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Un nuevo gobierno para vivir sabroso en Colombia

Francia y Petro. Foto: Twitter.

La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez marca un hito en la historia colombiana. La irrupción de los nadies en la escena política redunda en un profundo recambio en la elite gobernante. Sin embargo, la esperanza que hoy inunda a las y los colombianos tuvo que atravesar un largo camino de adversidad: a la violencia descarnada que, solo durante el gobierno de Iván Duque, cobró la vida de 550 líderes sociales, se suma el aumento galopante de la pobreza que asciende al 51,5% de la población. Junto a los aberrantes casos de corrupción, el nepotismo y la represión fueron el motor de una movilización popular sin precedentes que logró blindar el triunfo del Pacto Histórico en la segunda vuelta.

Por Diana Alexandra Mendoza*

Debates Indígenas, 28 de setiembre, 2022.- Cayendo la tarde del 19 de junio de 2022, se produjo un movimiento telúrico en Colombia: después de 200 años de historia republicana resultó elegido un gobierno de vertiente popular en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez. A los ojos de muchos observadores, el impulso fundamental de este acontecimiento que marca un antes y un después en la violenta y segregacionista democracia colombiana, se cocinó a fuego lento durante todo el gobierno de Iván Duque.

Acostumbradas al control total del Estado, las élites más rancias y aquellas de reciente origen nacidas al compás del narcotráfico y el paramilitarismo, no imaginaron que la incontinencia de Duque en materia de corrupción y profundización de la pobreza y la violencia terminaría por sellar el triunfo inédito de la coalición del Pacto Histórico personificada en un exguerrillero del M-19 como presidente, y una mujer negra y férrea defensora de las víctimas del conflicto y del ambiente, como vicepresidenta.

La decisión de estas mayorías, sin embargo, no se produjo en un clima de pacífica deliberación democrática. Uno de los sucesos que precedió las elecciones y que, sin lugar a dudas, contribuyó a saturar la gran capacidad de resistencia y sumisión de la población colombiana, fue la brutal represión a las multitudinarias protestas que se dieron en todo el país entre 2020 y 2021, así como los asesinatos de la era Duque que ascienden a 550 líderes y defensores de DDHH (191 indígenas entre ellos), y más de 330 firmantes del Acuerdo de Paz. Esta violencia descarnada sumada a factores como la caída en pobreza de más del 51,5% de la población (25,7 millones de personas), a los aberrantes hechos de corrupción, nepotismo y concentración de poder, y a los anuncios bien fundados de fraude electoral, fueron el motor de una movilización popular sin precedentes que logró blindar el triunfo del Pacto Histórico en la segunda vuelta presidencial.

Una participación decisiva

La decisión de confluir en el Pacto Histórico por parte de los pueblos afrodescendientes, raizales, palenqueros e indígenas, fue tomando fuerza a lo largo de la campaña. Aunque inicialmente debieron sortearse algunas desavenencias con organizaciones muy representativas como el Proceso de Comunidades Negras -PCN y SOY PORQUE SOMOS –movimientos del cual Francia Márquez hacía parte–, finalmente adhirieron al Pacto y fueron determinantes para su triunfo.

Por su parte, los partidos políticos indígenas AICO y MAIS, y las organizaciones de nivel nacional y regional como el CRIC, ONIC, AISO, OPIAC, CRIDEC, entre otras, se unieron al Pacto Histórico dejando su impronta hasta el día mismo de las elecciones cuando las comunidades llegaron a los sitios de votación tras épicas jornadas de recorrido en canoas, vehículos destartalados, o luego de largas jornadas por trochas y caminos desde de las regiones más apartadas.

El aporte étnico al enfoque programático y al carácter mismo del Pacto Histórico resultó ser no solo la potente refutación de las múltiples formas de violencia, discriminación, exclusión y del proyecto de desarrollo neoliberal extractivista y patriarcal predominante hasta hoy en Colombia, sino también el mensaje renovado de lo que debería significar gobernar un país plural, de inmensa diversidad humana y ambiental, garantizando la realización efectiva del Estado Social de Derecho.

