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Kichwas presentan demanda por medida inconsulta del Minagri

Imagen: Andina.

Mediante recurso de acción popular piden nulidad de resolución por violar el derecho a la consulta y amenazar directamente derechos de las comunidades nativas, indican.

Por Harold Moreno

SER, 27 de agosto, 2020.- Descendientes de los pueblos indígenas amazónicos y “quechuizadas” durante el siglo XVI por misioneros, muchas comunidades del pueblo Kichwa fueron reconocidas por el Estado después del 2005.

Este hecho, lamentablemente, se ha convertido en un escollo para la demarcación territorial de las comunidades Kichwa de San Martín, debido a una Resolución Ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Ante tal situación las comunidades han presentado una demanda de acción popular contra la norma.

Denuncian discriminación

Existe una superposición parcial entre los territorios de uso ancestral de los pueblos Kichwa de San Martín y los del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, creada en 2005.

En diciembre de 2019 se publicó la R. M. N°0443-2019-Minagri, que en su artículo 6.6.6 inciso B indica que, en casos de superposición con áreas naturales protegidas, se procederá a la demarcación solo en aquellas comunidades nativas que hayan sido reconocidas formalmente con fecha anterior al establecimiento del área natural. Es decir, los pueblos Kichwa en Cordillera Escalera no pueden tramitar la titulación de sus territorios por haber sido reconocidos después del 2005.

“En San Martín esto trasluce un proceso de exclusión que han venido sufriendo los pueblos indígenas Kichwas, porque en el 2005 no estaba en trámite ningún proceso de reconocimiento ni de titulación de estas comunidades nativas por omisión de las entidades públicas. Y estas mismas, en forma irregular, pretenden disponer o restringir derechos por un tema cronológico”, señaló el pasado martes, en conferencia de prensa virtual, la asesora legal del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa (Cepka), Cristina Gavancho.

Cepka agrupa a la mayoría de las comunidades Kichwa de San Martín. Gavancho precisó a Noticias SER que en 2015 se inició un proceso de titulación orientado a titular más de 30 comunidades nativas. A la fecha, solo se han titulado cinco.

“El resto ha quedado paralizado por temas de mero trámite, de imposición de terceros, colonos que aducen tener derechos de posesión”, indicó.

Norma inconsulta

Luego de coordinar internamente (y en el complejo escenario actual de la pandemia), Cepka presentó el 27 de julio pasado la demanda de acción popular contra la resolución del Minagri.

Según el Convenio 169 de la OIT, la consulta de parte del Estado a los pueblos indígenas debe garantizarse antes de la emisión de cualquier “medida legislativa o administrativa” que pueda afectarles directamente. Ello, denuncia Cepka, no se ha cumplido con esta resolución ministerial.

El recurso de acción popular presentado pide la nulidad de la resolución por la violación del derecho a la consulta en una norma que, indican, amenaza directamente al derecho de las comunidades nativas.

Además, se solicita que se modifiquen las normas de titulación de tal forma que se titule todo el territorio que han ocupado tradicionalmente, y se exhorta al Minagri para que, en convenio con los gobiernos regionales, desarrolle legislativa y reglamentariamente procesos sencillos y accesibles de titulación y saneamiento.

Gavancho señaló a Noticias SER que el problema va más allá de la norma, y que existe una falta de adecuación del Estado a los procesos de titulación de comunidades indígenas.

“Tal es así que actualmente hay dos comunidades kichwa y dos shawi que ya tienen resolución de demarcación, la última fase del proceso de titulación de comunidades nativas, y desde el 2018 están encarpetadas en la jefatura de Área de Conservación Cordilla Escalera, y con esta resolución ya tienen el pretexto para no emitir su opinión para que pueda darse el contrato de sesión en uso. Su opinión es necesaria porque el contrato va a determinar qué áreas y qué uso se va a realizar".

Procesos truncos

Las comunidades kichwa de San Martín, tras varios meses de protesta, coordinaron en 2016 con el Gobierno Regional de San Martín el inicio de procesos de demarcación y titulación para el otorgamiento de títulos habilitantes de cesión en uso dentro del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.

Para 2018, a pesar de haberse generado con éxito el proceso de titulación de una comunidad nativa kichwa (Nuevo Lamas de Shapaja), comenzaron las demoras en los procedimientos de las otras. A la fecha no se ha concluido el proceso de titulación en otras comunidades kichwa, ni tampoco será posible bajo el marco de la cuestionada resolución ministerial.

La tala ilegal es también un grave problema en Cordillera Escalera. Gavancho indica que, sin tener claridad en la demarcación territorial, a menudo los miembros de los pueblos kichwa no sienten seguridad para denunciar a quienes la realizan.

El proceso de acción popular seguirá su proceso judicial. Sin embargo, se torna necesario —aún en medio de la actual crisis— un diálogo y la atención por parte del Minagri antes que las comunidades adopten, eventualmente, otras medidas de protesta.

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Fuente: Servicios Educativos Rurales (SER): http://www.noticiasser.pe/informe/comunidades-kichwa-presentan-demanda-por-medida-inconsulta-del-minagri

 

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Comentarios

Al enterarse sobre esta preocupante situación -- una de las tantas encrucijadas por las que atraviesan los pueblos originarios en nuestro país -- algunos lectores podrían preguntarse si el Cepka ha acudido al ministerio de Cultura (específicamente, al VM de Interculturalidad) para que los apoye en sus reclamo. Es más, parece sintomático que ni siquiera se mencione al MinCul en todo el artículo. Es decir, da la impresión de que VM de Interculturalidad tiene tan poca llegada a los pueblos originarios en conflicto con el Estado, que ni siquiera se haga un recuento de alguna posible gestión que el Cepka haya hecho con el MinCul para que le brinde algún tipo de apoyo a favor del pueblo kichwa. Habría sido valioso para los lectores conocer si el MinCul está enterado de la situación y si ha hecho algo o nada al respecto. Esta información permitiría tomar mayor consciencia de la mucha o poca capacidad del VM de Interculturalidad para defender los derechos de los pueblos originarios, asunto que debería ser su principal función como entidad estatal.

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