Procesado por cortar árboles para uso doméstico

“La injusticia de los grandes: cuando te procesan por cortar árboles para uso doméstico” es un informe jurídico de Ronald Suárez Maynas, que exhibe un caso real de trato inequitativo y desigual por el Ministerio Público que investiga a los pequeños de manera abusiva y arbitraria, pero deja indemnes a los grandes.

La injusticia de los grandes: cuando te procesan por cortar árboles para uso doméstico

Por Ronald Suarez Maynas

IDL, 27 de marzo, 2024.- Alva Castro es recordado como un destacado militante aprista que llegó a ser ministro de Economía y Finanzas durante el primer gobierno de Alan García Pérez, un período que marcó la peor crisis económica en la historia republicana del país. Además, fue segundo vicepresidente de la república durante el primer gobierno de Alan García, congresista durante tres periodos y diputado en dos periodos. Sin embargo, es probable que desconozca la existencia de la comunidad nativa Shipibo Konibo, que lleva por nombre “Alva Castro”, situada a lo largo del río Ucayali, en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali. Esta comunidad fue reconocida oficialmente en 1991, mediante la Resolución Ministerial N.º 0662-91-AG y abarca un área de 381 hectáreas.

Esta población ha habitado el área que hoy en día se encuentra titulada, desde la década de 1970. A la pequeña comunidad se llega en dos horas, partiendo desde Pucallpa y utilizando embarcaciones conocidas como “peque peque”. Actualmente, cuenta con 180 habitantes, entre adultos, jóvenes, adolescentes y niños en edad escolar. Además, la comunidad dispone de servicios públicos, como una escuela que ofrece educación inicial bilingüe a 40 niños y niñas.

El sustento principal de la comunidad es la pesca artesanal y la agricultura doméstica, con un enfoque menor en cultivos como plátanos, yucas, papayas, frijoles regionales, entre otros. Durante la época de invierno, enfrentan los embates de la naturaleza debido a inundaciones recurrentes, un fenómeno que afecta casi anualmente. Por esta razón, la mayoría de las casas son de construcción rústica, con materiales locales, elevadas a dos metros de altura, con pisos de pona y hojas de shebon. A pesar de estas dificultades, la población encuentra su felicidad en este entorno que consideran su hogar, alejado de las presiones de la globalización.

Sin embargo, un día recibieron la visita de un hermano shipibo, procedente de otra comunidad de Alto Ucayali, quien expresó su encanto por la comunidad y su deseo de vivir con ellos. Ante esta solicitud, la población le dio la bienvenida como comunero integrado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.b de la Ley 24656, que establece la admisión de hombres o mujeres mayores de edad que soliciten ser miembros siendo una persona con una familia shipiba.

Así, se tuvo un argumento sólido para que sea un nuevo comunero y ocupe un espacio que estuvo vacío por más de 22 años, pues el anterior ocupante desapareció y la comunidad desconoció su paradero durante un largo periodo. Además, según la ley de las comunidades nativas, los títulos de propiedad son colectivos, lo que respalda esta solicitud de ocupación del espacio, haciéndose necesaria la ocupación por hermanos shipibos como estrategia para prevenir las invasiones de colonos y traficantes de tierra, como suele pasar en otras comunidades.

La comunidad, en un acuerdo unánime, decidió respaldar a la nueva familia. “En nuestra cultura y tradición, el apoyo mutuo entre hermanos es un valor fundamental, y por ello se asumió el compromiso del pueblo de respaldar al nuevo comunero en la limpieza de malezas para facilitar su establecimiento en el lugar”, nos señala Pablo Valles. El terreno que se le entregó ni siquiera era bosque primario, sino todo kutzales y cashuacazales. Allí encontraron siete arboles maderables, que estaban dispersos, los cuales utilizó el beneficiario de familia shipiba para la realización de su vivienda.

Por esta única razón, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, con fecha 6 de agosto del 2021, en la carpeta fiscal N. ° 3006015202-2021-172-0, inicia la investigación a Don Pablo Valles Canayo, jefe de la comunidad, por los delitos “contra los bosques o formación boscosa”, tipificado en el artículo 310 del Código Penal.

El Ministerio Público es el ente encargado del ejercicio público de la acción penal en casos de delitos y está obligado a asumir la carga de la prueba. Desde el inicio de una investigación, su responsabilidad implica conducirla con objetividad, indagando en los hechos que constituyen delitos, determinando y demostrando la responsabilidad o inocencia del imputado. Es importante subrayar que el ejercicio de la acción penal está sujeto al cumplimiento de requisitos mínimos para garantizar su viabilidad; de lo contrario, se procederá acorde lo establece el artículo 334 inciso del Código Procesal Penal.

En este caso, se apertura contra un miembro de una comunidad nativa y, posteriormente, se le acusa. Resulta llamativo este proceso, cuando poco se avanza respecto a las denuncias que los hermanos indígenas de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya realizan contra la empresa Ocho Sur, que permite que ingresen tractores forestales a deforestar el territorio ancestral de la comunidad. En vez de que la FEMA atienda de manera eficiente la denuncia que hicieron este año los humildes agricultores del sector Pacacocha por el rozo y tumba de sus sembríos de plantaciones maderables y frutales, acusan a un indígena por talar siete árboles para construir su vivienda.

