Ante la crisis política exigen salida democrática y constitucional

Ante la crisis política exigimos una salida democrática y constitucional

• El presidente Castillo debe aclarar las acusaciones de corrupción.
• Un gabinete plural y paritario.
• El Congreso debe cesar de vulnerar la institucionalidad democrática.

Frente a las graves acusaciones de corrupción que involucrarían al presidente de la República, a su entorno más cercano, así como a altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo; y, frente a las interpretaciones antojadizas que se hacen de la Constitución vulnerando derechos y profundizando las desigualdades estructurales, denunciamos que:

• La situación de criminalización de las personas defensoras del derecho a la tierra y territorios se agrava. En esto, Legislativo y Ejecutivo tienen un pacto de impunidad expresado en leyes que favorecen el tráfico de tierras y el despojo de territorios. Así, la Ley 31056 extendió el plazo para formalizar “propiedades informales” hasta el 2026. Igualmente, el proyecto de ley 1236/2021-CR, afecta zonas arqueológicas o el proyecto de COFOPRI que pretende titular lotes en zonas de riesgo a sola firma del beneficiario y bajo la responsabilidad de la mitigación.
• La colaboración eficaz, herramienta para investigar graves crímenes, está amenazada por componendas entre las distintas agrupaciones políticas para debilitar el sistema anticorrupción. Existen iniciativas legislativas que pretenden limitar su eficacia y obstaculizar el periodismo de investigación.
• Se intenta implementar una intervención de las fuerzas de seguridad que no responde a los estándares de derechos humanos, es decir, sin respetar la proporcionalidad, legítimidad y necesidad en el uso de la fuerza. Esto se evidencia, en el proyecto de ley 1373, que pretende eludir la responsabilidad penal, al plantear su procesamiento en el fuero militar y no en el fuero civil, pretendiendo el retorno a la impunidad corporativa de los años noventa y al negacionismo de las violaciones de derechos humanos. En plena crisis de inseguridad ciudadana se mantiene en la cabeza del sector a una persona con denuncias por abuso de autoridad y corrupción, dejando de lado el compromiso de reforma institucional adoptada después de la violencia policial del 2020.
• La salud pública se encuentra en serio peligro ante el nombramiento de personas poco idóneas para el cargo, que no garantizan la universalidad del derecho a la salud, con regulaciones, intervenciones y prestaciones basadas en el desarrollo científico para todos los niveles de atención. Es indispensable que la autoridad del sector tenga la experiencia y competencias necesarias y una trayectoria libre de corrupción.
• Enfrentamos una institucionalidad democrática cada vez más debilitada por las continuas amenazas a su legitimidad y por los intentos de copar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo con personajes altamente cuestionados. Además, por la conformación de un gabinete, y la alta dirección de los sectores, con criterios cada vez más lejanos a la paridad y a una cultura respetuosa de la igualdad, contraria a la discriminación, al sexismo, al racismo y a la homolesbotransfobia.

Ante lo señalado, demandamos:

• Que, se acuerde una salida democrática constitucional a esta crisis política producida por la inútil disputa en las altas esferas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, de espaldas a la población y sus necesidades. Alertamos que el desencanto y la indignación ciudadana van en aumento.
   
• Que, el presidente de la República deslinde inmediatamente de las acusaciones de corrupción directa e indirecta, difundidas por la prensa, producto de las declaraciones de una aspirante a colaboradora eficaz.
   
• Que, se conforme un gabinete plural y paritario que defienda los derechos humanos, solucione las necesidades de la población, alejado de la corrupción.
   
• Que, el Congreso desista de debilitar la institucionalidad democrática con interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales y propuestas vulneratorias de derechos. Recalcamos que ambos poderes deben respetar el marco institucional de los derechos humanos en su dimensión de universalidad, integralidad y no regresividad.
   
• Recordamos finalmente, que existe la prohibición de no regresión de los derechos humanos, y si ello ocurriera, acarrearía responsabilidad del Estado peruano ante los tribunales internacionales.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.                               

Lima, 03 de marzo de 2022.