Los impactos de la Hidrovía Amazónica van más allá de lo ambiental. En este informe, repasamos los efectos negativos que podría tener sobre la cultura de los pueblos indígenas, un aspecto importante y, al mismo tiempo, menospreciado por el Estado y el consorcio responsable del proyecto. Esta es la quinta entrega de una serie de reportajes denominada: “Los megaproyectos con mayor impacto en la Amazonía”, un trabajo de Servindi que recopila los grandes proyectos de infraestructura que amenazan la Amazonía del Perú.
Servindi, 23 de octubre, 2020.- En la cosmovisión de los pueblos indígenas amazónicos el río forma parte integral de su territorio y lleva consigo un arraigado y firme valor cultural.
Por eso, cuando los nativos asentados cerca a cuatro grandes ríos de la Amazonía peruana, se informaron de que estos serían intervenidos para cumplir con un megaproyecto, miraron con temor la propuesta.
El estudio de impacto ambiental de la obra no pudo demostrar con certeza que las repercusiones no afectarían u ocasionarán daños sobre los pueblos indígenas y todo apunta a que incumple estándares internacionales que garantizan la supervivencia de estos pueblos.
Pese a ello, el gobierno peruano continúa empecinado en hacer realidad esta obra.
Cosmovisión ignorada
La Hidrovía Amazónica es un megaproyecto que pretende unir los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas para mejorar la navegabilidad de grandes embarcaciones.
Además de los serios impactos ambientales que este proyecto generaría, tal como lo contamos en un reporte anterior, un aspecto poco abordado, pero de suma importancia, es la afectación sociocultural que también traería consigo.
El megaproyecto atraviesa por lo menos 410 comunidades nativas pertenecientes a 14 pueblos indígenas de Loreto y Ucayali: Achuar, Ashaninka, Awajun, Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama-kukamiria, Murui-muinani, Shawi, Shipibo – Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua y Yine.
A pesar de que estos pueblos figuran dentro del ámbito de intervención del proyecto, los estudios de la Hidrovía Amazónica no han aclarado cómo esta obra podría impactarlos.
Además de ser su fuente de vida principal, los pueblos indígenas consideran al río como un espacio sagrado. Foto: WCS
El mayor temor de los pueblos indígenas está relacionado con el dragado, la principal actividad del proyecto que supone la intervención de los ríos de la Amazonía para remover sedimentos del fondo del agua.
Dragar los ríos, no solo podría modificar y alterar la dinámica de los ríos, sino también afectar lo que para los pueblos indígenas es considerado un espacio de enorme valor sociocultural e incluso sagrado.
Un informe del Ministerio de Cultura (Mincul) del 2015, realizado en el marco del proceso de consulta previa del proyecto, es muy claro al respecto.
“En la cosmovisión de los pueblos indígenas de la región amazónica, el río forma parte integral de su territorio y lleva consigo un firme valor cultural”, señala el documento.
El informe titulado “El río y los pueblos indígenas”, agrega que este valor cultural se expresa “en cómo este es utilizado por ellos, y en la relación espiritual, social, económica y ecológica que entre los pueblos y el río se establece”.
Relación con los ríos
Una de las relaciones más documentadas entre pueblos indígenas y los ríos que serían dragados, es la del pueblo Kukama-kukamiria.
Para los kukama, que viven principalmente de la pesca, el río no solamente es su fuente de vida; sino también un lugar habitado por seres y espíritus.
Los seres que viven bajo el agua, según la cultura Kukama-kukamiria, eventualmente suben al mundo de la tierra y se llevan personas a vivir con ellos en las ciudades sumergidas.
Es por eso que, cuando alguien desaparece de una comunidad y no se le vuelve a encontrar, se cree que se ha ido a vivir bajo el agua y que, desde ese momento, solo volverá en sueños para comunicarse con su familia.
“En ese sentido, los kukamas tienen una relación personal y profunda con este mundo”, apunta un artículo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica sobre el tema.
Mural en la ciudad de Nauta, Loreto. Representación de la cosmovisión del pueblo Kukama, de las ciudades que existen bajo el río. Foto: cuenta de Twitter de Shah Selve.
El documental “Memorias del río”, publicado por Quisca Productions en el 2019, reafirma esta relación desde la visión de los kukama de la comunidad nativa Leoncio Prado, ubicada en el distrito Parinari, provincia de Nauta, región Loreto.
A los kukama de esta comunidad, cercana al río Marañón, también les preocupa que el dragado ahuyente para siempre a los peces y a todos los seres vivos asentados bajo el agua que reconocen como parte de su cultura.
Para los kukama, que viven principalmente de la pesca, el río no solamente es su fuente de vida; sino también un lugar habitado por seres y espíritus.
