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Colombia: ¿Paz al fin? Mucho trabajo por hacer…

Foto: Somos Defensores

El programa Somos Defensores registró entre enero y marzo de este año 197 agresiones contra 187 personas, pues algunas fueron víctimas de más de una agresión. Las agresiones fueron 115 amenazas, 47 asesinatos, 14 atentados, 8 detenciones arbitrarias, 8 judicializaciones y un hurto de información, entre otras. Las cifras siguen aumentando y los crímenes tienen un impacto enorme en las familias y poblados. Entre tanto, la respuesta del gobierno es considerada insuficiente. 

¿Paz al fin? Mucho trabajo por hacer…

Por Fernanda Sánchez Jaramillo*

24 de agosto, 2020.- El confinamiento no ha frenado la violencia en los territorios. Hace un par de meses, en la vereda el Caracolí, municipio de Tarazá en el departamento de Antioquia, la comunidad fue aterrorizada con el cadáver de un campesino que permaneció en el suelo más de una semana.

Durante las dos últimas semanas, Colombia ha sido sacudida con la noticia de múltples masacres en diversos departamentos y el asesinato  del comunicador indígena, Abelardo Liz, en el departamento del Cauca donde los asesinatos no cesan. Las estadísticas no mienten.

En estos primeros ocho meses del 2020, según estadísticas de Indepaz con corte al 23 de agosto, han sido perpetradas nueve masacres, en Antioquia, siete en Cauca, y siete en Nariño, pero total suman ya 45 masacres que compromenten otros departamentos de Colombia.

Fuente de la imagen: Programa Somos Defensores

El programa Somos Defensores, Indepaz, Marcha Patriótica y la Comisión Colombiana de Juristas son algunas de las organizaciones dedicadas a la trascendental tarea de registrar nuestros muertos y destacar su entrega e impedirnos olvidarlos. También la Red Colombiana de Estudiantes de geografía- Regional Cauca contribuye con la elaboración de mapas interactivos sobre las personas asesinadas.

Las cifras siguen aumentando. Mercedes Mejía, reconocida lideresa del departamento de Caquetá en la Amazonia colombiana, siente una gran impotencia ante el sacrificio de compañeros y compañeras.

Los crímenes tienen un impacto enorme en las familias y poblados de quienes actúan como intermediarios entre la comunidad y los actores armados. “Son seres humanos fuertes, decididos, trabajadores que anteponen su trabajo por las comunidades a su vida personal. Hoy sentimos un profundo vacío porque vemos como caen a diario”, reflexiona Mejía.

Desde los primeros meses del año, el panorama no era muy positivo y constató que la violencia no cesaría con la pandemia. El programa Somos Defensores registró entre enero y marzo de este año 197 agresiones contra 187 personas, pues algunas fueron víctimas de más de una agresión. Las agresiones fueron 115 amenazas, 47 asesinatos, 14 atentados, 8 detenciones arbitrarias, 8 judicializaciones y un hurto de información, entre otras.

De acuerdo con la información suministrada por esta organización, los atentados y judicializaciones aumentaron durante este periodo del año, con respecto al 2019, los presuntos responsables fueron los mismos: paramilitares, autores desconocidos, Fuerza Pública, el ELN y disidencias de las Farc y las Águilas Negras.

Los paramilitares nunca han abandonado los territorios. El Bloque Capital, las Autodefensas “Gaitanistas” de Colombia, el Clan del Golfo y la mafia siguen aterrorizando la comunidad.

Llamadas telefónicas, mensajes vía WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y panfletos son utilizados para amedrentar a hombres y mujeres en 23 de los 32 departamentos colombianos, uno de los más golpeados es el Cauca que será abordado en el segundo reportaje de esta serie. Líderes comunales, campesinos, estudiantiles, sindicales, afro-descendientes, indígenas y líderes de víctimas son hostigados.

