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Amparo contra concesiones forestales que afectan reservas para aislados

Foto aérea inédita de una trocha forestal ilegal en la Reserva Indígena solicitada Yavarí Mirim y el ACR Comunal Tamshiyacu - Tahuayo, la cual fue fotografiada por ORPIO durante un sobrevuelo de monitoreo de la SRI Yavarí Mirim en 2016.

ORPIO pide al juez ordenar al GOREL y a GERFOR no otorgar ni reactivar concesiones forestales que se sobrepongan a las reservas indígenas solicitadas a favor de pueblos en aislamiento y no se aplique el artículo 1 del DS 080-2020-PCM que reanuda las actividades forestales en las reservas.

Servindi, 20 de julio, 2020.- La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) presentó una demanda constitucional de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Loreto para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).

La demanda presentada el viernes 17 de julio se dirige contra la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR) y el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) al promover un plan de reactivación forestal que afectaría a los PIACI.

Ambas instituciones anuncian reactivar concesiones forestales que se sobreponen territorialmente a tres reservas indígenas en proceso de creación: a) Yavarí Tapiche, b) Yavarí Mirim, c) Napo Tigre y d) Sierra del Divisor Occidental.

La demanda cuenta con el acompañamiento legal y técnico del Instituto de Defensa Legal (IDL), Forest Peoples Programme (FPP) y Environmental Investigation Agency (EIA) y el apoyo de Rainforest Foundation Norway (RFN).
 

Amenazas directas y vulnerabilidad

El plan de reactivación se enmarca en el D.S. Nº 080-2020-PCM que busca reanudar la actividad extractiva sin considerar la situación altamente vulnerable de los PIACI, cuyo sistema inmunológico es frágil ante enfermedades externas.

La ocupación del área de las reservas indígenas solicitadas a favor de pueblos en aislamiento, las mismas que además cuentan con informes o decretos supremos a través de las cuales el Estado reconoce la existencia de estos pueblos, conlleva el riesgo de contagio por la COVID-19 y una amenaza para sus vidas y su continuidad como colectividades.

La extracción forestal altera las condiciones de vida de los PIACI de las siguientes formas:

  • Las actividades de tala requieren brigadas de más de 10 personas que al invadir el territorio de los PIACI provoca una mayor probabilidad de riesgos de contactos no deseados y el contagio de enfermedades letales.
  • La presencia de grupos extraños al interior de las reservas provoca en los PIACI huidas intempestivas, abandono de viviendas, alteración de sus rutas de desplazamiento y aprovechamiento de los productos del bosque, conflictos y enfrentamientos.
  • El ruido de motosierras y tractores, la presencia de personas extrañas, las actividades de caza y el uso de escopetas que acompañan la tala, ahuyenta a los animales del monte de los que se alimentan los pueblos en aislamiento.
  • Se genera una competencia entre los madereros y los pueblos en aislamiento por alimentos procedentes del bosque.
  • La ocupación, deforestación, degradación y contaminación del bosque y los ríos, como resultado de las actividades extractivas, significa la destrucción de las fuentes de subsistencia de los pueblos en aislamiento.

Amenaza cierta e inminente

La amenaza de que se reactiven concesiones forestales inactivas, o que se superponga nuevas concesiones forestales al territorio de los PIACI es cierta e inminente, y tiene antecedentes.

Por ejemplo, durante los años 2016 y 2017 –después de entrar en vigor la Ley N° 29763 y sus reglamentos– la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Loreto otorgaron de manera ilegal 43 concesiones forestales en las reservas indígenas solicitadas y en trámite de creación Yavarí Tapiche y Yavarí Mirim, en el departamento de Loreto.

Tampoco hicieron caso a las solicitudes del Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo enviadas al Gorel en los últimos cuatro años (2017-2020).

En ellas se pedía anular las concesiones forestales ilegales que han venido operando de manera ilegal dentro del territorio de los PIACI y que ahora pretenden ser reactivadas vulnerando la normativa forestal y de derechos humanos y poniendo en serio peligro las vidas de los pueblos en aislamiento.

Pedido al Juez

ORPIO pide al juez ordenar al GOREL y a GERFOR no otorgar ni reactivar concesiones forestales que se sobrepongan a las reservas indígenas solicitadas a favor de pueblos en aislamiento y no se aplique el artículo 1 del DS 080-2020-PCM que reanuda las actividades forestales en las reservas.

Asimismo, que no se vuelvan a otorgar, reactivar, crear o establecer concesiones forestales o unidades de aprovechamiento forestal en áreas en trámite para el establecimiento de reservas indígenas a favor de los pueblos en aislamiento.

Foto de una maloca con yucal y aguajal registrada en un sobrevuelo de monitoreo realizado por ORPIO sobre la Reserva Indígena solicitada Napo - Tigre a fines de 2019.

Foto aérea de malocas de PIA en la Reserva Indígena Isconahua, a pocos km. de la Reserva Indígena solicitada Yavarí Tapiche. Son malocas del pueblo Isconahua en aislamiento, el mismo pueblo que fue reconocido de manera formal por el Estado peruano como uno de los PIA que vive en la Reserva Indígena solicitada Yavarí Tapiche (los PIA no conocen las fronteras de las reservas y viven en un territorio mucho más amplio que incluye áreas de diferentes reserves e inclusive áreas fuera de estas). Crédito: ORPIO y IBC/Melissa Medina, 2015

Foto aérea inédita de trozas de madera ilegal dentro del Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Indígena solicitada Yavarí Tapiche. Fueron tomadas por ORPIO durante sobrevuelo de la SRI Yavarí Tapiche en 2015. Crédito: ORPIO, 2015.

Foto aérea inédita de trozas de madera ilegal dentro del Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Indígena solicitada Yavarí Tapiche, las cuales fueron fotografiadas por IBC durante un sobrevuelo de monitoreo organizado por ORPIO sobre la SRI Yavarí Tapiche en 2015. Crédito: ORPIO/IBC, 2015.

Cargo de la presentación de la demanda constitucional de amparo

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