Servindi, 18 de julio, 2020.- En esta edición de la Ronda Informativa Nacional escuche a: Salomón Awananch Wajush, presidente de ORPIAN-P- Amazonas; Gilberto Inuma Arahuata, presidente de FEPIURCHA-Loreto; Maritza Quispe, abogada, abogada del IDL y Julio Ballarte Ávila, delegado de la provincia de Santa-Áncash de la CNA.
- Ronda informativa indígena al 17 de julio de 2020 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como")
Salomón Awananch Wajush, presidente de ORPIAN-P- Amazonas
Advertencia
Las comunidades indígenas de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN-P) piden al Gobierno peruano pronta atención para evitar la propagación del COVID-19.
En diálogo con Servindi, Salomón Awananch, presidente de ORPIAN-P, advierte al mandatario Martín Vizcarra que de no atender inmediatamente las demandas de las comunidades, tomarán medidas más radicales.
Más de 120 días y no hay una respuesta contundente de atención, el sistema de salud no llega a las comunidades. Se estima más de 1.500 indígenas infectados y 500 muertos por COVID-19.
Awananch, quien se encuentra con síntomas de COVID-19 en la comunidad de Nazareth, distrito de Imaza-Amazonas, reprocha la discriminación del gobierno que deja morir a líderes del movimiento indígena como Hernán Kinín .
Gilberto Inuma Arahuata, presidente de FEPIURCHA-Loreto
Abandonados
Pese a la existencia de planes para atender la emergencia sanitaria indígena a causa del COVID-19, las comunidades nativas en la cuenca de Chambira, distrito de Urarinas-Loreto, se sienten abandonadas.
Gilberto Inuma Arahuata, presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira (Fepiurcha), alerta la creciente propagación del COVID-19 en el distrito. 249 casos y 7 fallecidos.
Ante ello, advierte que de no dotar de medicamentos y equipos de protección a los puestos de salud de la cuenca, cerrarán las válvulas de Pluspetrol para llamar la atención del gobierno.
A lo largo del río Chambira están asentadas 60 comunidades, de ellas Nueva Unión, Bellavista, Nueva Esperanza, San Lorenzo, Santa Elena, Santa Teresa, Progreso y otras más alejadas necesitan atención urgente.
Maritza Quispe, abogada, abogada de IDL
Vulnerabilidad PIACI
Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) exhorta a las autoridades a actuar con justicia frente al avance del COVID-19 en los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).
La especialista, argumenta que el Estado debe garantizar el derecho a la intangibilidad de los territorios PIACI, para evitar que el virus se propague aún más entre los indígenas.
El creciente avance del virus en la comunidad Santa Rosa de Serjali, en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros, significaría la muerte silenciosa de estas poblaciones.
El Estado tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. A pesar de ello siguen siendo discriminados por los diferentes niveles de gobierno, señala Maritza Quispe.
Julio Ballarte Ávila, delegado de la provincia de Santa-Áncash de CNA
Pérdidas en el agro
Las políticas del Estado para la reactivación económica en el sector agrario no benefician a la agricultura familiar, ya que los agricultores no pueden acceder a los créditos estatales.
Así lo demandó Julio Ballarte Ávila, delegado de la provincia de Santa en la región Áncash de la Confederación Nacional Agraria (CNA), quien alertó pérdidas económicas de hasta 15 mil dólares por agricultor, debido a la pandemia.
El también dirigente de los agricultores, exigió al gobierno cambiar las políticas de financiamiento de Agrobanco. Éstas deben ser más realistas para los pequeños agricultores, como aumentar los plazos de créditos y reducir los intereses.
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