La masacre de Cayara fue el asesinato de alrededor de 40 campesinos en el distrito de Cayara, Ayacucho entre el 14 de mayo de 1988 y el 8 de septiembre de 1989, durante el primer gobierno de Alan García. Foto: Agenda.pucp.edu.pe
Distintas organizaciones de derechos humanos analizan el proyecto de ley que busca dejar sin justicia a más de cien casos por delitos de lesa humanidad.
Por Luciana Zunino
Servindi, 9 de abril 2024.- Organizaciones de derechos humanos y memoria analizaron el martes 9 de abril el proyecto de ley 6951/2023-CR que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Legislación Peruana.
El proyecto que Precisa la Aplicación y Alcances del Delito de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en la Legislación Peruana es impulsado por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular).
La iniciativa legal intenta interferir en procesos judiciales de presos juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, planteando su liberación.
El espacio de diálogo fue promovido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Los ponentes fueron Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL); Valeria Reyes, del IDEHPUCP, Miguel Jugo, de la CNDDHH y Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Los delitos de lesa humanidad no prescriben
Carlos Rivera afirmó: “Nos encontramos con crímenes particularmente horrendos, que de ninguna manera para la comunidad internacional podrían ser considerados delitos comunes”.
El proyecto incluye la posibilidad de una aplicación retroactiva de la ley, lo que significa aplicar una nueva ley a situaciones o hechos que ocurrieron antes de que esta ley entrara en vigencia.
El proyecto propone restringir las repercusiones de estos crímenes dentro del país, a pesar de lo establecido en acuerdos internacionales como el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad.
Por ejemplo, la Convención sobre imprescriptibilidad establece que los crímenes de guerra y lesa humanidad no tienen límite de tiempo para ser procesados, sin importar cuándo se cometieron.
De manera similar, el Estatuto de Roma se enfoca en investigar y castigar los delitos más graves a nivel nacional e internacional.
El abogado explicó que, con los delitos mencionados, se les tipifica y complementariamente se aplica la calificación de crimen de lesa humanidad con sus consecuencias jurídicas.
Algunos de los crímenes de lesa humanidad mencionados por Carlos Rivera incluyen el caso Hugo Bustíos, Barrios Altos y la Cantuta, los casos Chuschi y Cayara, el caso de la Universidad Nacional del Centro en Huancayo y la matanza de Pucará, entre otros.
Cuando la política busca desbaratar la justicia
Fuente de la imagen: Entre pueblos
Valeria Reyes, del IDEHPUCP, menciona que la propuesta legal le parece una medida dentro de un conjunto de acciones sistemáticas que buscan debilitar al Sistema Interamericano y de justicia.
“A pesar de haber ratificado hace más de 20 años el Estatuto de Roma, algunos estados no han realizado la adaptación necesaria a cada país, lo cual es vital para aplicar de inmediato las normas de derechos humanos”, expresó.
En esa línea, Gloria Cano de APRODEH, afirmó con preocupación que, el nuevo Tribunal Constitucional, podría invalidar el precedente de imprescriptibilidad establecido en una sentencia previa. Esto afectaría a militares actualmente bajo proceso judicial.
“Lo que creo yo que van a pretender hacer precisamente es arrasar con el sistema de justicia y por esto es que ahora vemos un ataque contra todo ese poder del Estado” dijp Cano.
“O sea, no es un ataque aislado. Aquí no es un proyecto de ley sino el copamiento, que es poder tener todas esas herramientas para garantizar impunidad a los del pasado y a los del presente” sostuvo Gloria Cano.
A modo de reflexión final
En resumen, si se declara la prescripción de los delitos, se estaría reduciendo la capacidad del sistema judicial para juzgar y castigar a los culpables de graves violaciones de derechos humanos.
Esto tendría un impacto considerable en la responsabilidad y enjuiciamiento de crímenes nacionales y violaciones de derechos humanos del pasado, como violaciones, desapariciones forzadas y masacres.
Por tanto, desde los distintos frentes como la ciudadanía civil, el periodismo, el derecho y la academia, y ante un nuevo trabajo político y mediático de “terruqueo”, las y los ponentes concordaron en la importancia de aportar informando, alertando y protestando sobre estos atropellos.
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