La minería ilegal en Ecuador y Perú es un fenómeno preocupante que afecta tanto a las comunidades locales como al medio ambiente. En el norte de Perú, los enfrentamientos entre comuneros y los mineros ilegales en el distrito de Namballe (Cajamarca) podrían tener consecuencias devastadoras que van más allá de lo económico, afectando tanto el medio ambiente como la vida cotidiana y la seguridad de las personas que viven en estas áreas.
Por Cristian Rodríguez y Caterine Rosales*
Servindi, 3 de julio, 2024.- La minería ilegal es un problema que trasciende fronteras. En Namballe, distrito ubicado en la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, al norte del Perú, las rondas campesinas por un lado y los mineros por el otro protagonizan un complejo entramado social, económico y político. Una verdadera bomba de tiempo a punto de detonar.
En medio de la falta de supervisión del Estado, la comunidad se divide entre aquellos que trabajan en la minería informal como una forma de sustento para sus familias y vía para salir de la pobreza; y los que se oponen a estas actividades ilícitas argumentando impactos negativos como contaminación de cuencas, deforestación y pérdida de tierras agrícolas, específicamente para el cultivo del café.
José (nombre protegido) habitante de Namballe, reconocido en su comunidad por ser un activista social y miembro de las “rondas campesinas”, explica que la comunidad se organizó para defender la tierra del extractivismo descontrolado. Recuerda que “hace aproximadamente diez años grupos mineros llegaron al sector con el propósito de establecerse en campamentos y extraer oro aluvial. Las organizaciones comunitarias se han opuesto ejerciendo funciones de vigilancia y administración de justicia”. Agrega que “durante la pandemia de la Covid-19 las actividades mineras se intensificaron. La maquinaria (retroexcavadoras, clasificadoras, etc.), suministros y combustible probablemente provienen del Ecuador y en complicidad con las autoridades fronterizas ingresan al Perú sin regulación alguna”.
En Namballe la paz es cosa del pasado, los enfrentamientos y protestas hoy día son comunes entre las rondas campesinas y los mineros, también provenientes de la zona y de la comunidad de San Ignacio, que se hacen llamar “Jancheros”. De hecho, algunos nativos les permiten a estos últimos extraer material aurífero, incluso en las áreas de trabajo de minería ilegal, a cambio de protección y para impedir que las rondas campesinas terminen con el despojo y quema de maquinaria, según el relato de José. De acuerdo con lo informado por Radio Marañón (2024), la problemática trasciende al punto que se han presentado personas a favor a la minería portando carteles y lanzando frases de amenaza como “aquí mueren ronderos”, con la finalidad de intimidar y evitar sus movilizaciones.
En el caserío Moreros, ubicado en Namballe y considerado como uno de los puntos de mayor actividad extractiva, los miembros de las rondas campesinas y manifestantes en general han intentado acercarse, pero son recibidos por mineros y “jancheros” con aerosoles de ají, disuadiendo así a cualquier persona que intente protestar, y obligándolos a retirarse, según el relato de Pablo (nombre protegido), miembro de las rondas campesinas.
Un grueso número de habitantes en Namballe es consciente de la importancia de conservar su entorno natural y de proteger los recursos para que las generaciones futuras resistan a la invasión de los mineros ilegales en sus tierras. “¿Cuál será la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos?, ¿qué haremos cuando no haya más café?”, menciona José con preocupación.
Estas comunidades defienden el territorio con valentía organizando protestas pacíficas como las ocurridas en marzo y abril del 2024. En ellas se movilizaron con carteles desde la casa del rondero hasta la municipalidad Distrital de Namballe en busca del apoyo de las autoridades para detener la actividad minera ilegal, según el reporte de Radio Marañón.
De otro lado, el 2 de abril se realizó una nueva protesta pacífica en la que la comunidad local de Namballe desconoció a las rondas campesinas ya que existen muchos desacuerdos. La policía local tuvo que intervenir para garantizar la seguridad del pueblo. Un cartel sostenido por dos mujeres de la comunidad de Namballe con el mensaje “en todos los países del mundo existe mina, el Perú no puede ser la excepción. Mientras más fuentes de trabajo, su gente más prospera”, dan cuenta de los desacuerdos y descontento frente a la minería.
