Mundo Indígena Perú: resumen semanal (28 en.)

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Servindi, 28 de enero, 2024.- Luego de un receso reiniciamos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental de Perú.

Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Melissa Rubio y Sergio Zanabria, y redactado por el equipo de prensa de Servindi. 

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Resumen semanal nacional del 22 al 28 de enero de 2024

Contra la ley antiforestal. Colectivos ambientales, de estudiantes universitarios y líderes indígenas protestaron la tarde del 25 de enero frente al Congreso para exigir la derogatoria de la Ley 31973 que modificó la Ley Forestal.

La norma que legaliza la deforestación en la Amazonía y pone en mayor riesgo a defensores de los bosques fue aprobada por el Congreso sin consulta previa, sin un debate transparente y violando el procedimiento parlamentario.

Organizaciones indígenas, ambientales y de la sociedad civil, así como gobiernos regionales, colegios profesionales y obispos del Perú piden al Congreso reconsiderar la aprobación de esta ley y derogarla.

Paro en Machupicchu. Pese a que la empresa Joinnus se ofreció a adelantar el fin de su contrato para la venta de entradas a Machupicchu, el Ministerio de Cultura (Mincul) a cargo de Leslie Urteaga aún no toma una decisión.

El ministerio espera una mesa de trabajo para definir qué pasos seguir, cuando la principal demanda de la población cusqueña -que acata un paro desde el 25 de enero- es cancelar el contrato con Joinnus.

El contrato es rechazado por la población y autoridades locales dado que el Mincul no lo puso en consulta, se realizó sin seguir un proceso trasparente y afectaría la economía local.

Declaración de Shilcayo. Acuerdos firmes a favor de su autonomía adoptó el encuentro “Tejiendo la defensa del territorio kichwa frente a la conservación del Parque Nacional Cordillera Azul” que suscribió la Declaración de Shilcayo el sábado 27 de enero.

El evento reafirmó la autonomía y la autodeterminación del pueblo Kichwa en la perspectiva de recuperar sus territorios despojados “por un modelo de conservación colonial y excluyente”.

Anuncian que avanzarán en su autodemarcación dentro del Parque Nacional Cordillera Azul y del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.

La decisión de generar sus propios “polígonos territoriales ancestrales” se produce debido a que el Estado peruano tuvo varias oportunidades de “resarcirse históricamente” y no lo ha hecho.

Atentado a la EIB. La Central Ashaninka de Río Tambo (CART) rechazó la decisión del Ministerio de Educación de designar en escuelas interculturales a directivos pedagógicos sin conocimiento de la lengua originaria y de la cultura de los estudiantes indígenas.

Organización que representa a 35 comunidades nativas, 14 anexos y un centro poblado en la provincia de Satipo, región Junín, calificó esto como un “atentado contra los derechos de indígenas a una educación integral y de calidad”.

Justicia para defensores. Con un plantón frente al Palacio de Justicia en Lima, familiares de los cuatro líderes indígenas asesinados en la comunidad de Saweto (2014) y del apu Quinto Inuma (2023) exigieron justicia y sanción para los responsables.

Portando pancartas con los rostros de víctimas piden celeridad en los procesos judiciales para esclarecer la muerte de defensores tras recibir amenazas de madereros ilegales en la Amazonía.

Aumentan mineros ilegales. La presencia de mineros ilegales y mineros que afirman estar amparados en el Registro Integral de Formalización minera (REINFO) sigue aumentando en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Así lo alerta el Instituto de Defensa Legal que en la última semana recibió dos reportes sobre actividades realizadas por estos grupos, las cuales dañan al territorio y salud del pueblo Awajún.

Amahuaca en peligro. Los amahuaca, un pueblo indígena asentado en Atalaya, en la frontera de Ucayali y Junín, está en serio peligro de desaparecer debido a la poca cantidad de sus habitantes y hablantes de su lengua originaria.

Los enfrentamientos con otros pueblos en siglos pasados, la epidemia de sarampión que sufrieron y la devastadora matanza perpetrada por caucheros los ponen al borde la extinción.

Solidaridad con deudos. Organizaciones sociales del país se solidarizaron con Ruth Bárcena e Ilaria Ayme en momentos en que intentan denigrarlas por increparle personalmente justicia a Dina Boluarte por las muertes en protestas de Ayacucho.

Bárcena y Ayme perdieron a su esposo e hijo, respectivamente, durante la represión en Ayacucho, a la que Boluarte regresó el 20 de enero lanzando caramelos.

Caso Sheraton. Pese a que en 2023 el Tribunal Constitucional ordenó demoler el hotel Sheraton por haberse construido sobre andenes incas cerca de la Plaza de Armas del Cusco, la medida aún no es ejecutada.

La ejecución avanza a paso lento por temas de documentación, mientras se denuncia que representantes del Ministerio de Cultura en la región parecen no interesados en acatar el fallo.

Graves desafíos. Perú comienza 2024 con una deuda múltiple en materia de derechos humanos, y, salvo un cambio de derrotero inesperado, no hay indicios de que vaya a ser atendida.

La sociedad civil tiene más que nunca la necesidad de mantenerse vigilante y tratar de generar vías de salida a este entrampamiento de la democracia, opina el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp).

Actualizan estrategia. El Ministerio del Ambiente (Minam) puso en marcha un proceso descentralizado para actualizar la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.

Este proceso busca involucrar a todos los sectores y actores sociales comprometidos con la conservación de la rica diversidad de flora y fauna que caracteriza al país.

Más delitos contra Fujimori. La Fiscalía Suprema de Chile recomendó ampliar la extradición contra Alberto Fujimori a ocho casos, incluido la venta ilegal de armas a las FARC.

La medida que debe ser evaluada por la Corte Suprema chilena permitiría que Fujimori sea procesado “por su responsabilidad como autor de los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros”.

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