Mundo Indígena Perú: resumen semanal (15 oct.)

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Servindi, 15 de octubre, 2023.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país.

Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Melissa Rubio y Sergio Zanabria, y redactado por el equipo de prensa de Servindi. 

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Resumen semanal nacional del 9 al 15 de octubre

Dina rechazada. Con pancartas y plantones que le recordaron su responsabilidad por las muertes en protestas, la presidenta Dina Boluarte fue rechazada por residentes peruanos en su paso por Alemania e Italia.

Las muestras de rechazo se dieron en la misma semana en que en Perú varias regiones volvieron a movilizarse para exigir su renuncia y justicia para las víctimas de represión estatal.

Incendio en San Martín. Más de 30 ha de bosque virgen y colchones de agua son afectados por un incontenible incendio forestal iniciado el viernes en el sector El Mirador de la Cordillera Escalera, en Yurimaguas, departamento de San Martín.

El incendio empezó el viernes 13 a la altura del kilómetro 18 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas tras la caída de enormes descargas eléctricas atmosféricas.

A pesar de las labores de contención iniciadas el sábado el fuego no puede ser controlado debido a la fuerza de los vientos, la topografía y la gran cantidad de hojarasca y ramas.

En defensa del Nanay. Sumándose al pedido de organizaciones sociales y religiosas, pueblos indígenas de Loreto representados por Orpio exigen declarar la nulidad de la concesión minera en la cuenca alta del río Nanay.

La concesión pone en riesgo a medio millón de habitantes de Iquitos y de comunidades ribereñas e indígenas aislados que tienen al Nanay como su principal fuente de agua.

El Instituto Geológico, Minerales y Metalurgia (Ingemmet), entidad que depende del Ministerio de Energía y Minas, aprobó la concesión pese a que este río ya es contaminado por la minería ilegal.

Aislados en riesgo. El proyecto de carretera Vista Alegre Mishahua-Alto Mishahua, en Cusco, preocupa debido a que su último tramo se ubica a menos de 200 metros de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.

Esto podría facilitar el acceso a actividades ilícitas en la zona y aumentar el riesgo de contacto con los indígenas aislados de la reserva, poniendo en peligro sus vidas.

Así lo alerta un reporte del proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina que informa que la vía es impulsada por la Municipalidad Distrital de Megantoni, en La Convención, desde 2019.

Conflictividad. Un nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo revela que el número de conflictos sociales activos en el Perú se elevó a cifras no registradas desde setiembre de 2013.

El reporte identifica 224 conflictos a setiembre de 2023, de los cuales 176 están activos, lo que representa también un 13 % más de los casos activos registrados apenas en enero de este año.

La mayor cantidad se registra en Loreto, Cusco y Apurímac, siendo los casos socioambientales los más numerosos (62.1%) y, en particular, los vinculados a la minería (67.6%).

Paquetazo ambiental. Rechazo por parte de organizaciones indígenas y sociedad civil reciben las reiteradas iniciativas que buscan debilitar la normativa ambiental y de pueblos indígenas.

Propuestas del Ejecutivo, el Congreso y otros actores del sector privado amenazan derechos indígenas y la institucionalidad ambiental bajo el pretexto de promover las inversiones y acabar con la “tramitología”.

Tamshi. El Juzgado de Extinción de Dominio admitió a trámite una demanda fiscal para que el Estado administre bienes de la empresa Tamshi SAC obtenidos presuntamente de actividades ilícitas contra el ambiente.

Los bienes valorizados en 10 millones de dólares habrían sido obtenidos usando desde 2013 al Fundo Tamshiyacu, en Loreto, propiedad de Tamshi, como instrumento para las actividades ilegales.

Las operaciones se realizaron infringiendo la legislación ambiental, como la Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental y la Ley Forestal, entre otras.

Defensora ambiental. La Sala Penal de la Corte Suprema anuló la sentencia por difamación impuesta en 2021 contra la defensora ambiental e ingeniera forestal Lucila Pautrat.

Decisión la absuelve de la condena de dos años de prisión suspendida y anula el pago de reparación civil de S/ 50 mil a favor de la querellante: Tamshi SAC.

La empresa denunció a Lucila por publicar dos notas donde informa sobre las declaraciones de agricultores, quienes tienen calidad de agraviados, en un proceso penal seguido con la compañía.

Kukamas. La Fiscalía del Crimen Organizado continuaría incumpliendo el debido proceso y vulnerando el derecho a la defensa de seis indígenas kukamas que llevan una semana detenidos en Iquitos y Lima.

Además de las irregularidades al inicio, la Fiscalía demoró 3 días para entregar la carpeta fiscal a la defensa legal de los inculpados y se habría negado atención médica a una persona con condiciones graves de salud.

Asimismo, estarían poniendo en riesgo el derecho a la defensa y contradicción conforme a ley de los detenidos, modificando la programación de diligencias y otras acciones.

Pro cocaleros. La Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas, Nativos y Campesinos (Onajepinc) estaría promoviendo activamente el cultivo de coca en comunidades del distrito y provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto.

Así lo denuncia la Federación de Comunidades Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba), base de Orpio y Aidesep, preocupada por la posible conformación de una asociación de cocaleros en la zona.

Según el presidente de Fecotyba, Francisco Hernández Cayetano, los dirigentes de Onajepinc piden apoyo financiero a las comunidades que visitan para supuestos procesos de titulación.

Catacaos. A la difamación que sufren comuneros de Catacaos, en Piura, por defender sus tierras, se suma ahora el acoso y un ataque perpetrado por parte de efectivos policiales.

Agentes vestidos de civil usaron un dron para seguir a Luis Inga Sandoval y una moto lineal para intervenir a Grimaldo y Wilmer Maza Sandoval. A este último le dispararon al cuerpo sin éxito.

Los disparos se dieron luego de que Wilmer Maza se percatara que los dos policías que los intervinieron intentaban detener a su hermano mientras él iba a su vivienda a sacar sus documentos.

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