Ilustración 2. Comparación de imágenes satelitales 2017 superior-2024 inferior, Namballe. Nota: En las imágenes se visualiza un área afectada por la minería al pasar de los años ubicada a pocos metros de la comunidad de Namballe-Perú. Fuente: Google Earth.
El escenario de disputa es un territorio biodiverso a pesar de la extracción de recursos mineros. Se trata del río Mayo que nace en Ecuador y fluye hacia el vecino país, Perú, donde adopta el nombre de río Chinchipe. En ambas naciones convergen historias y conflictos diversos, todos vinculados a la minería y la implicación ciudadana en esta industria.
Mientras en Namballe (Perú) hay enfrentamientos; en Zumba (Ecuador) Esteban (nombre protegido) menciona que la comunidad no se opone a esta actividad minera, ya que la reconocen como la principal fuente de ingresos económicos. En la región, la falta de alternativas laborales hace que la minería sea vital para la subsistencia. Los que se dedican a la agricultura, que son pocos, apenas logran mantenerse y dependen de acuíferos pequeños, como quebradas para regar sus cultivos, pues temen usar el agua del río ya que está contaminada.
El padre y el abuelo de Esteban se dedicaban a la minería empleando canalones de guaduas para lavar oro en las orillas de los ríos. Hace aproximadamente 10 años se introdujo la industrialización con la adopción de dragas y maquinaria pesada. La actividad ilegal comienza con la búsqueda de la playa adecuada para la extracción minera. Se negocia un porcentaje de las ganancias totales (generalmente entre el 10% y el 20%) con el propietario del terreno. En el caso de áreas concesionadas por el Estado también se asigna un porcentaje al concesionario. Luego se procede a evaluar el "entable" que significa todo lo relacionado con el equipo, la maquinaria, motores estacionarios y el personal de confianza, con el propósito de garantizar confidencialidad.
Durante el verano la actividad minera se lleva a cabo durante unos 2 y 4 meses. Sin embargo, en el invierno se suspende la operación debido al aumento del caudal del río. Una vez que concluye el invierno los mineros regresan a las mismas playas para realizar un re-lavado del material. Durante el proceso de extracción de oro se usa mercurio, el cual se vierte en los "tendidos" de la clasificadora, situados en las zonas donde se concentra el material rico en oro. Al término de la jornada se recolecta el material acumulado y se lleva a cabo la quema del mercurio al aire libre, en áreas cercanas al campamento, según la explicación de Esteban.
Ilustración 3. Maquinaría operando a las orillas del Río Mayo, Chito-Ecuador. Nota: a y b. Visualización de campamentos y maquinaria operando en la cuenca del Río Mayo Zumba-Ecuador.
Campamentos mineros ilegales
Según testimonios recogidos en comunidades, los campamentos de los mineros ilegales son a menudo improvisados, con estructuras simples y precarias. Consisten en tiendas de campaña, chozas de madera o incluso lonas extendidas sobre palos para crear refugios rudimentarios. Estos campamentos suelen estar ubicados en áreas cercanas a la zona de inundación de los ríos; lejos de la mirada del control gubernamental y, a menudo, en terrenos que no están legalmente autorizados para la minería, por lo cual pagan cierto valor monetario al propietario dependiendo del tiempo que se vayan a quedar en los predios donde se van a extraer el oro. La presencia de vigilantes es común, puesto que los mineros ilegales están constantemente en alerta ante la posibilidad de incursiones policiales o conflictos con otros grupos de mineros.
Ilustración 4. Antiguo campamento de minería ilegal. Nota: a. Restos de un campamento rústico que operaba de forma ilícita en Chito-Zumba-Ecuador, b. Visualización de una clasificadora abandonada en el lugar.
Según Esteban (nombre protegido), el personal empleado en los campamentos ilegales que desempeñan roles de seguridad suele ser mayoritariamente de nacionalidad extranjera; colombianos y venezolanos por lo general. Los lugareños afirman que ellos tienen más facilidad para acceder a armamento de fuego. Aunque se han registrado robos en la zona de Zumba-Ecuador, especialmente durante el transporte del oro desde los campamentos ilegales a los puntos de venta, hasta el momento no han detenido a responsables. Esto se debería a que, al tratarse de una actividad ilegal, las víctimas no pueden justificar la posesión de oro y, por ende, no pueden presentar denuncias, lo que perpetúa la operación de estas bandas de manera impune.
