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Ratificación de Escazú: la gran deuda ambiental en Perú

Este reportaje fue producido por Servindi en el marco de la Campaña #ApoyoEscazú, promovida por la Alianza Ríos Voladores** con el apoyo de DW Akademie y la cooperación alemana.

La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el próximo 22 de abril, ha generado que en Perú se invoque nuevamente su ratificación. En 2020, una campaña de desinformación impidió que el país ratifique este tratado ambiental, pero este año, con un nuevo Congreso que será elegido en abril, el resultado podría ser distinto. ¿Cuál es el escenario en Perú sobre el acuerdo y por qué se dice que su ratificación es la deuda ambiental más urgente que tiene el país?

Servindi, 26 de marzo, 2021.- En octubre de 2020, cuando Perú decidió no ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental que, por primera vez, contempla disposiciones para proteger a los defensores ambientales, los dirigentes indígenas se lamentaron. “Sentimos que las autoridades nos dieron la espalda”, recuerda el apu Berlin Diques Ríos, presidente de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU).

Antes de esa decisión y solo desde que empezó la pandemia, en marzo de ese año, seis defensores ambientales, cuatro de ellos indígenas, habían sido asesinados por defender sus territorios en la Amazonía. Este año ya suman tres los dirigentes indígenas asesinados por razones similares y hay al menos otros 20 que viven amenazados, según Diques.

Para reconstruir los motivos que llevaron al Perú a rechazar el acuerdo pese a su compleja realidad, Servindi conversó con líderes indígenas, representantes de la sociedad civil y especialistas, quienes coincidieron en afirmar que la ratificación de este tratado es la gran deuda ambiental que el Perú tiene a puertas de conmemorar el Bicentenario de su Independencia, el 28 de julio de 2021.

El Acuerdo de Escazú, que sí fue ratificado por otros doce países de América Latina y el Caribe, entrará en vigor el próximo 22 de abril, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Y Perú, por ahora, ha quedado fuera de esta celebración.

El origen del acuerdo

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, fue adoptado en esta ciudad de Costa Rica el 4 de marzo de 2018.

La creación del primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales fue el resultado de años de negociaciones entre varios países, que empezaron formalmente en 2014 y culminaron en 2018 con la aprobación final del texto.

Lo que restaba para que el acuerdo entre en vigor era que los países de la región primero, firmen el acuerdo, y luego, al menos 11, lo ratifiquen. Para el Perú, uno de los países que había participado activamente a lo largo de las negociaciones, parecía que nada de esto le sería un problema.

Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente en 2018, firmó el Acuerdo de Escazú en representación del Estado peruano. Foto: Gobierno del Perú

El 27 de setiembre de 2018 el Perú firmó el acuerdo; y casi un año después, el 5 de agosto de 2019, el Ejecutivo envió al Congreso de la República el Proyecto de Resolución Legislativa N° 04645/2019-PE que aprueba el Acuerdo de Escazú, a fin de que esta institución lo ratifique.

Este proyecto no era un documento cualquiera. Se trata de un informe de 342 hojas que incluye las opiniones a favor del acuerdo de 11 ministerios, como el de Justicia y Derechos Humanos y el de Ambiente, así como del Poder Judicial y de organismos autónomos como la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Una vez ingresado el proyecto, el Congreso lo remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores para que evalúen su aprobación, hecho que no ocurrió hasta el 6 de julio de 2020, cuando esta Comisión puso en agenda el proyecto enviado por el Ejecutivo, dando inicio a un debate que se desarrolló dentro, pero sobre todo fuera del Congreso.

El debate sobre la ratificación

La Comisión de Relaciones Exteriores, a cargo de evaluar el proyecto del Ejecutivo que aprobó el Acuerdo de Escazú, estuvo integrada por congresistas de nueve bancadas y presidida por Gilmer Trujillo Zegarra, del partido de derecha Fuerza Popular. A lo largo de varias semanas, la Comisión recibió documentos a favor y en contra del acuerdo y realizó sesiones virtuales con diversos invitados con el fin de conocer sus alcances y decidir si merecía pasar al Pleno del Congreso para un último debate o simplemente ser archivado.

