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Fujiaprismo respalda paquetazo de PPK

Observaciones hechas por pueblos indígenas y especialistas de la sociedad civil al DL 1333, denominado “Ley de despojo”, son desestimadas por subcomisión congresal encargada de revisar paquete normativo de PPK. Hoy a las 6:00 pm este grupo sesionará una vez más.

Servindi, 1 de marzo, 2017.- Las observaciones al Decreto Legislativo 1333, que afecta directamente derechos territoriales, ambientales y sociales de los pueblos indígenas, fueron desestimadas por el Grupo de Trabajo Encargado del Control Constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo.

El subgrupo encabezado por la congresista Úrsula Letona, de Fuerza Popular, e integrado por los parlamentarios Vicente Zevallos (Peruanos por el Kambio) y Luis Velázquez Quesquén (Cédula Parlamentaria Aprista) dieron una opinión técnica favorable al decreto 1333, conocido en ámbitos sociales como “Ley del Despojo”.

El cuestionado decreto pasaría a someterse a votación a nivel de la Comisión de Constitución del Congreso, para luego pasar a sesión plenaria.

La denominada “Ley del Despojo” permite que los predios de las comunidades o privados puedan ser afectados a favor de proyectos extractivos sin ningún tipo de consulta, afectando la autonomía de las comunidades indígenas y sus derechos territoriales.

A pesar de la gravedad del asunto esas y otras observaciones realizadas por organizaciones de pueblos indígenas y especialistas de la sociedad civil fueron dejadas de lado por el subgrupo parlamentario.

Esta primera luz verde al DL 1333 se extiende también al resto de decretos legislativos —en total 112— que componen el “paquetazo legislativo de PPK”. Sin embargo los especialistas de diversos sectores coinciden en que el DL 1333 es el más peligroso e incluso inconstitucional.

De otro lado, también señalan que al menos sesenta de los decretos que componen el paquete paquete de 112 decretos legislativos son cuestionables,

Diversos sectores afectados por esta normativa lo consideran como el “nuevo perro del hortelano”, pues recuerda al escenario que desató el “Baguazo”, en el 2009. 

Voces discrepantes

“Estos decretos legislativos no han tenido participación de los pueblos, no ha habido consulta previa. Rechazamos esta forma de actuar de parte del Estado que violenta el derecho de los pueblos, que no respeta la Constitución y que no respeta el Convenio 169”, expresó la congresista y presidenta de la Comisión de Pueblos, Maria Elena Foronda, del Frente Amplio.

De otro lado, la congresista quechua Tania Pariona Tarqui, de la misma agrupación indicó que “no podemos permitir que un decreto legislativo como el 1333 atente contra la seguridad jurídica de los territorios comunales".

"Este decreto legislativo lo que haría es flexibilizar e incluso ser permeable para un mecanismo de corrupción y despojo de territorio a las comunidades", advirtió Pariona.

De otro lado, Marco Arana, congresista de la misma bancada, consideró que dar curso al D.L. 1333 daría pie a que “podrían aprobarse normas que vayan en contra de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas".

"En realidad estamos frente un intento de aprobar nuevas normas que reeditan al perro del hortelano” apuntó Arana.. 

Los más perjudicados, los pueblos indígenas 

Por su parte, los voceros de las principales organizaciones indígenas del país, reunidos bajo el Pacto de Unidad, también exigieron la derogatoria del DL 1333 y denunciaron los peligros que acarrearía principalmente  a sus territorios.

“Desde los anteriores gobiernos se vienen insistiendo en leyes y normas que son contrarios  a los intereses de los pueblos indígenas originarios y campesinos”, sostuvo Jorge Prado, de la Confederación Campesina del Perú (CCP).

“Le están quitando la autonomía a nuestras comunidades campesinas y nativas. Están pasando por encima de la ley de consulta que existe en nuestros países”, agregó Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria (CNA).

Expresaron también su rechazo Ketty Marcelo, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP). 

Todas los dirigentes mencionados representan a organizaciones agrupadas en el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, desde donde aunaron su rechazo unánime al decreto en cuestión.

Cabe mencionar que además del D.L. 1333 hay otros decretos que amenazan vulnerar derechos colectivos. Se supo que María Elena Foronda, presidenta de la Comisión de Pueblos, habría solicitado la derogación de otros decretos a Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.

¿Por qué es tan lesivo el DL 1333

El decreto mencionado crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP). Este tiene autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.

  • “El decreto permite sanear tierras privadas o públicas, formales e informales. Esto con el objetivo de entregar derechos a los titulares de la inversión que el Estado considere priorizados (...) flexibiliza y agudiza la expropiación de tierras, atentando con la formalización de tierras de las comunidades indígenas.” (Luis Hallazi).
  • "El APIP implementará el Título III de la cuestionada Ley 30230. La sociedad civil interpuso una demanda para el mencionado título pues vulnera los derechos al territorio de los pueblos indígenas, permitiendo al Estado entregar tierras a proyectos de inversión, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos” (Asociación DAR).
  • "A través de la APIP (...) el gobierno facilita acciones para favorecer los intereses económicos por encima del derecho a la propiedad y posesión de la tierra individual y colectiva de las personas y comunidades campesinas y nativas respectivamente" (Red Muqui).
  • "el DL N° 1333 es un grave riesgo para los pueblos indígenas, las comunidades nativas y campesinas del Perú, habiéndose creado el APIP a favor de los grandes proyectos de infraestructura y, principalmente, de las APP para que tengan la prioridad para poder sanear el territorio debilitando de esta manera la demanda de los pueblos indígenas que buscaban fortalecer sus procesos de saneamiento territorial a nivel nacional. Con su creación el APIP toma una serie de funciones de COFOPRI y se vuelve en la entidad que avalará todos los procesos de titulación a favor de los grandes proyectos de infraestructura y lamentablemente en una lógica que privilegiará sobre todo al sector privado." (Asociación DAR).

 

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