¿Los riesgos climáticos deben incluirse en los EIA?

Servindi, 3 de febrero, 2024.- La Corte Constitucional de Colombia admitió y evalúa una demanda que solicita que los estudios de impacto ambiental (EIA) de proyectos con impactos graves para el ambiente deben considerar la crisis climática.

El litigio constitucional que inició formalmente en enero de 2024 es el primero de este tipo en América Latina y el Caribe, y propone repensar la evaluación de impacto ambiental.

La acción legal pide actualizar la normativa que por tres décadas regula el licenciamiento ambiental, pero que se queda corta frente al cambio climático y sus múltiples efectos.

La demanda presentada por las asociaciones Dejusticia, Ilex Acción Jurídica y los investigadores Sibelys Mejía, David Cruz y Julián González fue admitida por la Corte y se encuentra en evaluación.

De manera específica peticiona que el artículo 57 de la Ley 99, que reglamenta los EIA, debe cumplir los estándares constitucionales y del derecho internacional que obliga al Estado colombiano a luchar contra la crisis climática.

Laura Santacoloma, directora de Justicia Ambiental en Dejusticia, destaca que la Corte Constitucional podría garantizar que las autorizaciones de proyectos que generen graves impactos graves se evalúen en el contexto de emergencia climática.

Ello es especialmente relevante en el caso de proyectos que serán ejecutados por periodos que abarcan décadas.  

“Esto incide, además, en que la adaptación climática tenga un enfoque territorial y los proyectos se desarrollen bajo condiciones que permitan reducir el riesgo de las comunidades aledañas”, agrega Santacoloma.

De ser así, contribuiría a que el desarrollo de los países se ajuste a estándares de mitigación y adaptación del cambio climático.

Dayana Blanco Acendra, directora general de ILEX Acción Jurídica, dice que “la conexión entre impactos ambientales y garantía de derechos humanos es fundamental para la supervivencia de comunidades y poblaciones desproporcionadamente afectadas por la crisis climática”

Según el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el mundo necesita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mucho más y aún más rápido de lo que se creía (43% para 2030).

De acuerdo con el informe, crear de forma urgente nuevas y mejores medidas de adaptación será clave si no se quieren perder más vidas y destruir más medios de subsistencia. 

¿Por qué el artículo 57 de la Ley 99 es obsoleto?

Hace tres décadas, cuando Colombia aún se respiraba el aire esperanzador de  y la sociedad inauguraba los derechos a un ambiente sano y a participar en las decisiones que afectaban su entorno, se creó todo el engranaje institucional y normativo para hacer valer estos y otros derechos consagrados en la nueva Carta Política. Así fue como, mediante

La Ley 99 de 1993 surgió bajo la inspiración de la Constitución de 1991, creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y sentó las bases para la participación ambiental.

La norma incluyó el licenciamiento ambiental para planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pero se autorizan proyectos, actividades y obras cuyos daños ambientales son graves.

El artículo 57 de la Ley 99 regula una herramienta indispensable en el trámite de este procedimiento para obtener la licencia ambiental, y que permite determinar las afectaciones ambientales generadas por los proyectos.

Los EIA permiten diseñar planes para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos y deben ser ejecutados por la empresa o persona que pretende realizar la actividad.

Los EIA incluyen en su análisis los elementos bióticos (vivos), abióticos (componentes sin vida que afectan a organismos vivos) y socioeconómicos del área en donde se solicita una licencia ambiental.

Sin embargo, en tiempos de emergencia climática global, estos tres elementos son insuficientes, pues los riesgos climáticos son complejos y sus variables requieren una evaluación especializada y particular.

Ella debe incluir aspectos como la afectación en las economías locales, seguridad alimentaria, riesgos por eventos climáticos catastróficos, entre otros.

Lo anterior permitiría que las autoridades ambientales tomen mejores decisiones y que el licenciamiento ambiental se ajusten a los desafíos contemporáneos de la justicia ambiental, social y climática. 

