían boletas de las compras de alimentos para animales y eso es algo que no te dan en el mercado de Belén (Iquitos) que es donde compro la comida la mayoría de las veces porque es más barata”, expresa la fundadora de Pilpintuwasi.

Otra de las medidas para apoyar a los centros de cría en cautividad también fue la creación de la campaña Ellos también nos necesitan, promovida por el Serfor y el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe), anunciada el 5 de abril de 2020: la iniciativa consistió en pedirles donaciones a las personas por medio de una cuenta, después los recursos se repartieron entre los 143 centros.

Animales y virus

El tráfico ilegal de animales silvestres provoca diversos impactos negativos, más allá de la pérdida de animales y daños a los ecosistemas naturales donde cumplen roles importantes hasta que son extraídos. La WWF explica que también es una amenaza para la salud humana en su publicación Pérdida de naturaleza y pandemias. Un planeta sano por la salud de la humanidad.

“Desde que un animal es extraído de su hábitat hasta su destino final, que puede ser un consumidor, una tienda o una colección privada pasa por distintos procesos, como la captura, el transporte o los intermediarios, donde el riesgo de transmitir virus hacia humanos o a otras especies es permanente”, explica la especialista Ana Gallegos de WCS.

Gallegos señala que los animales silvestres poseen ciertos patógenos propios de su especie que les permiten regular ciertos aspectos de su metabolismo u otras funciones biológicas y no causan enfermedades en situaciones naturales. Sin embargo, las condiciones a las que están sometidos y el alto nivel de estrés que experimentan durante la cadena del tráfico influyen para que esto cambie.

“Podemos ver aves en botellas, ranas en cajas diminutas, aves con alas cortadas o animales con mutilaciones… Todos estos factores ocasionan que las defensas de estos individuos disminuyan y que microorganismos que usualmente no causan daño puedan volverse patógenos”, detalla.

Actualmente no hay un estudio en Perú que agrupe cuáles son las enfermedades zoonóticas relacionadas al tráfico ilegal de animales. Pero sí hay investigaciones específicas sobre bacterias y virus que pueden ser transmitidos a humanos desde ciertas especies, afirma la especialista. Según WCS, se han detectado 17 enfermedades relacionadas y entre ellas están la salmonelosis, la rabia y el herpes.

La cifra es señalada en la plataforma Si compras eres cómplice, creada por WCS como parte de las acciones de la Estrategia nacional para reducir el tráfico ilegal de animales silvestres en el Perú 2017 – 2027 liderada por el Serfor y publicada en 2017. Esta campaña tiene entre sus pilares la difusión de información para promover que cada vez menos personas compren especies silvestres para tenerlas de mascotas.

Monos recuperados del tráfico ilegal. Foto: WCS.

Respecto a ello, Ana Gallegos indica que, aparte de aves como los loros, las crías de animales mamíferos son altamente demandadas, lo que ocasiona el asesinato de las madres para obtenerlas. Además, está el riesgo del contagio por rabia que está presente en todos los animales de sangre caliente, explica la especialista. Sin embargo, tampoco es indispensable una interacción directa para contagiarse de una enfermedad zoonótica.

“Por ejemplo, la salmonella, Vibrio cholerae o parásitos como Balantidium fueron aislados en ranas en género Telmatobius, que son traficadas para consumo humano, y estos microorganismos son potencialmente zoonóticos para las personas, generan enfermedades gastrointestinales”, indica.

El extracto de rana, por ejemplo, es vendido en varios lugares de Lima y el Perú por la creencia de sus propiedades curativas, pero no hay estudios científicos que evidencien sus efectos medicinales.

El estudio The costs and benefits of primary prevention of zoonotic pandemics alerta del alto costo que ocasionaría no prevenir una futura pandemia. Publicada en la revista Science en febrero de 2022, la investigación fue elaborada por 21 autores de diversas universidades y centros de estudio de países como Brasil, China y Estados Unidos.

“Los seres humanos tienen un amplio contacto con la fauna silvestre que se sabe que alberga un gran número de virus, muchos de los cuales aún no han pasado a los humanos”, se indica.

“El comercio de animales silvestres atrapa por sí solo a una cuarta parte de todas las especies de mamíferos, incluido un alto porcentaje de roedores, murciélagos y primates, que albergan una gran diversidad de zoonosis víricas”, agrega el documento.

La publicación además resalta que para prevenir la aparición de otra pandemia por zoonosis es necesario mejorar la vigilancia vírica y los datos sobre el comercio, ya que la data actual suele ser escasa o poco fiable para evaluar cuantitativamente el riesgo de enfermedades zoonóticas.

Crimen organizado

El tráfico de vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo, luego del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, que pone en peligro la biodiversidad y la salud pública, resalta el ABC del Tráfico de vida silvestre, publicación del Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).

La venta ilegal de fauna silvestre moviliza, a nivel mundial, entre 7 mil y 23 mil millones de dólares anualmente, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Mientras que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), entre 1999 y 2018, se traficaron alrededor de 6 mil especies, lo que involucró a traficantes de 150 nacionalidades distintas.