Si bien es cierto que la labor del fiscal es prevenir los delitos ambientales y fomentar la protección del medio ambiente y los recursos naturales, también lo es actuar con imparcialidad y severidad frente a taladores ilegales, como en el caso de los menonitas, contra quienes, ante graves hechos, solo se pidió una pena mínima por haber rozado bosques vírgenes en centenas, con el pretexto de que los menonitas son extranjeros, y que desconocen nuestras leyes y que no hablan el castellano. Sin embargo, sí tienen abogados.

Lo más grave y discriminatorio es que al indígena, que apenas vive de la agricultura, de la pesca, de la caza y recolección, que habla su idioma materno y no comprende el castellano, se le acusa. ¿Acaso seguimos en la época de inquisición? ¿O seguimos teniendo esa mirada colonialista de que al indio se le somete? ¿Por qué no hacen lo mismo con las empresas de monocultivo, a los traficantes de tierras, colonos, taladores ilegales de madera? ¿Por qué la justicia no es igual para todos? 

Actuación de los hechos en la investigación

De acuerdo con la ley, se presume que ha ocurrido un posible delito ambiental contra los recursos naturales, específicamente en lo que respecta a los bosques o formaciones boscosas, según lo estipulado en el artículo 310 del Código Penal.

Sin embargo, la investigación llevada a cabo por el fiscal parece no tomar en consideración los derechos inherentes de las comunidades nativas sobre la gestión de sus recursos para usos domésticos. Es importante señalar que el material utilizado no tuvo nunca un propósito comercial, sino que fue exclusivamente empleado en la construcción de la vivienda para un nuevo miembro de la comunidad.

Durante el desarrollo y continuación de la investigación preliminar, se han implicado más miembros de la comunidad, además de Pablo Valles Canayo, entre ellos, Jaime Silvano Sánchez. En este contexto, el fiscal provincial especializado en temas ambientales en Ucayali emite una orden de comparecencia simple contra los acusados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 286 del Código Procesal Penal.

Este antecedente puede tener implicaciones en otros eventos que podrían resultar perjudiciales.

El testimonio del imputado

El imputado, Pablos Valles Canayo, indica en su testimonio que el único árbol de madera útil que cortaron fue un ejemplar de Bolaina. El resto de los árboles, como la topa, cético y otras malezas, no tienen utilidad en ninguna parte.

¿Dónde queda lo establecido en la Constitución?

La Constitución Política del Perú, en su artículo 89, menciona que las comunidades nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, trabajo comunal, y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y en lo administrativo, dentro del marco que la ley establece. Asimismo, la Carta Magna, en su artículo 66, menciona que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento.

La Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de selva, Ley 22175, menciona en su artículo 7 que el Estado reconoce la existencia legal y personería jurídica de las comunidades nativas. Asimismo, en su artículo 8, precisa que están constituidas por grupos de familias vinculadas por el idioma, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente en un mismo territorio. El mismo cuerpo legal, en su artículo 9, precisa que se pierde la calidad de comunero (socio) por residir fuera del territorio comunal por más de doce meses consecutivos.

El Código Civil Peruano, en su artículo 134, hace referencia a que las comunidades nativas son organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. Están reguladas por legislación especial.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, menciona en su artículo 66 que para el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre en tierras de comunidades nativas y campesinas, sean tituladas, posesionadas o bajo cesión en uso, la comunidad solicita permiso de aprovechamiento a la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, acompañando el acta de la asamblea comunal y el plan de manejo

Así, no requiere ningún permiso el aprovechamiento para uso doméstico, autoconsumo o fines de subsistencia ni para actividades de ecoturismo.

El artículo 75 de dicha ley menciona que son los bosques que se encuentran en el interior de las tierras de las comunidades nativas, cualquiera sea su categoría de capacidad de uso mayor o tipo de bosque o ecosistema, de conformidad con el artículo 89 de la Constitución Política del Perú. El aprovechamiento por parte de estas comunidades de los recursos forestales y de fauna silvestre requiere permiso otorgado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, a excepción de las actividades consideradas en el artículo 81 referido al uso de los recursos forestales y de fauna silvestre con fines domésticos, de autoconsumo o subsistencia.

El artículo 81 de la citada norma menciona que el uso de los recursos forestales y de fauna silvestre con fines domésticos, de autoconsumo o subsistencia, es el aprovechamiento de los recursos de la flora y fauna silvestre necesario para la supervivencia individual o familiar de los integrantes de una comunidad nativa. Por tanto, no requiere título habilitante forestal o de fauna silvestre ni planes de manejo, sino que se regula por los acuerdos de la asamblea comunal.

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Fuente: Publicado por el portal del Instituto de Defensa Legal (IDL) y recibido del autor: https://www.idl.org.pe/la-injusticia-de-los-grandes-cuando-te-procesan-por-cortar-arboles-para-uso-domestico/

 

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