Las cifras de las organizaciones varían porque utilizan metodologías y categorías distintas, pero todas corroboran la violencia que azota Colombia. Los diversos equipos de investigación hacen un esfuerzo enorme, recurren a fuentes primarias, denuncias desde los territorios, la información de alertas tempranas sobre violaciones de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo y las comunidades y fuentes secundarias de prensa; además, comparten información entre ellas.

Indepaz indica que fueron 194 los líderes y lideresas asesinadas, desde enero hasta el 18 de agosto e incluye diferentes categorías y personas de base, no solo aquellas con rol directivo, esta es una de las razones por las que las estadísticas varían entre los equipos que investigan los asesinatos. Líderes mineros y participantes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), programa de sustitución voluntaria de cultivos que inició en el año 2017 en 13 departamentos, y familiares de líderes son incluidos en los listados de Indepaz.

Hijos, nietos y cónyuges también son víctimas. Estos asesinatos son perpetrados como una forma de amedrentarlos y otras veces porque al no encontrar al líder o lideresa que buscaban deciden asesinar a sus familiares. Ocho familiares de líderes y lideresas han sido asesinados este año y también 41 firmantes de la paz.

Guillermo Pérez, líder social del Cesar, confirma que la situación es crítica debido a la consolidación, en el sur del departamento, del grupo de Juancho Prada, antiguo comandante de las autodefensas del Cesar. En los municipios de la Jagua, Becerril y El Paso, un grupo paramilitar extorsiona y controla las economías ilícitas de la zona.

Como si fuera poco en el norte del departamento, el Clan del Golfo y la banda criminal de Marcos Figueroa controlan Valledupar mientras que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra disputan otras áreas y en el centro y sur está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En el Cesar hay 240 líderes (as) amenazados, uno fue asesinado en mayo. Ante este panorama de constante hostigamiento la pregunta es por qué no desisten. “La razón por la cual los líderes no abandonan su rol dentro de las comunidades es el sentido de pertenencia, la lealtad a sus principios y su compromiso con la construcción de una sociedad distinta”, afirma Pérez.

El confinamiento decretado como respuesta al Covid-19 es un agravante más. Leonardo González de Indepaz explica que es más fácil ubicar a las personas, no hay la misma protección comunitaria -las guardias indígenas, campesinas o cimarronas- ya que están intentando contener los efectos de la pandemia ni de la seguridad por parte de la fuerza pública. Paradójicamente esos mismos grupos armados ilegales para quienes confinamiento no el confinamiento no aplica, han asesinado a pobladores por no cumplir con él.

Fuente de la imagen: Programa Somos Defensores

También Marcha Patriótica monitorea la violencia en el territorio. En sus informes de este año se destacan especialmente las agresiones sufridas por los campesinos miembros del PNIS quienes se oponen a la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito. En el marco de las protestas pacíficas han resultado heridos y muertos algunos campesinos en varios departamentos, entre ellos Putumayo.

En su página web registran las protestas acalladas por la fuerza. Los resultados no son los esperados; sin embargo, el gobierno publicita en su portal oficial los “logros” del “posconflicto” tales como el fortalecimiento del programa de sustitución de cultivos y los “avances” en la implementación de paz mientras los pobladores denuncian el incumplimiento de los Acuerdos de paz en las regiones.

La situación se agudiza. De acuerdo con Marcha Patriótica desde el inicio de la cuarentena hasta el mes de junio han sido asesinados  aproximadamente 50 líderes sociales y algunos de los departamentos más afectados durante este periodo son Antioquia, Santander, Cauca, Nariño, Córdoba y Putumayo, e incluye categorías de liderazgos distintas a otras ONG.

Sirley Muñoz, coordinadora de incidencia y sistemas de información de Somos Defensores, sostiene que se ha planteado la necesidad de llegar a entendidos mínimos para monitorear las agresiones y los casos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos.

Ella está consciente de que es un desafío enorme porque cada organización responde a intereses distintos respecto del tipo de información que analizan, tienen metodologías diferentes y una comprensión distinta de quién es defensor de derechos humanos, aunque todas parten de la definición de la ONU; no obstante, considera que también es necesario tener esas visiones sobre la violencia contra defensores (as) de derechos humanos.

