Nicaragua: ONU denuncia cierre arbitrario de organizaciones civiles

Hasta el 29 de julio, se contabilizaba el cierre de más de 700 organizaciones civiles en Nicaragua, a pedido del propio Gobierno, según la ONU.

Servindi, 1 de agosto, 2022.- “El cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es preocupante y tendría un efecto amedrentador en los activistas y personas defensoras de derechos humanos en todo el país”.

Así lo alertó un grupo de expertos y expertas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en una carta dirigida al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, el lunes 29 de julio.

Hasta esa fecha, la ONU contabilizaba el cierre, a pedido del Gobierno y efectuado por la Asamblea Nacional, de más de 700 organizaciones, 487 de ellas producidas solo en el mes de pasado.

En su carta, los expertos aseguran que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones en el país “representa un claro patrón de represión del espacio cívico”.

Además, apuntan que esta práctica, observada desde la crisis de 2018, se ha acelerado como consecuencia de la aplicación de dos leyes, una emitida en 2020 y otra que recién entrada en vigor.

La primera es la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros y la segunda la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que limita significativamente el financiamiento externo.

Se está haciendo un “uso indebido de leyes antiterroristas y antilavado de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales”, indicaron.

Añadieron que las clausuras no solo han afectado a organizaciones de derechos humanos, sino también a las que promueven valores democráticos y luchan contra el cambio climático.

Así como a las asociaciones que proveen de ayuda humanitaria y servicios médicos, además de instituciones educativas, culturales y artísticas, y fundaciones religiosas.

“Esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización que dependen de estos servicios para su supervivencia”.

Entre ellos, “comunidades rurales e indígenas, niños, niñas, jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo”, dijeron los expertos, 10 de los cuales son Relatores Especiales.

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