Tribunal recibe 7 casos sobre violencia a mujeres

Foto: Fospa Bolivia XI. Foto: Fospa Bolivia XI.

Tribunal Ético recibe 7 casos que evidencian estrategias de despojo territorial que violentan los derechos de las mujeres.

Servindi, 15 de junio, 2024.- El Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres de la Panamazonía evidenció siete casos sobre la vulneración sistemática de los cuerpos y los territorios de mujeres de diversos países amazónicos.

El Tribunal Ético conoció los testimonios de mujeres de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en el XI FOSPA el viernes 14 de junio realizado en Rurrenabaque, Bolivia.

El Tribunal resulta del impulso y articulación de organizaciones de diversas vertientes que hacen parte de la Iniciativa de Acción de las Mujeres, que junto con otras ocho constituyen los pilares del proceso del Foro Social Panamazónico.

Los casos mostraron distintas estrategias del extractivismo para despojar territorios y explotar ríos, bosques y tierras violentando los derechos de los pueblos y de las mujeres.


Foto: XI FOSPA Bolivia

Ellas sufren impactos diferenciados por el contexto patriarcal colonial que no las reconoce como ciudadanas plenas ante la indiferencia de Estados que siguen privilegiando el capital sobre la vida.

Un caso de especial indignación provocó la denuncia de violencia sexual sistemática e impune contra niñas peruanas del pueblo Awajún por parte de docentes de sus centros escolares.

El caso causó el rechazo general de la sala del Tribunal, más aún por las declaraciones de Morgan Quero, ministro de Educación, quién pretendió justificar estos hechos como prácticas culturales.

La plenaria final del XI FOSPA conoció las sentencias elaboradas por las juezas del Tribunal integrado por Rosalía Matene y Ailin Vaca Diez (Bolivia), Cristina Gavancho y Lili Calderón (Perú), Carla Baré (Brasil), Luna Contreras (Colombia) y Manuela Villafuerte (Ecuador).


Foto: XI FOSPA Bolivia

Bolivia: Caso San Miguel de Velasco

Juana Menaca, lideresa boliviana de la Central de Comunidades Indígenas de Velasco, denunció el constante avasallamiento y superposición de su territorio ancestral del pueblo indígena Chiquitano por personas foráneas que causan inseguridad y zozobra entre las familias.

“Son más de 100 comunidades fantasmas, nos las conocemos, pero 21 ya aparecen en la cartografía municipal” afirmó la lideresa, quien denunció que de esta forma se vienen ocupando sus territorios.

Señaló que la finalidad es “realizar actividades mercantilistas que están destruyendo el monte, saqueando la madera, afectando nuestras fuentes de agua”.

Menaca explicó que los foráneos desarrollan estilos de vida que aceleran la crisis climática, modifican el hábitat de diferentes especies y provocan la migración de animales y aves en busca de su supervivencia.

Con ello, generan escasez de alimentos y dejan paisajes devastadores.

La lideresa pidió un pronunciamiento en favor de la paz y la seguridad para ellas, pues las mujeres de las comunidades indígenas son amenazadas. “Con el apoyo de este Tribunal escucharán nuestras voces para ser libres en nuestro propio territorio”, subrayó.

Brasil: Caso de violencias a mujeres del pueblo Wayoro

Walda Wajuru, cacica del pueblo Wayoro, no pudo brindar su testimonio de manera presencial ante el Tribunal por haber sido víctima de un hecho discriminatorio de la empresa LATAM, que le impidió volar hacia Rurrenabaque.

Sin embargo, ella dio un breve testimonio a través de un vídeo y la información fue complementada por Eunice Guedes, de la Articulación de Mujeres Brasileras y docente en la Universidad Federal de Pará.

Los testimonios indican que el pueblo Wayoro lucha hace más de 20 años por la demarcación de sus territorios pues no hacerlo lo mantiene expuesto a violaciones a los derechos humanos de su población.

Se citó el caso de la lideresa Walda Wajuru quien está amenazada de muerte por sus denuncias a los atropellos que sufren.

“Pedimos la demarcación inmediata para la seguridad del territorio indígena wayoro y justicia para las vidas perdidas de mujeres durante el contacto con los hombres blancos” denunció Guedes.

“Esta es una zona de frontera donde de forma constante los animales son envenenados y se incrementan las amenazas de muerte”, prosiguió Guedes.

Detalló que las mujeres son las principales lideresas y quienes cuidan la espiritualidad y la salud comunitaria, pero viven en permanente inseguridad y violencia.

La situación no se resuelve a pesar de la reiterada demanda al gobierno brasilero y diversas entidades públicas para lograr la demarcación que contribuiría a la paz a la que tienen derecho.

Perú: Caso defensa del río Marañón

El río Marañón, uno de los afluentes del Amazonas, baña el territorio del pueblo Kukama en la región de Loreto. Es no solo un medio de vida para la población sino parte de su espiritualidad y relacionamiento con el mundo.

Sin embargo, la contaminación por actividades extractivas de petróleo y minería lo contamina de manera sistemática afectando directamente los cuerpos de las mujeres.

Las lideresas de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, Mariluz Canaquiri y Emilsen Flores, denunciaron que la contaminación de su río ancestral está dañando de manera irreversible la vida de las mujeres del pueblo kukama.

Ellas perciben notables perjuicios a su salud física, mental, sexual y reproductiva, con el incremento de su carga de cuidados lo que limita aún más su participación política agravado por las amenazas que enfrentan en su lucha como defensoras.

“Cincuenta años de explotación petrolera solo nos ha traído muerte, enfermedades y contaminación de ríos y territorios dañando el buen vivir en nuestro pueblo” remarcó Canaquiri.