La perspectiva étnica introdujo al proceso electoral símbolos y significados inéditos venidos de mundos aparentemente tan lejanos como la “indianidad” andina, los plumajes amazónicos, o el mundo africano de los Ubuntu. Los manifiestos que Francia Márquez posicionó en la opinión pública propiciaron debates sobre racismo, feminismo, desigualdad y medio ambiente que antes eran eludidos por los medios de comunicación y por la gente del común situada en el plano de las ideologías autoritarias dominantes. “De las resistencia al poder, hasta que la dignidad se haga costumbre”“Vamos a vivir sabroso” y “Soy porque somos”, fueron frases que se tomaron la plaza pública, los medios y las redes sociales.

Los desafíos ante los pueblos y comunidades étnicas

Una de las decisiones transcendentales del nuevo gobierno es destinar espacios tangibles en las esferas del poder político y la gestión pública para los pueblos y comunidades originarias. No se trata de mantener una representación marginal en instancias del Estado como se venía dando, por ejemplo, con las curules de circunscripción especial previstas por la Constitución Política para grupos étnicos en el Congreso de la República. Esta vez, gente procedente de procesos organizativos y comunitarios indígenas, afrodescendientes y raizales harán parte estructural de las ramas ejecutiva y legislativa, trabajando con sectores afines a sus intereses.

Esta nueva prerrogativa en la conducción del País, seguramente planteará nuevos desafíos a las organizaciones que respaldaron las candidaturas del Pacto Histórico, y deberán responder al llamado permanente de sus propias comunidades para mantener la coherencia y cumplir compromisos adquiridos. Así, es presumible que en este nuevo escenario nacional las organizaciones étnicas también sufran procesos internos de transformación y fortalecimiento.

Acuerdos no cumplidos

Es incontrovertible, que el nuevo gobierno colombiano es legatario de graves problemas acumulados durante décadas en materia de exclusión, violencia, despojo y condiciones ominosas de vida para la mayor parte de la población, pero también son incontables los acuerdos y promesas incumplidas a los pueblos y comunidades étnicas en materia de legalización, saneamiento y restitución de territorios colectivos; provisión de servicios vitales como agua potable; modelos eficaces e interculturales de salud y educación; ordenamiento y protección de bienes naturales; erradicación de actores armados en sus territorios; reconocimiento de su autonomía, jurisdicción ambiental y de las autoridades legítimas en los territorio; protección de semillas nativas y modelos de economía propios, entre otros. Los compromisos sistemáticamente burlados alrededor de estas materias, han suscitado constantes movilizaciones, luchas reivindicativas, y actos de resistencia que han cobrado la vida a centenares de autoridades, líderes y defensores de estos pueblos.

En este sentido, el reto para el nuevo gobierno no solo es garantizar los derechos individuales y colectivos que les son reconocidos a nivel nacional e internacional, sino encontrar los mecanismos para dar respuesta efectiva a esta deuda histórica que dejan los gobiernos que le precedieron, incluso en materia judicial y legislativa.

La deuda del Capítulo Étnico

Otro de los saldos en rojo que deja el Presidente Iván de Duque y que deberá ser abocado por el nuevo gobierno, es la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC, porque así como el balance general de cumplimiento y de inversión de recursos en los 6 capítulos centrales del acuerdo muestran un gran retroceso y problemas de corrupciónel capítulo dedicado a las salvaguardas y la participación directa y diferencial de los pueblos y comunidades étnicas severamente afectadas por el conflicto armado colombiano, no ha sido desarrollado.

“Se estableció un punto especial al inicio del Capítulo Étnico relacionado con salvaguardas sustanciales y garantías respecto de la consulta previa, la objeción cultural, el enfoque étnico de género, mujer, familia y generación y el no detrimento de los derechos étnicos. Además, se prevén salvaguardas específicas en Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución del Problema de Drogas Ilícitas, Víctimas del Conflicto e Implementación y Verificación del Acuerdo de Paz”. (IANPE, 2021)

En su papel de organismo asesor y consultivo, la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos –IANPE creada para asesorar y verificar avances en la implementación del Capítulo Étnico, produjo un informe en el cual revela que lejos de atender los compromisos adquiridos, se asistió a un recrudecimiento del exterminio, el desplazamiento y la violencia en los territorios colectivos durante los últimos 4 años del gobierno Duque y que, incluso, fue incapaz de conformar y consolidar la institucionalidad prevista en el este Capítulo.