Por su parte, Carmen Becerra coordinadora del equipo del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) cree que es viable trabajar por regiones, para facilitar el análisis profundo en las más afectadas por el conflicto, identificar categorías comunes, hacer un listado, determinar el concepto de líder (lideresa) y defensor (a) usados y compararlas para evitar la duplicación.

Una labor unificada le daría más solidez a la información: “sería una estrategia para evitar que algunos entes sigan tratando de negar y desacreditar las cifras que presenta cada organización”, agrega Becerra.

Esto favorecería investigaciones por parte de las autoridades y evitaría que circulen informaciones disímiles en los medios de comunicación, hay un avance en ese sentido. En agosto será presentado el informe sobre Las violaciones a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunidades organizaciones sociales en Colombia elaborado por 20 organizaciones. Uno de sus capítulos propone la descripción y análisis de pautas comunes usando como referente un instrumento denominado Base de datos en consolidación sobre violaciones de los derechos humanos.

Entre tanto, la respuesta del gobierno es considerada insuficiente. Esto ha sido cuestionado desde otros países y el 28 de mayo un grupo de 28 parlamentarios europeos envió una carta al presidente Iván Duque expresando su preocupación por la constante violación de derechos humanos de los líderes sociales.

El defensor de derechos humanos y analista del conflicto, Fernando Quijano, señala que la reacción gubernamental es débil: “Es una respuesta de choque, sobre la marcha, no hay una planificación real, solamente responde a la coyuntura y cuando lo hacen son medidas insuficientes y tardías. La de la sociedad colombiana es igual de débil a las actuaciones del Estado para frenar el asesinato sistemático de líderes, lideresas y reincorporados”.

Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, está de acuerdo con esta apreciación:

“En los primeros meses del año, no hemos visto una respuesta del Gobierno más allá de continuar aplicando estrategias como el Plan de Acción Oportuna PAO,  estrategia implementada por el actual gobierno y que para las Plataformas de DD.HH desconoce  elementos importantes plasmados en el Acuerdo de paz  para avanzar  en  la criminalidad que afecta a los liderazgos sociales, entre ellas  la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la que hacen parte representantes de la sociedad civil y que goza de un estatus legal”.  

Aunque el gobierno ha negado la sistematicidad de los asesinatos, una investigación adelantada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, otras siete organizaciones y un medio de comunicación especializado en el conflicto, revelaron los patrones de quienes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.

El IEPRI estudió los asesinatos y desapariciones forzadas de líderes sociales y defensores (as) de derechos humanos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2018 donde se determinaron la temporalidad de las violaciones al derecho a la vida, la correlación entre las violaciones al derecho a la vida  de líderes y defensores (as) de derechos humanos y el total de homicidios en el país, la condición de las víctimas, incluyendo abogados defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra,  arraigadas en su territorio y con un rol de liderazgo.

La CCJ expone patrones de los asesinatos de líderes sociales en los boletines de su página web explicando por qué los ataques no son aleatorios; por el contrario, hechos continuos y su ejecución planeada. Un primer aspecto es la persistencia de las diversas modalidades de violencia: amenazas, atentados, secuestros, desaparición forzada; el segundo, la focalización de la violencia contra determinados liderazgos, procesos organizativos y territorios y otro, la falta de garantías de prevención y protección.

Por su parte, Leonardo González de Indepaz dice sobre la sistematicidad de los asesinatos https://soundcloud.com/user-812930324/prueba

Finalmente, desde la Comisión Colombiana de Juristas expresan la necesidad de avanzar en los procesos judiciales por estos hechos. “Es necesario avanzar en las investigaciones y procesos judiciales hacia la identificación de los elementos comunes a los casos como las diversas y múltiples modalidades de violencia, los móviles y los autores intelectuales”, advierte Becerra de la CCJ.

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* Fernanda Sánchez Jaramillo es comunicadora social y periodista, magister en relaciones internacionales y trabajadora comunitaria. ICFJ and Carter Center Fellow.

 

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