Pero, mientras la Comisión cumplía con estas actividades, desde un sector de la sociedad ya se había emprendido una campaña para evitar que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú. La “campaña de desinformación”, como sería denominada esta iniciativa por otras organizaciones de la sociedad civil, incluía la difusión de mentiras y medias verdades sobre el acuerdo, y era promovida por un sector importante del empresariado peruano, con el apoyo de abogados, exmilitares, excancilleres y grupos ultraconservadores.

Uno de los principales argumentos que surgió en medio de esta “campaña” fue la llamada pérdida de soberanía. Los opositores del Acuerdo de Escazú sostenían que, al ratificar este tratado ambiental, el Perú quedaría expuesto a los marcos normativos internacionales, poniendo en riesgo la soberanía del Estado peruano que se vería obligado a entregar el 53 % de su territorio, correspondiente a la Amazonía.

El abogado, docente y consultor en regulación ambiental, Mariano Castro Sánchez-Moreno, sostiene que este argumento es falso. “Basta leer el acuerdo para darse cuenta que no hay afectación alguna [a la soberanía]”, dice el especialista que el año pasado, desde sus funciones como docente de la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), refutó los argumentos falsos contra el Acuerdo de Escazú.

Siguiendo esa línea, Mariano Castro, hoy Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, aclara que el acuerdo establece en dos de sus principios el respeto a la soberanía. “Uno es el principio de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, y el otro, el principio de igualdad soberana de los Estados”, apunta.

Para José Saldaña, por su parte, el hecho de que otros doce países de la región hayan ratificado el acuerdo, también demuestra la falsedad de este argumento. “Ninguno de ellos ha querido ceder ni el 10, 20 o 50 % de su territorio. En el acuerdo no hay referencias concretas al territorio ni a la Amazonía, de manera que el Perú no iba a cederlos”, indica el abogado y profesor de Derecho.

Expertos nacionales e internacionales aclaran argumentos falsos contra el Acuerdo de Escazú. De izquierda a derecha: Mariano Castro, José Saldaña y Nicolás Boeglin.

Castro y Saldaña también concuerdan al afirmar que disposiciones similares a las contenidas en el Acuerdo de Escazú, se pueden observar en otros acuerdos internacionales suscritos por el Perú. “Hay decenas de este tipo de tratados que el Estado ya ha firmado y siempre el sector más conservador y reacio ha afirmado que cederemos soberanía. Ese es un argumento falso”, afirma Saldaña.

El experto en Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin, considera que esta afirmación es “una absoluta falacia”, pero, además, resalta que seguir de cerca el debate sobre el acuerdo en países de América Latina y el Caribe, le permitió observar que las mentiras en torno al Acuerdo de Escazú no se dieron únicamente en Perú.

“Llama mucho la atención la capacidad creativa de los opositores al acuerdo para, según el país involucrado en la discusión, inventar nuevos temas”, dice. “En Paraguay, la Iglesia Católica asoció el tema de Escazú con el aborto; en Perú, fue la pérdida de soberanía en la Amazonía; y en Chile, fue el efecto que surte por un tratado que es firmado, pero no ratificado. Vean la creatividad de quienes están organizando una resistencia muy fuerte contra Escazú, sin hablar de lo que ocurrió en Colombia, donde se dijo que el acuerdo ahuyentaría la inversión extranjera, argumentos que son totalmente falaces”, señala Boeglin.

En efecto, el segundo argumento en contra del acuerdo en Perú fue que su ratificación generaría inestabilidad jurídica, lo cual iba a terminar ahuyentado las inversiones. Sin embargo, Mariano Castro es claro al afirmar que este argumento contrasta con lo que pretende lograr realmente el Acuerdo de Escazú.

“Es al contrario porque el acuerdo, lo que busca más bien, es contribuir a una paz y a un mecanismo institucional de información, participación y justicia ambiental”, lo que, a su vez, “contribuye a la competitividad y a las inversiones responsables que requieren de un contexto y condiciones de transparencia”, apunta Castro.

En tanto, José Saldaña considera que este segundo argumento es equivocado y lo atribuye a un sector del empresariado peruano que se resiste a adaptar su forma de invertir a un modelo que sea respetuoso de los derechos ambientales. “Efectivamente, esto cambia las reglas de juego, pero en el sentido de que pone el derecho al medio ambiente en el centro de la inversión”, agrega.