Consulta y Consentimiento para la vida

El gobierno del Presidente Duque presumió de batir records en materia de consultas previas: en junio de 2021, contabilizó más de siete mil procesos realizados (7.162). Sin embargo, esta enorme proliferación de Consultas sin pleno derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado, está lejos de haber garantizado, no solo la participación, sino los derechos integrales colectivos de las comunidades étnicas afectadas.

En general, los problemas que se plantean en torno al derecho a la Consulta Previa tienen que ver con la omisión de los estándares durante su realización, al punto que la Consulta se convirtió, fundamentalmente, en un requisito de procedibilidad que sirve para asegurar a las empresas el desarrollo de sus obras y proyectos extractivos en territorios étnicos. Las Consultas así realizadas, han terminado legitimando la apropiación de recursos naturales, la ocupación de territorios colectivos y, en general, las intervenciones de terceros con la anuencia del Estado, generando a la vez conflictos de gobernabilidad y quebrantando la autonomía y autodeterminación de los pueblos.

En los últimos años, la mayor parte de las Consultas Previas efectuadas por la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio de Interior por solicitud y con financiación de las empresas interesadas, no resiste un examen jurídico, creando así un espacio de inseguridad para las comunidades y las mismas empresas porque estas consultas respaldan importantes licitaciones, concesiones de exploración, explotación, contratos, etc. que podrían ser denunciados y suspendidos por jueces o tribunales.

Otro aspecto que deberá ser abocado por el nuevo gobierno, será la viabilidad de una reglamentación concertada para la Consulta Previa que permita superar los vacíos y falta de legitimidad en los mecanismos impuestos unilateralmente por el gobierno nacional. Desde hace años, este asunto ha sido muy discutido y ha suscitado el rechazo de organizaciones y autoridades étnicas, lo cual hace prever que los marcos regulatorios que hoy se aplican para la realización de Consultas Previas sigan siendo motivo de desavenencias entre los tres sectores implicados: comunidades, empresas y gobierno nacional. En el contexto del nuevo gobierno, es posible esperar, no la confabulación a la que se han acostumbrado los representantes del Estado y las empresas, sino una alianza entre el gobierno y las comunidades que permita fortalecer los mecanismos de consulta y lograr un espacio para la garantía del derecho al Consentimiento.

Con Francia y Petro, los pueblos y comunidades étnicas contribuyeron a romper prisiones ideológicas e hicieron que se pudiera concebir un cambio de manos del poder hegemónico, dando un paso que trasciende el proyecto fundado en lo individual/patriarcal hacia lo colectivo/femenino, y una nueva perspectiva de la democracia garantizando, al fin, la paz y los derechos consignados hace 30 años en la Constitución Política. Sin embargo, a partir del 7 de agosto, fecha del cambio de gobierno, al nuevo equipo le espera un arduo camino para subsanar el daño que durante siglos infligieron sus antecesores a los pueblos y comunidades originarias. Por su parte, las organizaciones étnicas anuncian desde ya la intención de trabajar para superar sus desavenencias y renovar sus vínculos en medio de la multiculturalidad y la diversidad de sus historias y territorios, poniendo en presente el imperativo de unidad para lograr, en adelante, una verdadera relación “de gobierno a gobierno”.

(Artículo sin editar por pedido de la autora)

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* Diana Alexandra Mendoza es antropóloga, Máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.

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Fuente: Publicado por el portal Debates Indígenas como parte de su boletín mensual Cumbre Indígena en Colombia, correspondiente a setiembre de 2022: https://debatesindigenas.org/notas/188-nuevo-gobierno-vivir-sabroso-colombia.html
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