Pidieron la solidaridad de las organizaciones en su demanda al Estado peruano para que el Poder Judicial ratifique la sentencia en primera instancia que reconoce al río Marañón como sujeto de derechos.

“El Marañón es un ser vivo y aunque no tiene voz estamos nosotras para que se le escuche”, afirmó Emilsen Flores.

Colombia: Caso derechos de las mujeres en una paz que se diluye

Zully Rivera, lideresa del pueblo Nasa de la Amazonía del Putumayo, testimonió sobre la situación de las mujeres que sobreviven a una crisis humanitaria por el recrudecimiento del conflicto armado.

Ello ocurre tras la insuficiente implementación del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno colombiano con los grupos de la FARC-EP en 2016.

“Tenemos dificultades por el control territorial de grupos armados luego de que solo el 32 por ciento de los acuerdos de paz se están cumpliendo, acuerdos sobre los que no fuimos consultados los pueblos originarios”, sostuvo.

Con mucho dolor explicó que esta realidad afecta directamente a las mujeres del pueblo Nasa quienes son desplazadas de sus territorios por el incremento de grupos armados que defienden intereses del narcotráfico y de grandes multinacionales.

“Las mujeres estamos poniendo a nuestros hijos en una guerra que no nos corresponde y trae desarmonías a la madre tierra, a las comunidades, a nuestras familias” dijo Rivera.

“Vivimos violaciones a los derechos humanos y tenemos hermanas y hermanos que están siendo asesinados”, agregó entre lágrimas Zully Rivera.

Espero que la sentencia del tribunal nos contribuya a lograr una verdadera paz con justicia social y las mujeres ya no tengan que salir huyendo de la violencia a desplazarse a las ciudades, finalizó.

Ecuador: Caso de despojo territorial al pueblo Shuar Arutam

La explotación de la madera, petróleo, oro y cobre viene causando una permanente violación a los derechos del pueblo indígena Shuar Arutam que desde tiempos ancestrales ha convivido en armonía con el bosque.

En la actualidad se acentúa el despojo de su territorio por intereses empresariales multinacionales avalados por los gobiernos, y que conllevan destrucción del tejido comunitario y del modo de vida de las familias.

Fanny Kaetat, lideresa shuar arutam, denunció el accionar de empresas mineras canadienses que llegan en busca de oro para que luego las concesiones sean explotadas por empresas chinas.

En esa dinámica que impone el capital, se militarizan los territorios para expulsar a los pueblos con la anuencia de los gobiernos de turno.

“Hay vuelos constantes de helicópteros, no podemos trabajar con tranquilidad, las mujeres tememos por la vida de nuestros hijos, qué va a ser de sus vidas si nos desalojan” dijo Kaetat.

“Y si nos quedamos, cómo vamos a vivir sin agua si los ríos están despareciendo”, preguntó la lideresa Fanny Kaetat.

La falta de seguridad, la división de las familias, las amenazas y la criminalización por oponerse a los proyectos mineros, son situaciones comunes que viven las mujeres.

“Solicito que el Tribunal nos apoye en nuestra lucha por vivir en paz. Queremos que las empresas mineras suspendan sus operaciones y se vayan de nuestras comunidades, basta de destruir”, invocó la lideresa.

Perú: Caso violencia sexual a niñas en Condorcanqui

Este caso fue uno de los que mayor indignación y rechazo causó en la sala del Tribunal: niñas awajún violadas por docentes de sus colegios.

Esto ocurre sin que las denuncias interpuestas ante las autoridades por los apus de las comunidades frenen esta grave vulneración a sus derechos humanos. Menos se ha promovido justicia o alguna reparación integral para ellas.

Las más de 500 niñas víctimas viven en los territorios de los pueblos Wampis y Awajún en las riberas de los ríos Cenepa, Nieva y Santiago en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

Los hechos vienen siendo denunciados desde 2017 y no se han detenido; por el contrario, se incrementan ante la impunidad que los rodea por la inacción del Estado.

Las violaciones han contagiado con VIH/SIDA al 70 por ciento de las víctimas, entre las que se encuentran niñas de cinco años que han muerto por esa causa.

Las testimoniantes rechazaron las declaraciones del ministro de Educación de Perú quien atribuyó las violaciones a una práctica cultural del pueblo Awajún.

En tal sentido, exigen una rectificación inmediata pues sus palabras no solo mienten, sino además naturalizan la discriminación y la estigmatización de sus culturas.

Revelaron que dicho ministerio tampoco ha actuado y que no se han atendido las denuncias ante las instancias de gestión local para que los docentes violadores sean retirados de la carrera magisterial.

Esta impunidad ha generado que los apus en las comunidades reglamenten cuánto puede costar un hecho de violencia sexual para que sea asumido por el perpetrador y este sea retirado de la comunidad como parte de la pena.

“Nos preocupa este tipo de justicia para nuestro contexto y cultura. Lo que demandamos es el respeto de los derechos de las niñas, que se juzgue, sancione y encarcele. Por eso como Consejo de Mujeres hemos salido a hacer la denuncia pública”, remarcaron.

“El extractivismo trae violencias, trata de personas, a gritos denunciamos y no encontramos justicia. Por eso estamos acá, en este Tribunal, porque no podemos callar” dijeron.

“Si las mujeres existimos es porque resistimos, y necesitamos estar unidas para impedir que siga esta impunidad”, expresaron.

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Con información del XI FOSPA.

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Comentarios (1)
Juan Jesus (no verificado) Lun, 17/06/2024 - 08:13

Un ejemplo de resistencia y dignidad de los Pueblos Andino Amazónicos...
Felicitaciones y fuerza para continuar...

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