Pero la creencia en “gente del agua” no es exclusiva de los kukama. El informe del Mincul (2015) antes citado, también da cuenta de una valoración similar en otros pueblos, como los Yagua y Shawi.
Los Yagua creen en “Hahamwo”, gente que antes vivió en tierra firme, pero que en algún momento fue tragada por un diluvio y vive ahora bajo del agua.
Mientras que, para los Shawi, es el Yacuruna —ser supremo del río que domina el fuego, aire, agua y tierra— quien vive en el fondo del agua.
Aunque la relación entre pueblos y ríos varía de acuerdo a la cultura de cada grupo indígena, lo que no cambia es el temor por ver afectado el río, un espacio sagrado bajo la cosmovisión indígena.
“Entre las principales afectaciones percibidas por los pueblos indígenas [a partir del proyecto Hidrovía Amazónica] se encuentra la alteración de la relación integral y espiritual entre el río, sus seres mitológicos y los pueblos”, determinó al final de su informe el Ministerio de Cultura.
Voz indígena desmerecida
La desconfianza de los pueblos indígenas en la Hidrovía Amazónica no es infundada.
Un breve recorrido por los antecedentes del proyecto da muestra del poco interés que tuvo el gobierno para escucharlos desde un principio, pese a que esta obra los impactaría.
En el 2012, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solicitó que el proyecto sea promocionado, los pueblos indígenas demandaron que antes, pase por un proceso de consulta previa.
El gobierno no accedió sino hasta el 17 de octubre del 2014, fecha en que el Poder Judicial ordenó suspender el proyecto hasta que el MTC realice la consulta previa a los pueblos que serían afectados.
Así, el proyecto fue suspendido hasta la conclusión del proceso de consulta previa en el 2015, año en que se reinició el proceso de promoción y licitación de la obra que finalmente fue otorgada al consorcio Cohidro, en el 2017.
Proceso de consulta previa fue realizado a pedido de pueblos indígenas, a quienes el Estado no pensaba consultar inicialmente para realizar la Hidrovía Amazónica. Foto: Ministerio de Cultura
El consorcio Cohidro, integrado por la peruana Casa Contratistas (CASA) y la china Sinohydro, también intentó desmerecer la opinión de los pueblos indígenas.
En enero del 2019, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), declaró improcedente la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) de la Hidrovía Amazónica.
El documento que un mes antes había presentado Cohidro, fue observado por el Senace por no haber concluido el plan de participación ciudadana.
A la fecha de la presentación del EIA-d, estaba pendiente la ejecución de un taller informativo —ya convocado— con las comunidades indígenas en la localidad de Nauta, región Loreto.
Dicho taller debió concretarse en noviembre del 2018, pero fue suspendido por reclamos de la población. Se reprogramó para enero del 2019, pero Cohidro decidió presentar el EIA-d el 22 de diciembre de 2018 sin incluir los resultados del taller.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto fue observado por no haber concluido el plan de participación ciudadana.
Al conocer la decisión del Senace, el consorcio se justificó señalando que en Nauta no se dijo nada importante como para que se realicen cambios en el estudio y, aunque interpuso un recurso de reconsideración, finalmente tuvo que realizar el taller.
Así, en abril del 2019, Cohidro presentó un nuevo EIA-d del proyecto que fue admitido a evaluación por el Senace el 20 de mayo de ese año y, cinco meses después, fue devuelto con más de 500 observaciones.
Estudio con serios vacíos
Una de las entidades que hizo llegar su informe de opinión técnica al Senace fue el Ministerio de Cultura (Mincul) —autoridad responsable de velar por los pueblos indígenas— que presentó 105 observaciones y recomendaciones.
Tras revisar el EIA-d de la Hidrovía Amazónica, el Mincul observó que este debería “contener información sobre las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios que pudieran ser generadas por el desarrollo del proyecto”.
Para tal fin, se debería “contar con información sobre su caracterización como pueblos”, advirtió la entidad.
Otras de las observaciones emitidas por el Mincul está referida a las comunidades indígenas consideradas dentro del área de influencia del proyecto.
De las 424 comunidades que participaron en el proceso de consulta previa, el EIA-d solo consideró a 24 en el área de influencia directa y 178 en el área de influencia indirecta del proyecto.
En ese sentido, el Mincul solicitó que se considere la inclusión en el área de influencia directa a los pueblos indígenas que hagan uso o ejerzan sus derechos colectivos en ella, así sus territorios no estén superpuestos o colindantes a ella.
El Ministerio de Cultura presentó 105 observaciones y recomendaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica.
