Servindi, 1 de junio, 2023.- Un contundente rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha generado el avance para el posible reconocimiento de la tesis jurídica del “marco temporal” en Brasil.
Dicha tesis, que solo reconoce como tierras indígenas las que ocupaba esta población cuando se promulgó la actual Constitución en 1988, fue aprobada por diputados y será evaluada el 7 de junio por el máximo tribunal.
Frente a ello, la CIDH reafirmó que su aplicación contradice abiertamente estándares universales e interamericanos de derechos humanos y pone en riesgo la propia existencia de los pueblos indígenas y tribales.
Según el organismo, el Estado debe considerar los innumerables casos en que esta población fue desplazada de sus territorios de manera forzada, lo que impidió que ocuparán sus tierras en 1998.
Además, “debe tomar en cuenta los desplazamientos ocurridos con posterioridad al año 1988, y que han llevado el reasentamiento de comunidades en otros territorios”, apunta la CIDH.
En esa línea, instó a Brasil a “abstenerse de avanzar proyectos de ley e interpretaciones jurídicas que puedan generar riesgos para los pueblos indígenas y tribales”, incluyendo el proyecto de “marco temporal”.
Este proyecto fue aprobado el 30 de mayo por la Cámara de Diputados. Ahora deberá ser sometida al Senado y de aprobarse ahí, irá al despacho de Lula para que la promulgue o vete.
En paralelo, existe un proceso legal sobre el tema vigente desde el 2021 en el Supremo Tribunal Federal (STF), cuya sentencia sería emitida este 7 de junio, según anunciaron autoridades locales.
El “marco temporal” no la única amenaza vigente contra los pueblos indígenas en Brasil. El 31 de mayo los diputados también aprobaron un proyecto que debilita a los ministerios de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente.
El proyecto le resta la responsabilidad de la demarcación de nuevas tierras indígenas al Ministerio de Pueblos Indígenas —una de sus principales atribuciones— y se la pasa al Ministerio de Justicia.
En tanto, a la cartera de Medio Ambiente se le quita su competencia sobre el registro de tierras rurales, clave para el combate a la deforestación ilegal, y sobre la gestión de los recursos acuíferos.
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