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Aidesep, Junín, Cusco y Ucayali en la ronda informativa semanal

Servindi, 29 de mayo, 2020.- En esta edición escuche a: Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Yony García, gerente de desarrollo de comunidades indígenas de la Municipalidad de Mazamari-Junín; Victoria Santa Cruz, comunicadora indígena y consejera del Gobierno Regional del Cusco; y Guillermo Ñaco Rosas, comisionado asháninka-nomatsiguenga frente al COVID-19 en Atalaya-Ucayali. 

Richard Rubio, vicepresidente de AIDESEP

Proteger el derecho a la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) exige como condición esencial la intangibilidad de sus territorios, explica Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

La Ley N° 28736 del año 2006 para proteger a estos pueblos falla porque no se garantiza la intangibilidad de los territorios indígenas, afirma Rubio.

La norma para la reactivación económica en pleno estado de emergencia permite actividades depredadoras en los territorios indígenas en un claro ejemplo de atentado a los derechos indígenas.

El debate para cambiar el artículo 5, inciso “c” de la Ley PIACI se aprobó en la Comisión del Congreso y AIDESEP espera que se apruebe en el Pleno del Congreso para que se haga justicia histórica y no se ponga el interés económico por encima del derecho a la vida.

Yony García, gerente de la Municipalidad de Mazamari-Junín

En el distrito de Mazamari, provincia de Satipo-Junín, la policía violó la autonomía indígena al romper la tranquera colocada por el pueblo Asháninka que sirve para proteger su territorio y prevenir contagios de COVID-19.

En contacto con Servindi, Yony García, gerente de desarrollo de las comunidades indígenas de la Municipalidad de Mazamari, denunció que la policía detuvo a tres comuneros asháninkas e incluso intentó sancionarlos económicamente.

García sostiene que este hecho demuestra el abuso de poder y el desconocimiento de la autonomía indígena. Las autoridades e instituciones encargadas de velar por los derechos de los pueblos no hacen nada ante las vulneraciones recurrentes.

Por otra parte, el funcionario indígena, denunció que la metodología del programa educativo “Yo aprendo en casa” no tiene resultados óptimos en el pueblo Asháninka porque no se enseña en la lengua nativa. 

Victoria Santa Cruz, consejera del Gobierno Regional de Cusco 

Desde el departamento del Cusco nos alertan sobre los cobros abusivos en algunos servicios como la electricidad. Los recibos por este concepto llegan con montos duplicados a los hogares y negocios. Así nos lo reporta Victoria Santa Cruz, consejera de la provincia de Anta.

La autoridad regional teme que esta medida podría estar pasando en otras regiones del país y golpee la economía de las familias de bajos recursos que no pudieron generar ingresos durante la cuarentena.

La lideresa quechua afirma estar haciendo gestiones para que las familias no sufran esta injusticia económica porque muchas personas se están viendo obligadas a cancelar como sea los elevados cobros por temor a sufrir el corte del fluido eléctrico. 

De otro lado, Victoria Santa Cruz también alerta que la baja cobertura de internet y la no retransmisión en medios locales del programa “Yo aprendo en casa” perjudica la educación de los niños. 

Guillermo Ñaco Rosas, comisionado frente al COVID-19 en Atalaya-Ucayali

En el departamento de Ucayali se encuentra la provincia de Atalaya con una población de 80 mil personas, de las cuales el 75 por ciento son originarios nativos. En todo Ucayali la cifra de indígenas víctimas por coronavirus llega a 60, en Atalaya solo hay un indígena contagiado de las 19 personas infectadas.

Así lo reporta Guillermo Ñaco Rosas, comisionado indígena frente al COVID-19 en Atalaya, quien afirma que el programa radial que sostenía para prevenir contra la pandemia corre el peligro de interrumpirse por incumplimiento del alcalde.

El vocero indígena atestigua que el 60 por ciento de la población de Atalaya sufre de desnutrición crónica; además, no hay postas sanitarias para atender enfermedades recurrentes como el dengue, la diabetes, la hepatitis y el VIH Sida. 

Atalaya es una zona de tránsito y amortiguamiento del proyecto gas de Camisea y los trabajos de explotación de gas y petróleo y la masiva colonización ponen en peligro la supervivencia de los pueblos nativos.

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