Concesiones en trámite
Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno provincial de Zamora Chinchipe-Ecuador, durante el periodo 2019-2023 se otorgaron un total de 1084 concesiones mineras, abarcando un área de 373,696.74 hectáreas, lo que representa el 35.40 % del territorio provincial. Sin embargo, es importante destacar que estos números podrían ser aún mayores. Al cierre de esta publicación no recibimos respuesta de parte de las autoridades responsables de regular estas actividades, a pesar de que en reiteradas oportunidades solicitamos información referente al estado actual de las concesiones mineras y los permisos ambientales de las concesiones que se encuentran sobre el río Mayo o Chinchipe.
La situación en la Cuenca del río Mayo en Ecuador es preocupante. Según el Catastro Minero de Ecuador 2024 se han concesionado alrededor de 64 áreas a lo largo de los 38 kilómetros de recorrido del río, que parte entre los ríos Numbala y Palanda. Estas áreas están devastadas por las actividades mineras. La extensión de algunas concesiones resulta inquietante, dado que sugiere la posibilidad de explotación, tanto legal como ilegal, a lo largo de todo el curso del río Mayo, representando una seria amenaza para el medio ambiente.
En Ecuador la gestión de las concesiones mineras en la cuenca del río Mayo-Chinchipe está sujeta a normativas específicas que incluyen la Ley de Minería y otras disposiciones legales relacionadas con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Además de las leyes nacionales existen acuerdos internacionales y tratados bilaterales entre Perú y Ecuador que pueden influir en la regulación de las concesiones en esta cuenca compartida.
Ilustración 5. Imagen del catastro minero ecuatoriano. Nota: En el recuadro de negro se observa el recorrido del rio (puntos azules). El área celeste representa las áreas concesionadas
Sin embargo, al analizar el catastro minero se ha detectado que muchas concesiones no cuentan con la licencia ambiental necesaria. Según la Ley de Minería, esto debería impedir cualquier actividad de explotación en las áreas concedidas; pero no se cumple y la prueba es la cantidad de maquinaria en funcionamiento en esas zonas. También se han detectado otras irregularidades, como el uso de equipos de mayor tamaño para las operaciones de extracción permitidas, que normalmente estarían reservadas a la minería artesanal o de pequeña escala.
Durante el recorrido para esta investigación, desde Zumba (Ecuador) hasta Jaén (Perú) se observaron antiguos campamentos con maquinaria abandonada y actividades de minería ilegal en múltiples áreas. En Ecuador estas actividades se localizaron en el Salto del Inca, Shaguar y Chito Juntas, mientras que en Perú se encontraron en Moreros y Namballe.
La situación de las concesiones mineras en Perú presenta similitudes significativas: la mayoría de ellas está a lo largo del río Chinchipe y actualmente en proceso de trámite o inscrita ante autoridades. Esta realidad se evidencia claramente en el siguiente mapa, que detalla un total de 53 áreas concesionadas desde la frontera con Ecuador hasta la desembocadura del río Marañón, focalizándose especialmente en el sector de Pongo de Rentema.
Ilustración 6. Catastro minero peruano en la zona del río Chinchipe. Nota: En el recuadro de rojo se observa el recorrido del río Chinchipe en Perú, donde se encuentran las diferentes áreas concesionadas.
¿Qué hacen las autoridades?
Las autoridades dicen que han intensificado las labores de patrullaje, vigilancia y protección. Según la Policía Nacional del Perú en el mes de abril se logró la incautación de varias retroexcavadoras. En Tamborapa se decomisaron dos retroexcavadoras junto con 2.5 litros de mercurio utilizado en la extracción de oro, al mismo tiempo se logró la aprehensión de varias personas de distintas nacionalidades involucradas en actividades ilegales. Además, en un operativo realizado por las autoridades del distrito Namballe se confiscó una retroexcavadora y mangueras relacionadas con un presunto contrabando de combustible desde Ecuador hacia Perú.
Por el contrario, Marco (nombre protegido) residente en Zumba-Ecuador, señala que la efectividad de los operativos en la zona ecuatoriana es alarmantemente baja, con un índice de fracaso que ronda el 90%. Esta situación se atribuye al hecho de que los mineros, con anticipación de 2 o 3 días, tienen conocimiento previo de los operativos y logran ocultar su maquinaria en las proximidades. Una vez que las autoridades se retiran, los mineros retoman sus actividades, lo que evidencia una filtración de información. En los casos en que las autoridades logran detectar maquinaria operando ilegalmente, optan por retirar el "cerebro de la máquina" con la creencia de que así se vuelven inservibles. No obstante, resulta desconcertante que estas mismas máquinas vuelvan a estar en funcionamiento en un plazo de semanas, sin que exista una explicación clara al respecto.