Como un tercer argumento, se dijo que el Perú no necesitaba el Acuerdo de Escazú porque las disposiciones que este tratado incluía ya existían en la normativa nacional, lo que para Saldaña es un argumento en parte cierto. “Si bien hay una normativa que ya existe, el acuerdo, por un lado, refuerza y complementa lo ya existente, y ofrece disposiciones novedosas como la de los defensores ambientales”, señala.

César Ipenza, abogado en materia ambiental, detalla este aspecto. “Muchos de los mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información están establecidos en una legislación de nivel bajo —reglamentos, decretos, resoluciones y, en algunos casos, leyes—, pero con este acuerdo, pasarían a un ámbito supranacional, lo que obligaría al Estado a no cambiarlos de manera arbitraria, como sí puede ocurrir con los decretos o resoluciones, dependiendo de quién nos gobierne”, indica.

César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental: "El Acuerdo de Escazú fortalece la normativa nacional vigente sobre asuntos ambientales".

Todos estos argumentos, que inicialmente habían sido difundidos en pronunciamientos de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y replicados en los medios Expreso y El Montonero, escalaron hasta la propia Comisión de Relaciones Exteriores a través de diversos invitados, limitando así el debate sobre el Acuerdo de Escazú.

Pese a los esfuerzos desde la sociedad civil y las organizaciones indígenas por intentar desmentir y aclarar cada uno de los argumentos expuestos en contra del acuerdo, finalmente el 20 de octubre de 2020 la Comisión decidió aprobar por mayoría un dictamen que recomendaba la no aprobación del proyecto a favor del Acuerdo de Escazú enviado por el Ejecutivo.

Así, con los votos de parlamentarios de Fuerza Popular, Acción Popular, Unión Por el Perú, Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Alianza Para el Progreso y Podemos Perú, la Comisión mandó al archivo el proyecto del Ejecutivo y le puso fin, momentáneamente, al debate legislativo sobre el Acuerdo de Escazú, cuya ratificación e implementación hoy parece más necesaria que nunca.

¿Por qué a Perú le urge ratificar el Acuerdo de Escazú?

Para los representantes de la sociedad civil, líderes de organizaciones indígenas y especialistas consultados por Servindi, Perú necesita ratificar el Acuerdo de Escazú por dos razones concretas: por los derechos fundamentales en materia ambiental que se verán fortalecidos y por las disposiciones específicas que, por primera vez, un tratado ambiental contempla para garantizar la protección de los defensores ambientales.

A pesar de que los opositores al Acuerdo de Escazú sostuvieron que el Perú no necesita de este tratado, porque ya cuenta con una regulación avanzada en materia ambiental, lo cierto es que la realidad está muy alejada de lo que afirman.

El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales revela que el Perú registró 197 conflictos sociales en febrero de 2021. Además, confirma que la gran mayoría de estos conflictos —el 65 % en este caso— continúan siendo de tipo socioambiental, es decir, que están vinculados al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos.

Lissette Vásquez Noblecilla, jefa del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, le explicó a Servindi que gran parte de los conflictos socioambientales se generan por temor o preocupación de la población ante determinados proyectos. “Esta preocupación se da porque no los involucran en la toma de decisiones o porque simplemente no tienen información sobre el proyecto”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que el Acuerdo de Escazú, cuya esencia es garantizar plenamente los derechos al acceso a la información, a la participación ciudadana y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, es importante para prevenir que más conflictos socioambientales sigan ocurriendo.

La realidad nos ha demostrado que el marco actual es insuficiente para garantizar estos derechos. Sin duda, desde la Defensoría del Pueblo, consideramos que este acuerdo puede contribuir en la reducción de los conflictos socioambientales que existen en el país”, añadió Vásquez.

Por otro lado, si bien el Perú ha tenido avances en cuanto a la implementación de herramientas para garantizar la protección de los defensores ambientales, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), sostiene que los asesinatos contra los defensores ambientales ocurridos en el último año demuestran que estos avances son insuficientes.

