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Piden reforzar uso de Convenio 169 de la OIT en pueblos indígenas

Tras un foro realizado en Lima, se concluyó recomendar a los países firmantes del Convenio 169 de la OIT reforzar el uso de este documento en los pueblos originarios. Uno de los mayores retos contemporáneos de este acuerdo es la implementación del principio de Consulta Previa frente a los proyectos de inversión.

Por José Díaz

Servindi, 1 de diciembre, 2017.- A fines de noviembre Lima fue sede de un foro regional realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el cual, entre otros temas, representantes de 13 países latinoamericanos llegaron a  la conclusión de la necesidad de reforzar la aplicación del Convenio 169 en los pueblos indígenas.

Así lo declaró al término del foro el director de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar. En este encuentro participaron, además de Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.

"El Convenio 169 es un sólido marco para lograr un desarrollo incluyente y sostenible, con los pueblos indígenas como actores y socios, en un escenario de respeto de sus derechos a la vez que se avanza con las inversiones que se requieren para el crecimiento económico y social y la creación de más empleos", puntualizó Salazar.

Asimismo se hizo énfasis en señalar que el Convenio 169 de la OIT debe ser utilizado como un instrumento de generación de leyes y construcción de derechos para los pueblos originarios en cada uno de los países suscritos.

El convenio

Cabe recordar que el Convenio 169 de la OIT es un documento de reconocimiento de pueblos indígenas y tribales creado en 1989 y que entró en vigor en 1991, teniendo actualmente 22 países suscritos. En los últimos años el alcance de este acuerdo ha trascendido la simple conquista de derechos para las poblaciones originarias.

En la actualidad, uno de los aspectos más polémicos que intentan defender los países suscritos a dicho acuerdo es el cumplimiento de la Consulta Previa, la cual implica la necesidad de tomar en cuenta la opinión de las comunidades nativas que se encuentren en zona de impacto frente a algún proyecto de inversión.

Como se sabe, la mayoría de países latinoamericanos no viene respetando este derecho en la práctica, pese a que su uso está ya incorporado en las legislaciones nacionales. Dato no menor si se toma en cuenta que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la región hay 826 pueblos indígenas reconocidos, lo que involucra a una población de 45 millones de personas.

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