Fundamentos de la petición

  1. En 2024 hay nuevos estándares constitucionales

Hace 30 años, cuando se promulgó la Ley 99, la licencia ambiental y los EIA prometían ser un gran avance para la garantía de la protección a un ambiente sano. Por ese entonces no estaban previstas las obligaciones de enfrentar los efectos del cambio climático.

Sin embargo, en 2024 la situación no es la misma. La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado la necesidad de honrar los compromisos del Estado en materia de adaptación y mitigación del cambio climático.

De no tenerlo en cuenta en el proceso de licenciamiento ambiental llevará al Estado colombiano a incumplir sus compromisos internacionales. 

  1. La lucha contra el cambio climático es ineludible 

La exacerbación de fenómenos climáticos, como huracanes, incendios, sequías e inundaciones, y el agravamiento de desplazamientos climáticos, algunas epidemias y hambrunas, son, según el IPCC, reflejo de cómo el clima nos está cambiando.

Proyecciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que para 2070 la temperatura media en Colombia podría aumentar entre dos y cuatro grados centígrados, con lo que se reducirían hasta en un 30% los niveles de lluvias.

Estos datos muestran que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para frenar aquellas actividades que contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero (mitigación), pero también las que permitan evitar o reducir la magnitud de los impactos en la vida de las personas (adaptación). 

Por ello, es urgente que el país pueda identificar cómo los proyectos, obras o actividades (POA) que están sometidas a licenciamiento ambiental inciden en las emisiones de gases de efecto invernadero y, consecuentemente, en los compromisos de mitigación de Colombia frente al mundo.

También, es necesario analizar cómo esos POA, especialmente los que pueden durar décadas o que generan impactos de gran magnitud, aumentan o disminuyen los riesgos asociados con los cambios en el clima de los territorios en los que se pretenden desarrollar.

Con ellos, se corre el enorme riesgo de profundizar factores de pobreza y vulneración de derechos humanos de generaciones presentes y futuras.

  1. Las actividades que regula el licenciamiento ambiental tienen graves efectos para la emergencia climática

Dentro de los impactos más frecuentes está la remoción de la capa vegetal, que libera CO2. También, para la extracción de hidrocarburos, se queman gases atrapados en el subsuelo que, a su vez, liberan más gases de efecto invernadero.

De igual manera, estas actividades pueden profundizar los riesgos o vulnerabilidades asociados al cambio climático de las comunidades locales, en especial cuando es necesario modificar cauces de ríos o se afecta el subsuelo.

Ello incide en la disponibilidad, accesibilidad y calidad de las fuentes de agua, así como en el aumento de riesgos por sequía, inundación o remoción en masa y, consecuentemente, en las actividades de producción de alimentos y otras que les permiten mantener sus economías locales.

  1. Las normas actuales tienen restricciones

La formulación actual del artículo 57 de la Ley 99 no menciona explícitamente la obligación de incluir el análisis de la variable climática, ni menciona cómo las autoridades deben actuar para prevenir los riesgos que estos proyectos o actividades pueden dejar en los territorios.

Además, la interpretación tan restrictiva de la norma tampoco permite ampliar su alcance o suplir este déficit mediante reglamentación, pues el contenido que falta (afectaciones relacionados con el cambio climático) no está expresamente incluido en el artículo.

Este estándar no puede seguir siendo voluntario, ni debería depender de las políticas de gobierno o de las directrices de las autoridades de turno. 

La emergencia climática exige que las normas se interpreten para proteger los derechos de las personas (presentes y futuras), de tal manera que sean decisiones sostenibles y duraderas.

La evaluación de los impactos ambientales requiere una mirada constitucional moderna que responda a las luchas y  desafíos globales por el cambio del clima. 

Descargue los archivos en los siguientes hipervínculos:

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Con información de Dejusticia: https://www.dejusticia.org/litigation/demanda-ley-99/

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