Desde que empezó la pandemia en Perú, en marzo de 2020, hasta la actualidad, nueve defensores ambientales, siete de ellos indígenas, han sido asesinados por defender sus territorios en la Amazonía de actividades ilícitas como la minería y tala ilegal, y el narcotráfico. Seis de estos crímenes ocurrieron entre abril y setiembre de 2020, un mes antes de que el Congreso decidiera no continuar con el proceso para ratificar el Acuerdo de Escazú, hecho que la Cnddhh lamenta.

En abril del año pasado fue asesinado el líder cacataibo Arbildo Meléndez Grandes, quien venía solicitando desde hace años la titulación de tierras de su comunidad Unipacuyacu, ubicada en Huánuco. Ese mismo mes, presuntos invasores relacionados al narcotráfico acabaron con la vida del asháninka Benjamín Ríos Urishimi, en Ucayali.

En mayo de ese año, la víctima fue el asháninka Gonzalo Pío Flores, líder de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, en Junín, que exigía la restitución y titulación de sus territorios; y en julio, la escalada de violencia alcanzó al cacataibo Santiago Vega Chota, en Ucayali, y a Lorenzo Wampagkit Yamil, guardaparques que llevaba ocho años laborando en la reserva comunal Chayu Nain, en Amazonas.

Ya en setiembre, fue asesinado en Madre de Dios el defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco, quien venía denunciado desde el 2012 la presencia en su concesión forestal de invasores relacionados a la minería ilegal.

Desde el apu Arbildo Meléndez (izq.) hasta la lideresa Estela Casanto (der.): nueve defensores ambientales asesinados en el último año.

La violencia contra los defensores ambientales no se detuvo con el nuevo año y, en febrero de 2021, fueron asesinados los líderes cacataibo Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano, en Ucayali. Ambos pertenecían a comunidades que son acechadas por invasores vinculados al cultivo de coca y el tráfico de tierras.

El último asesinato se registró este mes. La lideresa asháninka Estela Casanto Mauricio, fundadora de la comunidad Shankivironi, en el valle del Perené, en Junín, fue hallada sin vida el 12 de marzo. Ella y sus hijos habían sido amenazados por colonos que se han instalado dentro del territorio indígena y toman decisiones a nombre de la comunidad.

“La situación es gravísima. El Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger a los defensores de derechos humanos. Hay una negligencia total que incluso ya nos hace pensar en una posible mala fe”, señala Mar Pérez, que observa con preocupación la irresponsabilidad del Estado, tanto en la protección efectiva de los defensores, como en la atención a los problemas estructurales que dan pie a las amenazas contra ellos.

Esta sensación es la misma que siente el apu Berlin Diques. “Los recientes asesinatos demuestran que estamos absolutamente desprotegidos”, dice el presidente de ORAU, que también ha recibido amenazas de muerte. Incluyéndolo a él, afirma, actualmente hay al menos 20 dirigentes indígenas, entre hombres y mujeres, que han sido amenazados por denunciar a actores ilegales en sus territorios o por liderar el proceso de reconocimiento y titulación de sus comunidades en Ucayali, Huánuco y Loreto.

Berlin Diques y Herlin Odicio: "Los pueblos indígenas exigimos la ratificación del Acuerdo de Escazú". Foto: EFE

Uno de ellos es el apu Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), que actualmente tiene que viajar de un lado a otro constantemente escapando de las amenazas. “Me siento acorralado por las mafias que me persiguen. Y todo por reclamar nuestros derechos”, dice el apu desde algún lugar del Perú.

A raíz de este escenario, Diques y Odicio lamentaron que el Congreso no haya ratificado el Acuerdo de Escazú el año pasado, pese a que este establece en su artículo 9 el deber de los Estados de garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

El Estado peruano debe ratificar el Acuerdo de Escazú porque defiende a los pueblos indígenas que habitamos la Amazonía y que luchamos día a día por la defensa de nuestros territorios y recursos naturales”, dice Diques. Pero, ¿qué se necesita para que el país retome el debate sobre el acuerdo y posteriormente lo ratifique?

La deuda ambiental hacia el Bicentenario

El Acuerdo de Escazú entrará en vigor el próximo 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, en los 12 países de América Latina y el Caribe que sí lo ratificaron: Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Antigua y Barbuda, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, y Santa Lucía.

