Foto: Contagio Radio
Servindi, 16 de diciembre, 2017.- Veinticinco líderes y lideresas sociales del Bajo Atrato Chocoano y el Urabá Antioqueño aseguran que detrás de los asesinatos hay intereses de empresarios que a finales de los 90, los despojaron y desplazaron de sus tierras.
Los veinticinco líderes sociales amenazados de muerte y de familiares de líderes asesinados se reunieron en Bogotá para exigir garantías y poder retornar a sus territorios.
La acusación coincide con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que señala que las amenazas de muerte responden a "una estrategia determinada por empresarios vinculados a la criminalidad en la región".
Tal responsabilidad criminal ha sido señalada y denunciada en diferentes instancias judiciales, indica dicha comisión, según un reporte informativo de Contagio Radio.
Cabe recordar que en menos de 10 días, fueron asesinados dos líderes de la región: Mario Castaño y Hernán Bedoya.
Los lideres del Bajo Atrato Chocoano y el Urabá Antioqueño indicaron que son los empresarios palmeros, ganaderos, plataneros y mineros los que se apropiaron del territorio.
Ellos tienen una complicidad con la fuerza pública, las instituciones gubernamentales y corporaciones empresariales como la Asociación Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A, con la que se enfrentó toda su vida Mario Castaño.
Los líderes asesinados habían denunciado las actuaciones de mala fe de empresarios y representantes de empresas como Baldoyno Mosquera Palacios, Javier Restrepo y Juan Guillermo González, de quienes los integrantes de las comunidades han recibido amenazas directas de muerte.
Afirman que el gobierno nacional tergiversa la realidad al sostener que los asesinatos responden a ajustes de cuentas entre empresarios y las comunidades.
"Pero ¿qué cuentas tenemos nosotros con los empresarios? Ninguna” dijeron ante los medios de comunicación de la capital colombiana.
Paramilitares y fuerza pública protegen a empresarios
Ante el anuncio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) sobre el cese al fuego unilateral, los líderes del Bajo Atrato y Urabá, indicaron que “es una medida que llena de esperanza”.
Sin embargo, advirtieron que los autores intelectuales de los asesinatos son estructuras armadas contratadas directamente por empresarios “que están pagando para que nos maten”.
Además, precisaron que pese a las directrices dadas desde los altos mandos de las AGC, los integrantes de bajo mando de esa estructura operan como sicarios en el territorio. “Por 300.000 o 500.000 pesos matan a cualquiera”, expresaron.
También expresaron su sorpresa por que los asesinatos continúen aún con la presencia de la fuerza pública. En este sentido aseveraron que el Batallón de Selva 54, ubicado en Llano Rico, acompaña a los empresarios cuando llegan a la comunidad.
“El Ejército lo cuida [al empresario] cuando se dirige a las tierras que le ha quitado a la comunidad. Los militares lo acompañan a hacer todos los procedimientos ilegales” dijeron.
Partidos políticos deben abstenerse de recibir dinero de empresas involucradas en asesinatos
Ante el inicio de la carrera electoral, los líderes y lideresas fueron enfáticos en manifestar que los políticos “tienen que dejarnos a los campesinos en nuestras tierras tranquilos”.
La sociedad “no puede seguir eligiendo a los mismos de siempre” y los partidos deberían abstenerse de recibir recursos para sus campañas de parte de las empresas comprometidas en el asesinato de líderes.
Finalmente, los líderes exigieron una reunión con Guillermo Rivera, Ministro del Interior y con el vicepresidente Óscar Naranjo, para que se de una respuesta clara sobre la situación de las tierras y la protección de las comunidades.
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