Ilustración 7. Incautación de maquinaria y parte policial de captura de personas involucradas en actividad minera. Nota: a. Namballe-Perú: Decomiso de dragas, rejillas y combustible, b. Parte policial de operativo realizado en Tamborapa-Perú; se logró la detención de personas de nacionalidad ecuatoriana y peruana, junto a la incautación de retroexcavadoras. Fuente: Cortesía Policía Nacional del Perú
A lo anterior se suma la escasez de recursos de las autoridades y el complejo crecimiento o expansión de la actividad minera en zonas biodiversas y algunas protegidas.
Contaminación del agua y medio ambiente
Según una investigación de calidad del agua del río Chinchipe realizada por Muñoz Huaman y Ruiz Roman en el año 2020, las concentraciones máximas detectadas en el río de aceites y grasas (40.32 mg/l a 40.35 mg/l) superan a los valores que indica la normativa peruana (5 mg/l para riego de vegetación, y 10 mg/l para bebida de animales), revelando la existencia de contaminación del afluente. Al parecer estos aceites serían del grupo de hidrocarburos del petróleo: gasolina, combustibles pesados y aceites lubricantes. Hechos corroborados en otro estudio de Prieto y Martínez en 1999, cuyos resultados también sugieren que las actividades de minería aluvial en las áreas altas a lo largo de las riberas del río Mayo-Chinchipe podrían contribuir a la contaminación del agua. La presencia de dragas y excavadoras en estas zonas indica una posible causa de este problema ambiental.
La minería ilegal ejerce efectos devastadores sobre el agua y en definitiva sobre el medio ambiente. En la extracción de oro se recurre con frecuencia al mercurio para separarlo de otros minerales. La deforestación y el uso de maquinaria pesada en minería ocasionan la erosión del suelo, lo que incrementa la cantidad de sedimentos en los cuerpos de agua, una acumulación que puede asfixiar la vida acuática y disminuir la calidad del agua.
La minería ilegal en Ecuador y Perú es un fenómeno preocupante que afecta tanto a las comunidades locales como al medio ambiente. En ambas naciones la extracción de minerales sin autorización e incumpliendo regulaciones ambientales ha generado conflictos sociales, daños irreparables a los ecosistemas y pérdidas económicas significativas para los estados. Este problema se agrava por la presencia de redes criminales dedicadas a la explotación ilegal de recursos naturales, que operan en la clandestinidad y con frecuencia involucran prácticas de corrupción. Los expertos aseguran que abordar la minería ilegal en Ecuador y Perú requiere un enfoque integral que combine medidas legales, aplicación de la ley y estrategias de desarrollo sostenible para proteger los recursos y garantizar el bienestar de las comunidades afectadas.
A las comunidades no les queda de otra que implementar diversas medidas para abordar el problema de la minería ilegal y sus impactos. Esto les ha significado denunciar y coordinar con las autoridades pertinentes, así como negociar y dialogar con quienes están involucrados en estas actividades. Es esencial establecer medidas de seguridad en el caso de confrontaciones directas, priorizando la protección de los miembros de la comunidad, lo que implica desarrollar protocolos de seguridad y, si es necesario, contar con el respaldo de las fuerzas del orden.
Lo cierto es que los enfrentamientos entre la comunidad y los mineros ilegales en Namballe, Perú, podrían tener consecuencias devastadoras que van más allá de lo económico, afectando tanto el medio ambiente como la vida cotidiana y la seguridad de las personas que viven en estas áreas.
Ilustración 8. Piscinas de sedimentos, producidas por extracción de material aluvial en las riberas del río Mayo. Nota: Visualización de una piscina artificial, producida por una retroexcavadora al momento de realizar la extracción de material aluvial Chito-Ecuador.
Ilustración 9. Comparación de imágenes satelitales 2017-2020. Nota:. Imágenes satelitales del mismo punto tomadas en diferentes años donde se evidencia la pérdida de vegetación en zonas ecuatorianas y peruanas.
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*Este informe fue elaborado con el apoyo de Earth Journalism Network.
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