La institución también pidió que se expliquen las razones por las cuales el área de influencia social directa no incluía a los 14 pueblos que participaron en la consulta previa, debido a que el EIA-d describió solo a 9 pueblos indígenas.
Además, solicitó que se resuelvan inconsistencias sobre localidades, tipo de localidades y pertinencia; así como especificar de qué manera se realizarán los estudios ambientales en el área de influencia si se modifican o aparecen nuevas áreas de dragado.
Más adelante, el Mincul pidió que se cumplan con los acuerdos generales del proceso de consulta previa relacionados al EIA-d del proyecto.
Uno de ellos fue socializar el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto en los talleres de participación ciudadanas, acuerdo incumplido según informó la oenegé Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
“El último momento participativo con un diálogo directo con las comunidades en el marco del proceso de participación ciudadana del proyecto son las Audiencias Públicas, en las cuales no se dio a conocer el contenido del EDI ni de sus avances”, señaló DAR en una nota.
El EIA-d tampoco precisó de qué manera el proyecto afectaría al uso de recursos hídricos de los pueblos indígenas.
Es por eso que Mincul pidió que se precise a las localidades de pueblos indígenas que hacen uso del agua y “se describa cómo se vería afectado el ejercicio de su derecho del uso, aprovechamiento y/o acceso a este recurso natural”.
Informe del Ministerio de Cultura presenta 105 observaciones sobre el EIA-d de la Hidrovía Amazónica.
Las falencias del EIA-d de la Hidrovía Amazónica, se extienden también al campo intercultural, ya que este documento emplea términos técnicos de alta complejidad y difícil comprensión para los pueblos indígenas.
Y, además, no incluye información sobre el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de tal forma que se permita determinar posibles afectaciones a sus derechos, señaló el Mincul.
En línea con los Términos de Referencia (TDR) —de cumplimiento obligatorio—, el Mincul advirtió también que se deben cuantificar los impactos por pérdidas económicas de la población indígena, información también omitida en el EIA-d.
Para la organización DAR, todas estas recomendaciones “evidencian que el EIA del Proyecto Hidrovía Amazónica tiene fuertes debilidades que no aseguran el respeto de los derechos de los pueblos indígenas”.
Además de no garantizar “el cumplimiento pleno de los acuerdos de consulta previa del proyecto, tanto los incorporados dentro de los TDR del EIA como de los generales”, sentenció en agosto del 2019 la oenegé.
Estándares incumplidos
Aunque el consorcio Cohidro tenía hasta de enero de 2020 para volver a presentar el EIA-d con las observaciones levantadas, en diciembre del 2019 desistió y pidió que se detenga el proceso.
Para entonces, algunos especialistas ya habían advertido sobre otra serie de vacíos en el EIA-d, enmarcados en el derecho internacional.
Tras analizar el estudio, los abogados Rocío Meza Suárez y Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), concluyeron que este incumplía con los estándares jurídicos internacionales de cumplimiento obligatorio y rango constitucional.
Entre los estándares incumplidos por el EIA-d, señalaron, figuraba el no haber evaluado el impacto social, cultural y espiritual que el proyecto Hidrovía Amazónica generará en los pueblos indígenas.
Asimismo, identificaron que el EIA-d fue realizado sin una verdadera colaboración con los pueblos indígenas y elaborado por una consultora que carece de independencia e imparcialidad en relación con el operador del proyecto, en este caso el consorcio Cohidro.
Hidrovía Amazónica generaría un impacto cultural, espiritual y social que afectaría negativamente a los pueblos indígenas. Foto: WCS
Por último, sostuvieron que el estudio no evalúo los impactos acumulados con otros proyectos extractivos, como los derrames ocurridos en las cuencas y otros proyectos de infraestructura pública.
Y que, el proceso de elaboración del EIA-d, solo fue fiscalizado por Senace al inicio y no durante todo el proceso.
Todos estos estándares, según los abogados, fueron establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y por el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese sentido, aseguraron, “constituyen parámetros de validez de toda decisión del Estado, cuyo desconocimiento ocasiona la nulidad de todo acto administrativo”.
A pesar del turbio proceso de este proyecto que impactaría seriamente a los pueblos indígenas, el Estado pruano aún sigue empecinado en promover la Hidrovía Amazónica a pesar de su escaso costo-beneficio.
En enero de 2020, el entonces titular del MTC, Edmer Trujillo, aclaró que el contrato de concesión con Cohidro continuaba vigente y que, por parte del Estado, no existía interés en resolverlo.
Ese ha sido, hasta el momento, el último pronunciamiento público de un alto funcionario del Estado respecto a la cuestionada Hidrovía que, a todas luces, tendrá efectos negativos sobre los pueblos indígenas.
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