La entrada en vigor del acuerdo y los recientes asesinatos contra defensores ambientales en Perú han empezado a reactivar el debate sobre su ratificación en un país que el próximo 11 de abril tendrá que elegir a un nuevo presidente y a sus nuevos representantes en el Congreso de la República. Y esto es clave por dos motivos.

Según César Ipenza, abogado en materia ambiental, existen dos caminos para que el debate sobre la ratificación del acuerdo se retome de manera formal: que el próximo presidente impulse desde el Ejecutivo la preparación de un nuevo proyecto a favor del acuerdo y lo remita para su debate al Congreso; o que sea esta institución la que saque del archivo la propuesta sobre el acuerdo que el año pasado fue archivada por una Comisión y lo vuelva a debatir.

 

En el primer caso, el panorama no es muy alentador. Aída Gamboa Balbín, coordinadora del Programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que la ratificación del Acuerdo de Escazú no parece ser una prioridad para la mayoría de candidatos que buscan ser el próximo presidente del Perú.

Solo 2 de los 18 partidos políticos [que postulan un candidato a la presidencia] mencionan el Acuerdo de Escazú en sus planes de gobierno”, dice Gamboa. Estos partidos son Victoria Nacional, de George Forsyth, y Juntos Por el Perú, de Verónika Mendoza.

No obstante, considerado que la decisión final, en los dos casos, tendrá que ser adoptada por el Congreso, es aquí donde se centra la atención. Para Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), es importante que la ciudadanía ejerza un voto responsable en las próximas elecciones porque del nuevo Congreso dependerá que la ratificación del acuerdo sea un tema prioritario en la agenda parlamentaria.

“Creo que el ejercer un voto responsable, informado y consciente es un compromiso que nos alcanza a todos y todas. Después de lo que hemos vivido, creo que no podemos darnos el lujo de entregar nuestro voto a cualquiera”, sostiene Mora, que recuerda que el año pasado no se pudo llegar a un debate alturado con el Congreso, “que por primera vez dejara de lado lo estrictamente político para pensar con un enfoque de derechos humanos”.

Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso: "El Acuerdo de Escazú de ninguna manera es lesivo para el país y, por el contrario, protege vidas de ciudadanos".

Mirtha Vásquez, actual presidenta del Congreso de la República, también considera que el rol del próximo Parlamento será clave. “El año pasado perdimos la oportunidad de proteger vidas [de los defensores]. Lo que se tendría que hacer en el próximo Congreso es desarchivar este tema, volverlo a debatir y pasarlo al Pleno. El próximo Congreso será el responsable de lograr esa ratificación”, señala.

 

Pero, además de las elecciones, el Perú está próximo a vivir otra fecha clave en su historia. El 28 de julio cumplirá 200 años desde que alcanzó su Independencia, una conmemoración que a la presidenta del Congreso no hace más que recordarle las deudas históricas que el Estado aún tiene con sus ciudadanos, y en particular, con los pueblos indígenas que hasta hoy tienen que defender sus territorios.

Es por eso que Mirtha Vásquez cree que el Bicentenario de la Independencia, “tendría que ser el escenario para promover nuevamente el debate y la ratificación” del Acuerdo de Escazú, un tratado que “de ninguna manera es lesivo para el país y que, por el contrario, protege vidas de ciudadanos”.

El abogado César Ipenza también opina en esa línea. “Creo que [la ratificación del acuerdo] es una deuda con la ciudadanía porque uno no puede ejercer la libertad sin información, sin participación o si el Estado no ejerce su rol protector. No reconocerlo, es seguir dándole la espalda a nuestra Amazonía. [En ese sentido] el Acuerdo de Escazú es una oportunidad para mejorar y empezar a entendernos 200 años después de nuestra Independencia”, dice Ipenza.

Participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños, será el primer paso para que el Estado peruano empiece a saldar esta deuda ambiental con su ciudadanía.

** La Alianza Ríos Voladores está conformada por seis organizaciones socias de DW Akademie en Colombia, Perú y Ecuador, a saber: Servindi, Vokaribe radio, Hacemos memoria, Consejo regional indígena del Cauca CRIC, Consejo de Redacción CdR y Corape.

¿Tienes dudas sobre lo que busca el Acuerdo de Escazú? Repasa con nosotros tres mitos y verdades sobre el acuerdo:

 

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