Por su gran biodiversidad, Perú es uno de los puntos claves para este crimen. Ante ello, las autoridades han realizado algunas iniciativas para combatirlo, como por ejemplo la creación de la estrategia nacional para reducir el tráfico ilícito de vida silvestre, con un plan de acción del 2017 hasta 2022, donde participaron 35 instituciones y organizaciones lideradas por el Serfor.

“Hablando de siete años atrás, no era tan tangible este crimen. Ahora, y ese es un logro importante que le atribuimos a la estrategia, está la sensibilización a la población. Esa era una de las tres líneas de acción de la estrategia”, expresa Jannet Cisneros. Como especialista del Serfor encargada de administrar la implementación de esta estrategia, indica que su avance alcanza el 62 %.

Cisneros señala que hasta 2022 se continuarán realizando actividades del plan, que tiene entre sus pendientes la creación de dos centros de rescate a nivel nacional. Están planificados uno en Lima y otro en la Amazonía del país, con expedientes técnicos iniciados en 2019 que se vieron interrumpidos por la pandemia del COVID-19 en 2020.

Decomiso de aves botón de oro. Foto: Serfor.

Como parte de las acciones de sensibilización y difusión de información de la estrategia, tras el éxito de la campaña Si compras eres cómplice, actualmente la WCS ha iniciado la campaña El tráfico está en todos lados junto a la Alianza por la fauna silvestre y los bosques y Lima Airports Partners (LAP) y con financiamiento de la Unión Europea.

Las otras líneas de acción abordan la aplicación estricta de la ley y la implementación de alianzas con países transfronterizos para una mejor vigilancia y control. No obstante, hay retos en la lucha contra este delito que se incrementó durante la pandemia; por ejemplo, aumentó la venta de animales por internet, una modalidad difícil de controlar debido al anonimato y el alcance internacional.

“Lo que vemos es que hay un trabajo importante de las fiscalías ambientales, pero solamente pueden investigar lo que está dentro de sus competencias; es decir, si es un fiscal ambiental de Amazonas, solamente puede investigar tráfico de animales en Amazonas, pero muchos de estos delitos demandan varias regiones o incluso trascienden del país”, expresa el abogado especialista en temas ambientales César Ipenza.

Ante otras limitaciones como esta, desde 2019 se presentaron cinco propuestas legislativas con el objetivo de modificar la Ley de Crimen Organizado, de modo que se pueda incluir al tráfico de vida silvestre en la normativa. Esto también le permitiría al Estado peruano cumplir con la Declaración de Lima de 2019, donde se comprometió, junto a otros países, a hacer los cambios normativos necesarios para regular este crimen con las herramientas de dicha ley.

“Lo que se pretende con estas iniciativas es que estos delitos de tráfico de vida silvestre tengan un tratamiento distinto como lo tiene la minería ilegal y la tala ilegal actualmente, que permite que nuestros jueces, nuestros fiscales y la policía utilicen herramientas y técnicas distintas para investigar y sancionar”, explica Ipenza.

“Por ejemplo, se podrían interceptar comunicaciones, el uso de agentes encubiertos, mayores penas, porque ya no estamos hablando de cualquiera que trafica un animal, sino que se trata de una organización criminal que utiliza redes distintas para cometer estos delitos y hacer algo más grave”, detalla.

Además, el especialista en derecho ambiental señala que esto permitiría fortalecer la cooperación internacional para el intercambio de información y control de las cadenas de tráfico.

Desde Serfor, Cisneros señala que se apoya el reconocimiento del tráfico de vida silvestre como crimen organizado. Esto, menciona, se tendrá en cuenta en la elaboración del nuevo plan de acción 2022 – 2027 de la estrategia nacional para combatirlo, un trabajo pendiente que se desarrollará este año. Además, la especialista indica que propondrán un mayor refuerzo para abordar el tema de enfermedades y la venta por internet.

El reconocimiento del tráfico ilegal de animales como crimen organizado abriría nuevas posibilidades para que se pueda combatir desde las bases a este problema que es un peligro para los animales, la salud humana y la conservación de la biodiversidad. Asimismo, la creación de los dos nuevos centros de rescate estatales brindaría una oportunidad para que especies recuperadas tengan un lugar a dónde llegar, aunque su permanencia en cautiverio no sería lo ideal.

Por su lado, la jaguar Oritia continúa sus días bajo el cuidado de Gudrun, evitando el contacto con los humanos que marcaron su destino y de quienes depende para poder conseguir una jaula más grande. De no percibirse ninguna posibilidad de regresar a su hábitat natural, ocultarse de los visitantes ya no tendrá sentido.

 

*Esta historia fue elaborada por Camila Alomía Zamudio en el marco del Curso de periodismo científico Vientos Alisios, conocimiento colectivo, un proceso de formación que permitió un primer acercamiento al periodismo científico para periodistas, comunicadores y comunicadoras de medios locales en Ecuador, Colombia y Perú.

Vientos alisios es un proyecto de DW Akademie financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo en el marco de la iniciativa “Transparencia y libertad de los medios de comunicación – Resiliencia ante la crisis en la pandemia mundial”. Vientos Alisios se realiza con el apoyo de la Alianza Ríos Voladores.

Esta historia también está disponible en el sitio web de Vientos Alisios www.vientosalisios.net

 

 

 

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